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Por Agroempresario.com
En medio del creciente malestar por los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, lanzó duras críticas al Ejecutivo. Calificó como “un despropósito” la exclusión, según versiones, de las universidades públicas y de entidades clave del agro del Consejo Directivo del organismo.
Las declaraciones de Domínguez surgen tras conocerse la intención del Gobierno de modificar la gobernanza histórica del INTA, lo que despertó alarma en el sector. En declaraciones públicas, el exfuncionario advirtió que los cambios propuestos en la composición del Consejo Directivo —que actualmente contempla representación estatal, gremial y académica— buscan facilitar una “mayoría automática” que permitiría avanzar en la venta de activos, despidos de personal y una eventual desarticulación institucional.
“El INTA es uno de los pocos organismos del Estado que articula ciencia, conocimiento y territorio. Sacar a las universidades y a CREA es como mutilar el sistema de investigación nacional”, expresó Domínguez. “Es abrirle la puerta a intereses privados disfrazados de modernización”.
Las facultades que quedarían fuera del Consejo, según trascendidos, serían la Facultad de Agronomía y la de Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales, además de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). Esta medida, aún no confirmada oficialmente, ha encendido las alarmas en sectores académicos y científicos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también se refirió al tema en el reciente 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Allí lanzó declaraciones que no pasaron desapercibidas:
“¿Ustedes sabían que el INTA gasta $400.000 millones, tiene 6000 personas, tiene 3000 vehículos? No se sabe muy bien qué es lo que hacen, y bueno, en todas esas cosas hay que poner una lupa”, afirmó Sturzenegger.
Las palabras del ministro generaron rechazo inmediato en el ámbito científico y político. Domínguez respondió señalando que el número citado, en términos de una institución que opera en todo el territorio argentino, es irrelevante:
“Eso lo representa un solo proyecto de una empresa privada seria. Acá hay 6000 trabajadores en 24 provincias, que llegan a 2500 localidades, y hay 200 millones de hectáreas en juego. Se necesita más investigación, no menos”, sentenció.
En su crítica, Domínguez apuntó a lo que considera una visión sesgada desde la Ciudad de Buenos Aires: “Con esa mirada centralista, se pueden aceptar estos planteos. Pero pocas veces escuché algo tan sin sustento en un país federal como la Argentina”.
Para el exministro, detrás del intento de modificar la estructura del INTA se esconde un objetivo más amplio: facilitar negocios inmobiliarios y llevar adelante una reestructuración encubierta.
“Lo que pretende el Estado Nacional es cambiar la composición del INTA para lograr la mayoría automática y así avanzar en la venta de campos y edificios, como originalmente se planteó. También para hacer un ajuste sobre el personal, bajo la excusa de reorganización y modernización”, declaró.
Además, criticó la eventual absorción de funciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por parte del INTA, otra medida que forma parte del paquete de reformas del Gobierno. “Reducir o absorber funciones del INTI, como se está planteando, no solo es ilógico, es destructivo”, aseveró.
Las reformas en el INTA y la potencial fusión de funciones con el INTI despiertan preocupación no solo entre exfuncionarios, sino también entre trabajadores y especialistas del sistema científico-tecnológico. En ambas instituciones hay incertidumbre sobre los futuros roles, competencias y presupuestos.
El INTA, que desde su creación en 1956 cumple un rol central en el desarrollo de tecnologías, prácticas sustentables y asesoramiento a productores agropecuarios, podría ver comprometida su misión histórica si se concreta una reforma que excluya a los actores clave del sistema de innovación agropecuaria.
El modelo de co-gestión del INTA ha sido, históricamente, un ejemplo de articulación entre el Estado, el sector privado, las universidades y las organizaciones científicas. La propuesta del Gobierno, aún no oficializada en el Boletín Oficial, modificaría este esquema profundamente.
Para Domínguez, este cambio “es el más grave atentado contra el federalismo productivo y el desarrollo territorial del país en décadas”. Y concluyó con una advertencia que resonó en el sector: “Están matando a la gallina de los huevos de oro”.
