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Por Agroempresario.com
El campo vuelve a ocupar el centro del debate legislativo. Tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien advirtió que en julio volverán a subir las retenciones a las exportaciones agropecuarias, un grupo de diputados de la oposición activó una ofensiva para frenar esa posibilidad. La movida comenzó en la Comisión de Agricultura de la Cámara baja y ya cuenta con respaldo político clave: busca blindar por ley al sector agropecuario y agroindustrial frente a cualquier intento del Ejecutivo de restituir esos tributos sin aprobación del Congreso.
La discusión se aceleró luego de que el propio Milei instará al campo a liquidar sus cosechas antes del 30 de junio, cuando vence la baja transitoria de las retenciones dispuesta en enero. Aunque la advertencia no sorprendió —ya estaba contemplada en los plazos del decreto—, encendió las alarmas en los bloques dialoguistas, especialmente en aquellos que representan a provincias de fuerte perfil agroexportador.
“Queremos dictaminar en los próximos días un proyecto que sea claro y prudente. No podemos perder más tiempo”, anticipó el diputado radical Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura. En ese marco, los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres —con el respaldo del gobernador Martín Llaryora— presentaron una propuesta concreta: impedir que el Ejecutivo pueda subir las retenciones en 2025 sin pasar por el Congreso.
La iniciativa cobra fuerza en un contexto de alta sensibilidad para el sector, que reclama previsibilidad y reglas de juego claras. “Nuestro proyecto busca proteger la estabilidad fiscal del campo frente a la amenaza de una eventual suba de derechos de exportación en el marco del nuevo acuerdo con el FMI y la flexibilización cambiaria”, explicaron los legisladores cordobeses.
Si bien reconocen que la baja de retenciones dispuesta por el gobierno fue un paso positivo, insisten en que no alcanza. “La advertencia sobre una suba en julio introduce incertidumbre y paraliza decisiones de inversión. Esto no es lo que el país necesita si pretende generar divisas genuinas”, afirmaron.
El argumento se sustenta en los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que el Gobierno impulsa para sectores como minería e hidrocarburos, y que contempla estabilidad fiscal por 30 años. “¿Y al campo qué le dan? Una baja temporal por seis meses. No es justo”, enfatizó Benedetti.
El esquema de reducción de retenciones que rige desde el 27 de enero pasado fue implementado por decreto. Las alícuotas bajaron del 33% al 26% para la soja; del 31% al 24,5% en sus derivados; y del 12% al 9,5% para trigo, maíz, sorgo, cebada y otros cultivos. En el caso del girasol, la baja fue del 7% al 5,5%. La medida fue celebrada por las entidades del agro, aunque con cautela por su carácter provisorio.
En este contexto, Milei busca acelerar la liquidación de divisas por parte del sector para engrosar las reservas del Banco Central, tal como se acordó con el FMI. Pero la amenaza de que las retenciones subirán otra vez en julio genera malestar y refuerza las tensiones con una base productiva clave para la economía.
Aún sin dictamen, el proyecto de Gutiérrez y Torres podría ganar volumen político rápidamente. El respaldo del gobernador Llaryora y sus vínculos con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, podrían ser decisivos. Estas tres provincias conforman el corazón agroindustrial del país y tienen al campo como motor económico y base electoral.
Si la iniciativa avanza, será difícil que los diputados de esas provincias —incluso los aliados del Gobierno— se opongan. En la última reunión de la Comisión de Agricultura, que contó con la presencia de la Mesa de Enlace, varios legisladores se pronunciaron a favor de una baja progresiva de las retenciones hasta su eliminación total.
La iniciativa también pone en aprietos a los bloques de Pro y la UCR, que han acompañado al oficialismo en varias votaciones clave. Buena parte de sus legisladores representan a distritos con fuerte peso rural, lo que complica cualquier intento de oponerse a un proyecto que busca defender al agro.
La discusión recién comienza, pero ya promete dejar huella. Lo que está en juego no es solo un esquema impositivo: es el modelo de desarrollo que el país quiere para su economía productiva.
