Emergencia agropecuaria: Nación prorrogó los beneficios para Santa Fe y Chaco

Por Agroempresario.com

El Gobierno nacional oficializó la prórroga del estado de emergencia y desastre agropecuario en las provincias de Santa Fe y Chaco, mediante dos resoluciones del Ministerio de Economía publicadas en el Boletín Oficial. La medida, que responde a los severos efectos de la sequía, busca continuar asistiendo a los productores afectados a través de beneficios impositivos, financieros y operativos.

En el caso de Santa Fe, la emergencia se extenderá hasta el 31 de agosto de 2025, tal como lo solicitó el gobierno provincial mediante el Decreto 435/2025. Esta decisión se formalizó a través de la Resolución 504/2025, que prolonga el alcance de la medida dispuesta en diciembre pasado con la Resolución 1297/2024, cuando la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) había evaluado los daños generados por la falta de lluvias en el norte santafesino.

El área afectada comprende a los Departamentos de San Javier y San Justo, que abarcan localidades como Marini, Eusebia, Fidela, Colonia Bigand, Hugentobler, Eguzquiza, Aldao, Lehman, Sunchales, Colonia Bicha, Ataliva, Galisteo, Tacurales, Tacural, Raquel y Humberto I. También se incluyen zonas de los departamentos Castellanos (Virginia y Maua) y Las Colonias, con localidades como Elisa, Jacinto L. Arauz, Ituzaingó, La Pelada, Soutomayor, Providencia, María Luisa, Santo Domingo, Progreso, Hipatia y Sarmiento.

Los productores que deseen acceder a los beneficios deberán presentar un certificado oficial emitido por la autoridad provincial, que acredite que sus explotaciones se encuentran dentro de las zonas afectadas. Dichos beneficios están contemplados por la Ley 26.509 e incluyen exenciones impositivas, prórrogas en vencimientos fiscales y refinanciación de pasivos ante entidades bancarias oficiales.

Además, la resolución instruye a bancos públicos nacionales y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a implementar mecanismos ágiles que garanticen el acceso efectivo a estas medidas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca quedó facultada para firmar convenios de colaboración con las provincias, a fin de asegurar la aplicación local de la normativa.

En simultáneo, se prorrogó la emergencia agropecuaria en la provincia de Chaco hasta el 24 de septiembre de 2025, a raíz de los graves efectos de las altas temperaturas y la persistente falta de lluvias que perjudicaron de manera significativa a los sectores agrícola, ganadero y apícola. La medida fue oficializada mediante la Resolución 506/2025, tras el análisis de la situación por parte de la CNEyDA y una solicitud presentada por el Ejecutivo chaqueño a través de los Decretos 410 y 433.

Al igual que en Santa Fe, los productores chaqueños también deberán contar con el certificado correspondiente para ser beneficiarios de los instrumentos de alivio previstos por la ley. La Secretaría de Agricultura fue autorizada a coordinar con las autoridades provinciales la implementación de los mecanismos previstos.

Ambas resoluciones entraron en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno para responder a emergencias productivas provocadas por fenómenos climáticos extremos, que se han vuelto cada vez más frecuentes en distintas regiones del país.

Un ejemplo reciente fue la declaración de emergencia agropecuaria en la zona de El Bolsón (Río Negro), donde los incendios forestales ocurridos a principios de febrero arrasaron con más de 3800 hectáreas. Allí, según un informe oficial, se vieron afectados 21 productores hortícolas, 23 frutícolas, 9 apicultores, 17 ganaderos y 15 avicultores. El Gobierno nacional respondió con la emisión del Decreto 75/2025, que estableció la emergencia y/o desastre agropecuario para el departamento de Bariloche por el término de un año.

Estas medidas, en conjunto, reflejan un intento de dar respuesta rápida a contingencias climáticas que golpean duramente a los sectores productivos. No obstante, referentes del agro sostienen que, si bien las herramientas de la ley de emergencia son útiles en el corto plazo, resulta necesario avanzar hacia políticas estructurales de adaptación al cambio climático, mejoras en los sistemas de cobertura y acceso al financiamiento para inversiones en tecnología y manejo del agua.

Con más de la mitad del país afectado por condiciones climáticas adversas en los últimos tres años, y ante un contexto económico frágil, los productores demandan un acompañamiento más integral y sostenido por parte del Estado, que no se limite solo a paliativos sino que contribuya a fortalecer la resiliencia del agro argentino.