El nuevo plan fiscal con el FMI: menos subsidios, más recortes y un superávit que no da respiro

Por  Agroempresario.com 

El acuerdo fiscal entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) impone una hoja de ruta cada vez más exigente. Tras cerrar el primer trimestre con un superávit primario de 4,5 billones de pesos, el Ministerio de Economía encara el segundo cuarto del año con un objetivo aún más ambicioso: alcanzar los $6 billones de resultado positivo acumulado entre enero y mayo, para cumplir la primera gran meta de 2025. Y todo esto, en un contexto de ingresos menguantes y presión creciente sobre partidas sensibles del gasto público.

El programa negociado con el FMI establece metas claras: lograr un superávit primario del 1,3% del Producto Bruto Interno este año, cifra que el Gobierno decidió superar, apuntando a un 1,6% como señal de fortaleza fiscal frente a los mercados. La diferencia entre ambas metas, aunque sutil en términos porcentuales, representa una exigencia fiscal significativa y, sobre todo, una pista de que los ajustes serán más profundos de lo previsto.

El desafío tiene varios matices. Por un lado, 2024 fue un año atípico en materia de ingresos públicos. El Gobierno contó con ingresos extraordinarios derivados del impuesto PAIS, el anticipo del impuesto a los Bienes Personales y una mayor recaudación por el paquete fiscal de emergencia. Pero muchos de esos fondos no estarán disponibles este año, lo que obliga a compensar esa caída con un recorte más severo del gasto.

La eliminación del impuesto PAIS, por ejemplo, representa una pérdida de ingresos equivalente al 1,1% del PBI. A eso se suma un 0,2% del Producto que no ingresará por el efecto rezagado de la devaluación de diciembre de 2023, más otro 0,2% por la desaparición de ingresos puntuales del paquete fiscal anterior. En total, una merma del orden del 1,5% del Producto. Según el FMI, estos ingresos serían parcialmente reemplazados por el restablecimiento del impuesto a las ganancias personales y por una recuperación económica que empuje la recaudación tributaria. Pero lo cierto es que la diferencia será difícil de cubrir solo por la vía de mayores ingresos.

Por eso, la tijera fiscal vuelve a escena. Subsidios económicos, jubilaciones, gasto operativo del Estado y transferencias a provincias están bajo revisión. El FMI estima que habrá un ahorro de 0,6% del PBI en subsidios, 0,6% en gasto previsional, 0,3% en impuestos a los combustibles y 0,2% en derechos de exportación. La señal es clara: el ajuste será por la vía del gasto, y no por nuevos ingresos.

La tensión entre ingresos y egresos ya se sintió en el primer trimestre. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto público primario creció 11,1% en términos reales respecto al mismo período del año pasado, mientras que los ingresos avanzaron apenas un 0,6%. Sin embargo, el superávit se logró por la base de comparación extremadamente baja que dejó el ajuste inicial de Javier Milei en los primeros meses de 2024.

Aún con ese contexto favorable, el gasto primario de marzo de 2024 se ubicó un 27,3% por debajo del de marzo de 2023, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En otras palabras, el “rebote” del gasto aún está muy lejos de los niveles previos y se sigue operando en una lógica de austeridad extrema.

Uno de los principales factores que traccionan el gasto es la actualización de las jubilaciones y pensiones por la ley de movilidad. LCG, una consultora privada, estimó que el gasto en jubilaciones y pensiones subió un 28% interanual en términos reales, mientras que las asignaciones familiares aumentaron un 5%. Esto genera una tensión permanente en las cuentas públicas, ya que este tipo de erogaciones tiene poca flexibilidad de ajuste en el corto plazo.

Ante este escenario, el Gobierno se comprometió con el FMI a contener el gasto primario, con un crecimiento real de apenas el 3% anual. A su vez, se proyectan “nuevos recortes en los subsidios y mejoras en la eficiencia del sector público” que deberían compensar el mayor gasto en prestaciones sociales y en obra pública.

El documento técnico del Fondo también advierte que el gasto en intereses de la deuda podría aumentar, lo cual haría necesario un superávit primario aún mayor para mantener el equilibrio de las cuentas. En efecto, una fuente oficial del Ministerio de Economía reconoció que parte de la razón para subir la meta de 1,3% a 1,6% del PBI fue la necesidad de generar colchón ante un posible incremento en los pagos de intereses.

En el mediano plazo, el FMI proyecta que el superávit primario debería estabilizarse en torno al 2,5% del PBI. Esto permitiría al país afrontar una mayor carga de intereses si decidiera volver a financiarse en los mercados internacionales. También sería una condición indispensable para comenzar a reducir la deuda pública en términos reales y mejorar la calificación crediticia de la Argentina.

Mientras tanto, el desafío inmediato es lograr que el rebote de la actividad económica actúe como sostén del ajuste fiscal. Un informe de la consultora SBS destacó que el desempeño de la economía en los próximos trimestres será clave para mantener la senda del equilibrio. “Reanudar el proceso de desinflación más temprano que tarde sería un factor que jugaría claramente a favor de los ingresos base caja de 2025, compensando la caída en los tributos mencionados”, advirtieron.

La discusión también se da en un contexto político particular. El Gobierno apuesta a que la aprobación de la Ley de Bases y el nuevo paquete fiscal en el Congreso, aún en debate, refuercen el rumbo económico y despejen incertidumbres. Sin embargo, analistas advierten que un nuevo ajuste de esta magnitud, especialmente centrado en subsidios y en el gasto operativo del Estado, podría tener un impacto social significativo si no es acompañado por una recuperación sostenida de la actividad.

La clave será encontrar el equilibrio entre la consolidación fiscal exigida por el FMI y la necesidad de preservar cierta estabilidad social y política. Por ahora, la apuesta oficial sigue firme: superávit como ancla, recorte como estrategia, y un acuerdo con el Fondo como sostén del plan económico. En los próximos meses, se verá si esa ecuación es sostenible, o si la presión del ajuste vuelve a poner en jaque la gobernabilidad.