La maquinaria en disputa: entre el alivio para el campo y la alerta industrial por una medida de Caputo

Por Agroempresario.com 

Una resolución del ministro de Economía, Luis Caputo, reavivó el debate entre los distintos eslabones del agro y la industria nacional. Se trata de la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un requisito impuesto en 1994 que trababa el ingreso de maquinaria agrícola usada al país. La decisión, que forma parte del paquete de desregulaciones del Gobierno, fue interpretada por muchos como una medida para facilitar el acceso a equipamiento a precios más bajos, aunque también despertó reparos por parte de fabricantes locales y cámaras industriales que ven en ella una amenaza directa a su competitividad.

El anuncio fue confirmado por Caputo a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde sostuvo que el CIBU será eliminado por decreto. Con ello, se liberará la importación de maquinaria no solo para el agro, sino también para otros sectores productivos, lo que podría generar una ola de ingresos de equipos provenientes del extranjero, en especial cosechadoras, tractores y pulverizadoras, según adelantaron fuentes del sector.

La medida responde a una demanda histórica de productores rurales y contratistas agrícolas, quienes hace tiempo vienen reclamando por la posibilidad de adquirir maquinaria usada a menor costo, en un contexto de inflación, falta de financiamiento y alto precio de los equipos nuevos.

Uno de los que expresó su apoyo fue Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma). Según dijo, “no es lo ideal, pero por cómo está la situación hoy, puede resultar conveniente”. En particular, señaló que lo más necesario en este momento son las cosechadoras, dado el estado envejecido del parque de maquinaria agrícola en el país. No obstante, advirtió sobre un punto clave: “No creo que los productores o contratistas puedan importar por sí solos. Esto lo manejarán operadores más grandes, y ahí hay que ver qué pasa”.

Scoppa también planteó que el Gobierno debería apuntar a incentivar la compra de maquinaria nueva fabricada en el país, con beneficios como la amortización acelerada y la quita de impuestos. “Sería una forma de ayudar a todos, sin perjudicar al fabricante nacional”, indicó.

Desde otro ángulo, Ignacio Arroyo, abogado especialista en comercio exterior, consideró que la eliminación del CIBU es coherente con la política económica del Gobierno y representa el fin de una barrera para-arancelaria que estaba en conflicto con normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “El trámite del CIBU demoraba unos 90 días y bastaba con que una cámara empresaria diga que existía producción nacional para bloquear la importación, sin necesidad de demostrarlo. Era una prohibición de hecho”, explicó.

Arroyo subrayó que muchos de los argumentos utilizados por la industria local para oponerse al ingreso de maquinaria usada, como el riesgo fitosanitario, carecían de sustento, ya que igualmente se requería una certificación fitosanitaria para aprobar el ingreso. “Con esto perdía sentido la defensa que planteaban”, apuntó.

No obstante, más allá de la cuestión técnica, el abogado interpretó la decisión del Gobierno como un gesto hacia Estados Unidos, en el marco del alineamiento internacional que busca el presidente Javier Milei. “Es una devolución de favores. El CIBU figura en el informe anual que elabora el gobierno estadounidense sobre barreras al comercio. Levantarlo es una señal política”, afirmó.

Desde la vereda industrial, las primeras reacciones fueron de preocupación. Aunque públicamente no hubo declaraciones contundentes, en el sector aseguran que la medida afectará la ya debilitada competitividad de la maquinaria fabricada en el país. Algunas cámaras alertaron sobre el posible ingreso de equipos sin garantías, sin repuestos ni servicio técnico, además del impacto que puede tener sobre el empleo en las fábricas locales.

En paralelo, advirtieron sobre el riesgo de una “canibalización” del mercado interno: máquinas usadas con pocos años de uso y menor precio que una nueva nacional podrían desplazar buena parte de la demanda. Un escenario particularmente complejo para una industria que viene golpeada por la sequía, la caída de ventas y la falta de crédito.

Aun así, del lado de los usuarios, la noticia fue bien recibida. Santiago del Solar, productor agropecuario y exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, celebró la medida: “Es algo que veníamos pidiendo. Hoy al productor le cuesta muchísimo acceder a una máquina nueva. Tiene que vender soja o maíz con retenciones y comprar maquinaria con aranceles e impuestos internos. Esto puede ser un alivio”, expresó.

Según Del Solar, el paso siguiente debería ser la baja de aranceles para maquinaria agrícola en general, de modo de facilitar el acceso a tecnología y mejorar la productividad. “Estamos en el camino correcto, pero todavía falta. Hay que seguir eliminando trabas que encarecen innecesariamente el trabajo en el campo”, concluyó.

En definitiva, la eliminación del CIBU abre una nueva etapa en el mercado de maquinaria agrícola, con promesas de mayor competencia y acceso, pero también con desafíos para la industria nacional. Como tantas veces en la historia reciente del país, la tensión entre apertura y protección vuelve a marcar el pulso del debate económico.