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Por Agroempresario.com
La yerba mate, uno de los cultivos más emblemáticos de la Argentina, volvió al centro de una fuerte disputa política y productiva luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, firmará la resolución 452/25 que elimina el límite de cinco hectáreas para nuevas plantaciones de yerbales. Esta medida, que desactiva una normativa impulsada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en 2021, reavivó la histórica confrontación entre las provincias de Misiones y Corrientes, las únicas dos productoras de yerba mate en el país.
La resolución 170/21, que ahora quedó sin efecto, había sido impulsada por el INYM con el objetivo de evitar una sobreoferta de hoja verde que perjudica a los más de 12.000 pequeños productores de la región. Desde su origen fue motivo de controversia: mientras Misiones, junto a cooperativas y chacareros, defendía la restricción como una herramienta de protección del eslabón primario, Corrientes y el sector industrial la rechazan por considerarla un obstáculo para el crecimiento y la inversión.
“El impacto sobre miles de pequeños y medianos productores será durísimo en beneficio exclusivo de un puñado de grandes industrias. El pez grande se come siempre al más chico”, expresó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. En declaraciones públicas, insistió en que la medida representa un retroceso para el sector primario y pone en riesgo la sustentabilidad de cientos de chacras familiares.
Del otro lado del río Uruguay, la visión es diametralmente opuesta. El ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, celebró la decisión de Caputo: “Desde el primer día nos opusimos a la resolución por inconsulta, sin fundamentos y perjudicial para el desarrollo de la cadena de valor yerbatera correntina. Las restricciones no son el camino”.
La postura del gobierno nacional también es clara: apuesta a una economía desregulada donde prime la competencia y se reduzcan las trabas. En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía calificó la eliminación del límite como un paso más hacia la “desburocratización”, al tiempo que sostuvo que la medida “impulsa la inversión privada, la innovación, la generación de empleo y refuerza la seguridad jurídica”.
La resolución se alinea con el rumbo iniciado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que ya había eliminado la potestad del INYM de fijar el precio de la hoja verde y la yerba canchada dos veces al año. Esta medida desató un fuerte conflicto en Misiones, donde el INYM tiene su sede, y generó una sensación de orfandad entre los pequeños productores.
El trasfondo de esta disputa es profundo y tiene una dimensión estructural. La normativa de 2021 surgió en un contexto de precios elevados de la hoja verde, que generaron una ola de interés por expandir los yerbales, incluso en zonas no tradicionales. Empresas grandes y fondos de inversión comenzaron a comprar tierras en Misiones y Corrientes, y los plantines de yerba mate se multiplicaron a la vera de las rutas.
Ante esa expansión, el entonces presidente del INYM, Juan José Szychowski, decidió avanzar con la limitación. Era una medida sin antecedentes, difícil de aplicar, pero respaldada por una buena parte de los productores. Sin embargo, rápidamente fue judicializada por la industria, y una de las primeras impugnaciones llegó desde una firma misionera, La Cachuera, en la Justicia Federal de Corrientes. Desde entonces, la tensión no dejó de escalar.
A pesar de que en los últimos años la norma había perdido vigor y prácticamente no se controlaba su cumplimiento, su existencia seguía siendo un símbolo de la disputa entre modelos: el de la agricultura familiar y cooperativa frente al de la producción concentrada y con escalas mayores.
Entre 2019 y 2024, las hectáreas plantadas con yerba mate pasaron de 170.000 a 225.000, según datos del propio INYM. El crecimiento del área sembrada —de un 30%— fue uno de los argumentos centrales de los industriales para justificar la necesidad de eliminar la regulación. Según señalaron fuentes del sector, la caída en los precios de la hoja verde se debe más a esta expansión que a las reglas del mercado.
Sin embargo, para referentes del cooperativismo y la producción de base, lo que está en marcha es un proyecto de concentración. “Esto es un proyecto de concentración de tierras”, afirmó Hugo Sand, histórico dirigente yerbatero de Misiones. En sintonía, Gerardo Vallejos, director por las cooperativas en el INYM, advirtió que la medida favorece a los grandes jugadores: “Esto puede dejar afuera a muchos pequeños productores. La competencia no es pareja”.
El escenario también refleja la creciente influencia del sector industrial en las decisiones del Gobierno nacional. El 6 de marzo pasado, en una reunión en la Secretaría de Agricultura, Sergio Iraeta —titular de esa cartera— reunió a directores del INYM y les pidió avanzar con la derogación de la norma, junto a otras medidas que, según expresaron, entorpecían el desarrollo del sector. Testigos de la reunión relataron que Iraeta fue contundente: “La desregulación yerbatera es cosa juzgada. Que los productores chicos se dediquen a otra cosa”.
La frase encendió alarmas en Misiones y en el propio INYM, donde el gobierno nacional todavía no designó un presidente formal tras la renuncia de Szychowski. Mientras tanto, el organismo sigue funcionando de forma limitada, con direcciones provisorias y bajo presión permanente.
La discusión de fondo sigue siendo la misma: cómo equilibrar la competencia con la protección del eslabón más débil de la cadena. Mientras Corrientes apuesta por liberar la producción para atraer inversiones y crecer, Misiones insiste en que sin reglas claras los más chicos quedan fuera del juego.
En este contexto, el INYM parece haber perdido su rol histórico como árbitro del sector. Su autoridad se ve debilitada por la intervención directa del Ejecutivo nacional y por la falta de respaldo político para sostener sus funciones reguladoras.
La desregulación yerbatera marca un punto de inflexión en una actividad que involucra a más de 12.000 familias productoras, cooperativas, secaderos y molinos. La eliminación del límite de plantación no solo cambia las reglas del juego, sino que reconfigura el mapa político y productivo del Litoral.
Por ahora, el conflicto está lejos de cerrarse. Lo que se viene, advierten desde Misiones, es una nueva etapa en la que el mercado será el único árbitro. Y en ese escenario, muchos temen que el pez grande termine, una vez más, por comerse al chico.
