Retenciones: el campo presiona por su eliminación y advierte sobre el costo político de un veto

Por Agroempresario.com

La tensión entre el Congreso y el Gobierno nacional por el futuro de las retenciones al agro volvió a colocar al sector en el centro del debate político. Dirigentes rurales, productores y representantes de distintas entidades expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete una eventual ley que busque mantener o profundizar la rebaja de los derechos de exportación, especialmente al trigo, el maíz y la soja. A pocas semanas del inicio de la siembra triguera, las señales oficiales generan más dudas que certezas.

Desde el 30 de enero, rige una reducción temporaria en las alícuotas de retenciones: la soja pasó del 33% al 26%, mientras que el trigo y el maíz bajaron del 12% al 9,5%. La medida tiene vencimiento el próximo 30 de junio, y la expectativa de buena parte del campo era que esa rebaja no solo se sostuviera, sino que se transformara en permanente. Sin embargo, Milei cortó esas ilusiones al afirmar que las retenciones “vuelven” a su nivel previo desde el 1° de julio.

El anticipo de un eventual veto a una ley impulsada en el Congreso para impedir un aumento en las retenciones generó un inmediato malestar en el agro. “El Presidente vetará todo lo que atente contra el equilibrio fiscal”, señaló un alto funcionario del Ejecutivo, dejando en claro que la política económica del Gobierno está alineada con los compromisos asumidos ante el FMI, donde se prioriza la recaudación como herramienta de ajuste.

Aun así, en la Comisión de Agricultura de Diputados ya se analiza una batería de proyectos presentados por distintos bloques para impedir que las retenciones suban. Uno de los más destacados es el del diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal), quien junto a su par Alejandra Torres propuso que el Poder Ejecutivo no pueda aumentar ni restablecer derechos de exportación que hayan sido eliminados por decreto durante 2024 y 2025.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló: “Estamos en democracia y el Congreso forma parte fundamental de ella. Tiene todos los poderes para dictar una ley, como el Presidente tiene el derecho de vetarla. Nosotros debemos trabajar para que esta medida sea permanente y definitiva. El campo ha puesto el hombro siempre, lo del 30 de junio sería un gran mensaje para los productores”.

Desde Córdoba, Patricio Kilmurray, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), fue más directo: “Lo vemos con preocupación. Una actitud así no aporta a la confianza del productor. Si sale la ley y se veta, no es un buen mensaje”. El dirigente insistió en la necesidad de previsibilidad para el agro y reclamó un cambio institucional: “El sector necesita un Ministerio, no una Secretaría. No hemos visto señales claras de sentarnos a elaborar políticas de largo plazo”.

En esa misma línea, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), celebró que el Congreso se esté involucrando en el debate. “Antes sólo hablaban unos pocos del tema retenciones. Hoy hay varios proyectos. Me alegra que se exponga el tema, más allá del contexto electoral. Es importante que los legisladores entiendan el daño que generan las retenciones”.

Kovarsky propuso que el Gobierno evalúe alternativas que alivien la carga impositiva del agro sin comprometer sus objetivos fiscales. “Quizá haya formas intermedias para salir del paso. Pero a mediano plazo, las retenciones deben eliminarse por ley, y asegurar que nadie más las pueda reinstaurar. Eso es fundamental”, expresó.

Desde el norte bonaerense, Raúl Víctores, referente de la Sociedad Rural de San Pedro, también recogió el malestar de las bases. “Las rurales que representamos a los productores no queremos ser subidos al ring de la pelea política. No creemos que el Congreso pueda convertirse de un día para otro en paladín de la justicia rural, cuando muchos de los que hoy se muestran preocupados ayer ignoraban al campo”, afirmó.

Sin embargo, Víctores también envió un mensaje al Gobierno. “Creemos que el proyecto de cambio se fortalecería si se profundiza la decisión política. Un agro libre de ataduras puede ser clave para sacar al país adelante. Esperamos que el Presidente lo considere”, concluyó.

A la par de estas voces del agro, también se sumaron advertencias desde el ámbito académico y político. Alejandro “Topo” Rodríguez, exdiputado nacional y actual director del Instituto Consenso Federal, señaló que el compromiso del Gobierno con el FMI podría estar detrás de su postura inflexible. “La letra chica de los compromisos asumidos por Milei ante el Fondo sigue estando ausente en el debate público. En la página 88 del último documento firmado con el FMI, se establece que el Ejecutivo se comprometió a rechazar leyes del Congreso que comprometan el ajuste fiscal”, apuntó.

Para Rodríguez, ese acuerdo limita el margen de acción del Gobierno y también condiciona el debate legislativo. “Estamos frente a una política económica que se diseña con la mirada puesta en los organismos internacionales, más que en la realidad productiva del país”, advirtió.

En paralelo, distintas estimaciones del sector privado señalan que eliminar las retenciones al trigo tendría un costo fiscal estimado en unos 250 millones de dólares, monto que podría recuperarse a través de un aumento en la producción, mayor recaudación vía impuestos indirectos y una reactivación de la cadena agroindustrial.

No obstante, ese análisis parece no ser prioritario para el Gobierno, que mantiene una visión fiscalista y apuesta a que los productores ya han tenido una mejora por la reducción temporaria aplicada a comienzos de año. En ese marco, la reversión de la medida a partir de julio podría ser interpretada como una forma de equilibrio político con los acreedores internacionales, aunque eso implique generar descontento en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

Mientras tanto, el reloj corre: el trigo está a punto de comenzar su ciclo de siembra, y las decisiones deben tomarse ahora. En un contexto de lluvias recientes y buena reserva de humedad en varias zonas, los productores podrían estar en condiciones óptimas para apostar fuerte a la campaña 2024/25. Pero las señales de incertidumbre impositiva y la falta de previsibilidad conspiran contra esa posibilidad.

El campo, que históricamente ha sido uno de los principales motores del país, vuelve a exigir reglas claras, incentivos sostenibles y una mirada estratégica. No se trata sólo de discutir retenciones: se trata de definir si la Argentina apuesta por el desarrollo productivo o por el ajuste fiscal como único horizonte.