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En un contexto donde el equilibrio macroeconómico es tan frágil como estratégico, el Gobierno argentino ha decidido volver a emitir deuda por un total de hasta US$3000 millones. El objetivo: cumplir con la exigente meta de acumulación de reservas impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin alterar la principal bandera política de la actual gestión: la desaceleración de la inflación. Esta decisión, cuidadosamente calibrada por el ministro de Economía Luis Caputo y avalada por el presidente Javier Milei, busca capitalizar al Banco Central (BCRA) mediante un mecanismo dual que incluye una nueva operación de “repo” con bancos internacionales y la emisión de bonos atados al peso, conocidos como “peso-linked”.
Según el reciente acuerdo alcanzado con el FMI, el Banco Central debe acumular unos US$5000 millones en reservas netas antes del 13 de junio. Sin embargo, la estrategia oficial no contempla una agresiva compra de dólares en el mercado de cambios. En su lugar, el Ejecutivo utilizará mecanismos de endeudamiento externo para evitar una presión adicional sobre el tipo de cambio y, por ende, sobre los precios.
Esta hoja de ruta responde a una lógica política y económica: mantener el tipo de cambio dentro de la banda establecida para consolidar una inflación mensual cercana al 1%, una cifra que el Gobierno considera vital de cara a un posible escenario electoral favorable.
El esquema financiero contempla una operación de pase pasivo o “repo” con un grupo de bancos internacionales. Esta herramienta consiste en otorgar bonos como garantía para recibir financiamiento en dólares. En enero, el Gobierno ya había recurrido a esta estrategia con éxito por US$1000 millones. Ahora, pretende duplicar ese monto y llegar a US$2000 millones.
La operación está prácticamente cerrada con las mismas entidades que participaron anteriormente: BBVA, Santander, J.P. Morgan, ICBC y Citi. Se sumarían además otros dos bancos, elevando el respaldo institucional de la maniobra. La intención oficial es mejorar las condiciones obtenidas en enero, particularmente una tasa de interés inferior al 8,8% pactado entonces, cuando el riesgo país se ubicaba en 610 puntos básicos.
El segundo pilar del plan financiero es la emisión de un bono denominado en pesos, pero suscripto con dólares, lo que se conoce como “peso-linked”. Este instrumento permitiría al Tesoro captar unos US$1000 millones adicionales. El diseño del bono contempla el repago en dólares al tipo de cambio oficial vigente al momento de la emisión, presumiblemente el A3500.
Esta jugada, ideada por Federico Furiase —director del Banco Central y asesor directo del ministro Caputo—, no está exenta de riesgos. Como advierte la consultora Outlier, al tratarse de un bono con repago en dólares, el riesgo cambiario a futuro podría presionar al mercado si no mejora el contexto macroeconómico o no aparecen nuevas opciones de inversión atractivas.
Para mitigar ese riesgo y asegurar el éxito de la colocación, el Gobierno intervino recientemente en el mercado de futuros, especialmente en la posición de diciembre, generando un volumen de US$900 millones con una baja de casi el 10% en los dólares futuros. Analistas como los de la consultora FMyA sospechan que esta intervención habría sido una maniobra del BCRA para ofrecer cobertura cambiaria al bono “peso-linked”, dándole mayor atractivo ante los inversores.
Pese al esfuerzo oficial, el mercado financiero mantiene la lupa sobre las reservas netas. En las últimas semanas, las reservas del BCRA se redujeron en unos US$700 millones debido a pagos vinculados al Bopreal y compromisos con el FMI. Además, en julio el Gobierno debe afrontar un pago de cupones de deuda por unos US$4200 millones, lo que agrega tensión al calendario financiero.
El grupo financiero IEB señaló en su último informe que, si bien las reservas netas son hoy positivas tras el último desembolso del FMI, este ingreso no cuenta para la meta pactada. Por ende, el BCRA aún debe sumar US$5000 millones antes de junio y más de US$10.000 millones antes de fin de año.
El éxito del plan oficial podría abrir una ventana de oportunidad clave: el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda en enero del próximo año. Para ello, el Gobierno proyecta una baja del riesgo país, que actualmente ronda los 678 puntos básicos. Una menor prima de riesgo facilita la colocación de deuda sin comprometer las reservas.
No obstante, los economistas advierten que esta expectativa no se materializa si el BCRA no logra acumular reservas en forma sostenida. Para los inversores, la solidez del balance del Central es una condición indispensable.
El acuerdo técnico firmado con el FMI establece límites específicos respecto a la deuda externa con acreedores privados. En particular, aclara que los primeros US$1500 millones emitidos por el Gobierno o el BCRA no serán contabilizados para el cumplimiento de la meta de reservas netas. Esta salvedad obliga al equipo económico a superar ese umbral si pretende utilizar el endeudamiento como herramienta de cumplimiento de los objetivos fijados.
La estrategia del Gobierno es ambiciosa: se apoya en la emisión de deuda, una inflación bajo control y un tipo de cambio contenido para consolidar la estabilidad financiera y cumplir con el FMI. Sin embargo, las amenazas latentes —como la volatilidad del mercado internacional, los vencimientos de deuda próximos y la incertidumbre política— podrían empañar el panorama si alguno de los pilares falla.
Los analistas consultados coinciden en que el resultado dependerá de múltiples factores: desde el comportamiento del tipo de cambio, pasando por el flujo de exportaciones, hasta la percepción de los inversores sobre la viabilidad del plan económico. El margen de error es mínimo.
