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Por Agroempresario.com
En una movida clave de cara a las elecciones, el Gobierno decidió congelar las tarifas de gas durante los meses de invierno, replicando un "Plan Platita" en el sector energético. La medida busca evitar un salto inflacionario justo en el pico de consumo, pero implicará un considerable aumento en los subsidios estatales.
Además de haber dispuesto una baja del 4% en los precios de los combustibles, el Ejecutivo resolvió mantener sin cambios el valor del gas mayorista denominado PIST, que debía pasar de los actuales 3,1 dólares a un promedio de 4,5 dólares el millón de BTU entre mayo y septiembre, como había ocurrido en 2024.
Fuentes oficiales confirmaron que la diferencia que surge entre el precio congelado y el costo real que recibirán los productores locales —así como el valor de las importaciones de gas natural licuado (GNL)— será cubierta mediante un refuerzo en los subsidios. En otras palabras, se evitará trasladar el impacto al bolsillo de los usuarios, pero a costa de un mayor gasto fiscal.
"No me parece descabellado en este contexto. Tanto en gas como en electricidad. Es muy difícil trasladar todas las variaciones estacionales a tarifas, porque se conjugarían dos efectos: precios altos y cantidades elevadas. En un escenario donde los salarios no se recuperan lo suficiente, congelar el precio es una medida entendible", opinó el economista Julián Rojo en diálogo con Forbes.
El éxito de esta estrategia dependerá en buena parte del valor del dólar. Si el tipo de cambio oficial logra mantenerse cerca del piso de 1.000 pesos, el impacto de las tarifas en pesos será menor, reduciendo así el peso relativo de los subsidios sobre el gasto público. Caso contrario, el esfuerzo fiscal para sostener la medida será aún mayor.
Para amortiguar las críticas que genera el congelamiento —por contradecir la política de recomposición tarifaria iniciada el año pasado—, el Gobierno cumplirá con una antigua promesa al sector: a partir de mayo comenzará a regir la primera cuota de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), mecanismo que busca dejar atrás seis años de emergencia con precios administrados de manera discrecional.
En concreto, las distribuidoras de gas reclamaban un ajuste tarifario cercano al 15%, pero el Gobierno acordó un aumento más moderado, cercano al 10%, que será aplicado en varias cuotas a lo largo del tiempo. Así, en mayo las tarifas de gas aumentarán apenas un 3%, mientras que las de electricidad tendrán un ajuste inicial del 2,5%, acompañado de actualizaciones mensuales por inflación.
De todas formas, los subsidios seguirán creciendo, ya que el costo de generación eléctrica se incrementará alrededor del 40% este invierno, lo que también obligará a reforzar las transferencias estatales al sector para evitar un traslado masivo a los precios finales.
El panorama en combustibles es similar. Según detalló Forbes, existe un atraso en el ajuste de impuestos equivalente a unos 200 pesos por litro de nafta, que debería implicar un salto de precios del 17%. Sin embargo, el Gobierno optó por postergar nuevamente la actualización tributaria, lo que implica una pérdida de ingresos fiscales de unos 200 millones de dólares mensuales. Esta decisión pone aún más presión sobre el objetivo de alcanzar el superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con este paquete de medidas, el Gobierno apuesta a contener la inflación en los meses de mayor consumo energético, aliviar el bolsillo de los hogares y preservar la competitividad política en un año donde cada voto contará.
