Por Agroempresario.com
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicó que ya no aplicará la Ley de Transparencia Corporativa ni exigirá el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI), lo que significa que las empresas no tendrán la obligación de revelar la identidad de sus beneficiarios finales.
Paralelamente, el organismo también anunció que no impondrá sanciones ni multas por el incumplimiento de esta normativa y que limitará su aplicación exclusivamente a empresas extranjeras. La Ley de Transparencia Corporativa había sido diseñada para evitar el uso de empresas ficticias en actividades ilegales, reforzando la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El BOI, por su parte, obligaba a las empresas estadounidenses a informar sobre sus propietarios reales al Departamento del Tesoro, con el objetivo de prevenir la utilización de estructuras corporativas opacas para ocultar fondos de origen ilícito.
Impacto en los inversores argentinos
La suspensión de estas regulaciones tiene implicancias para los inversores argentinos que operan en Estados Unidos. En primer lugar, afecta a quienes poseen sociedades extranjeras registradas para hacer negocios en ese país. En segundo lugar, influye en la información disponible para ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina) en el marco de los acuerdos de intercambio fiscal.
El intercambio de información con la administración impositiva estadounidense se rige por la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), la cual no incluye datos sobre beneficiarios finales de cuentas financieras. Esto representa una diferencia clave entre FATCA y el estándar común de la OCDE, que sí contempla la información sobre los beneficiarios finales.
Obligación de informar beneficiarios finales
Antes de la suspensión, la normativa exigía a las sociedades incorporadas en Estados Unidos (como las LLC utilizadas por muchos freelancers) y a empresas extranjeras registradas para operar en ese país, reportar a sus beneficiarios finales al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Según FinCEN, una persona física es considerada beneficiario final si cumple con al menos una de las siguientes condiciones:
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Poseer el 25% o más del capital de la empresa.
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Ejercer control sobre la empresa, ya sea mediante decisiones operativas, cargos directivos o autoridad sobre contrataciones y despidos.
La eliminación de esta obligación dificulta la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, la evasión y la financiación del terrorismo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó: "Esta es una victoria del sentido común. La medida forma parte de la audaz agenda del presidente Trump para impulsar la prosperidad estadounidense, eliminando regulaciones onerosas, especialmente para las pequeñas empresas, que son la columna vertebral de nuestra economía".
FATCA: intercambio de información bancaria
El acuerdo de información bancaria entre Estados Unidos y Argentina (FATCA) sigue vigente y permite el intercambio de datos sobre cuentas de argentinos en bancos estadounidenses. A partir del 31 de diciembre pasado, Estados Unidos comenzará a enviar información a ARCA sobre cuentas de residentes argentinos.
Este intercambio de información recíproco solo aplica para cuentas cuyos titulares sean personas físicas. Los datos que recibirá ARCA incluyen:
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Nombre, dirección y CUIT argentino del titular.
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Número de cuenta.
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Nombre y número de identificación de la entidad financiera estadounidense.
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Monto de intereses, dividendos y otros ingresos con origen en EE.UU.
Argentina firmó con EE.UU. un acuerdo FATCA del tipo IGA 1 recíproco, que excluye información sobre cuentas de sociedades. Esto implica que, aunque ARCA reciba datos sobre individuos, no accederá a información sobre beneficiarios finales de empresas radicadas en Argentina o en el extranjero.
La suspensión de la Ley de Transparencia Corporativa y del Reporte BOI implica un retroceso en la fiscalización de las estructuras empresariales opacas, lo que podría generar nuevas estrategias de optimización fiscal y ocultamiento de activos. Para los inversores argentinos, esta medida podría representar un alivio en términos de confidencialidad financiera, pero también abre interrogantes sobre los efectos en la lucha contra la evasión y el lavado de dinero.
