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Por Agroempresario.com
A medida que el gobierno argentino intenta equilibrar la inflación y las cuentas fiscales, se enfrenta a un dilema: los subsidios a las tarifas energéticas y la decisión de postergar el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), claves en el presupuesto fiscal de 2025, se han convertido en una carga inesperada. Estas dos medidas, en principio diseñadas para aliviar la presión sobre los hogares y las empresas, podrían obstaculizar las metas fiscales del Ejecutivo, cuyo compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige un superávit primario del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI).
Las fuentes de recaudación que inicialmente estaban en marcha para asegurar el cumplimiento de esas metas ahora demandan un mayor esfuerzo fiscal. ¿Cómo afectarán estos cambios la economía del país? Expertos consultados por Agroempresario.com analizan los efectos de estas decisiones y sus posibles repercusiones para el futuro cercano de la economía argentina.
Uno de los pilares sobre los cuales se esperaba una mejora significativa en la recaudación fiscal era el ajuste en las tarifas energéticas, que a su vez contribuiría a una reducción de los subsidios. Sin embargo, la reciente alza en los costos de gas y electricidad, combinado con la política de subsidios, está alterando las proyecciones fiscales. En mayo, los aumentos en gas y electricidad llegaron a un 65% y 40%, respectivamente, pero la cobertura de estos incrementos para ciertos sectores, especialmente los de ingresos más altos y grandes industrias, podría suponer un gasto mucho mayor para el Tesoro.
Lorenzo Sigaut Gravina, economista consultado por Forbes, advirtió que si bien los ajustes en las tarifas eran esperados, la amplitud de los subsidios podría generar una pérdida significativa de ingresos. De hecho, se estima que el gasto por subsidios a la energía aumentará debido a la volátil coyuntura económica, donde se deben contemplar tanto la variabilidad del tipo de cambio como los costos de importación de gas.
El segundo factor que impacta en la recaudación fiscal es la postergación del aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), una de las principales fuentes de ingresos para el Estado. El gobierno había previsto un aumento del 155% en este impuesto para 2025, pero en lugar de eso, se optó por reducir la velocidad de los incrementos en 10 pesos por mes, y en mayo se decretó el congelamiento del impuesto. Esta decisión ha generado un hueco de aproximadamente 600 millones de dólares en los primeros tres meses del 2025.
Nicolás Gadano, de Empiria, señaló que si el ICL se mantiene congelado durante todo el año, el impacto sería mucho más significativo. Sin embargo, otros analistas coinciden en que este congelamiento podría ser temporal, lo que les permitiría ajustar otros rubros del presupuesto para cumplir con las metas fiscales establecidas.
El presupuesto de 2025 establecía una meta de superávit primario de 1,6% del PBI, un desafío que, según algunos analistas, ya parece difícil de alcanzar. Para el equipo de Equilibra, el resultado primario en los primeros tres meses del año está ligeramente por debajo de las expectativas, lo que hace complicado alcanzar ese 1,6% pactado con el FMI.
María Castiglioni, de la consultora C&T, confía en que el gobierno podrá cumplir con la meta de superávit primario del 1,3% del PBI, a pesar de los mayores subsidios y la postergación de los aumentos impositivos. Según Castiglioni, la recaudación sigue siendo alta gracias a la mayor actividad económica y la estabilidad del tipo de cambio. A su vez, los precios del petróleo y la menor necesidad de importar gas también contribuyen a aliviar los costos.
Una variable adicional que complica el panorama es la volatilidad cambiaria. Con el tipo de cambio subiendo más rápido de lo esperado, los costos asociados a la generación de electricidad y la importación de gas podrían aumentar sustancialmente. Según Economía & Energía, por cada 10% que aumenten los precios de electricidad y gas, los subsidios se incrementarán en 612 millones de dólares y 231 millones de dólares, respectivamente.
Este factor podría afectar tanto el cálculo de los subsidios como las proyecciones fiscales para el resto del año. El gobierno ha logrado mitigar algunos de estos efectos gracias a la estabilidad en los precios del petróleo, pero el impacto de la volatilidad cambiaria podría contrarrestar estos esfuerzos.
El gobierno enfrenta un escenario fiscal cada vez más desafiante. A pesar de los esfuerzos para reducir los subsidios y aumentar la recaudación a través de los impuestos, las recientes decisiones sobre el ICL y las tarifas energéticas ponen en riesgo las proyecciones originales. En el futuro cercano, el gobierno deberá tomar decisiones cruciales para garantizar que se cumpla la meta fiscal, que sigue siendo un factor clave para mantener la confianza en el mercado y cumplir con los compromisos asumidos con el FMI.
Los analistas coinciden en que, a pesar de estos desafíos, el gobierno tiene herramientas para ajustar el gasto y cumplir con las metas fiscales. La clave será cómo manejar la delicada relación entre inflación, subsidios y crecimiento económico en los próximos meses.
Ante esta situación, los economistas sugieren varias estrategias para mejorar la recaudación y reducir los gastos. Pablo Repetto, de Aurum Valores, destaca que el gobierno podría ajustar ciertas partidas discrecionales al final del año si fuera necesario. Sin embargo, también subraya la importancia de mantener la estabilidad en los precios y el tipo de cambio para evitar que la situación se complique aún más.
En este contexto, los expertos proponen revisar la política de subsidios, con la posibilidad de ajustar los montos de los mismos en función de la situación económica del país. También sugieren un enfoque más gradual en el aumento de impuestos, para evitar impactos negativos sobre el consumo y la competitividad de las industrias.
