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Por Agroempresario.com
Mientras el Gobierno nacional insiste con la necesidad de avanzar en una reforma laboral, los datos muestran que el empleo registrado en el sector privado permanece estancado y que crece sostenidamente la informalidad. El presidente Javier Milei y su gabinete aspiran a que una nueva legislación impulse la contratación formal, pero especialistas y datos oficiales advierten que el deterioro de la calidad del empleo se profundizó, y que la informalidad ya alcanza a más del 40% de los trabajadores del país.
Según cifras del INDEC correspondientes al último trimestre de 2024, la tasa de empleo ronda el 45%. No obstante, esa estabilidad esconde un fenómeno alarmante: mientras el empleo asalariado privado registrado permanece inmutable desde hace más de una década —alrededor de 6 millones de puestos—, se dispara el número de monotributistas y trabajadores informales.
El informe más reciente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que en febrero de 2025 la cantidad de trabajadores registrados privados continuaba en niveles similares a los de 2011. En cambio, los monotributistas superan ya los 2 millones, cuando en 2011 eran apenas 1,3 millones.
“El empleo total creció un 20% en los últimos diez años, pero el empleo asalariado formal no se movió. Lo que creció fueron los formatos más precarios: monotributistas e informales”, subrayó Laura Caullo, investigadora de IERAL, el instituto económico de la Fundación Mediterránea.
El análisis del IERAL advierte que entre 2014 y 2024 se incorporaron 3,6 millones de trabajadores al mercado laboral, pero buena parte de esa expansión se basó en vínculos débiles o informales. “El aumento del empleo estuvo impulsado por un crecimiento del 40% en los monotributistas. Esta figura ofrece formalización fiscal, pero muchas veces encubre una relación de dependencia sin derechos laborales”, explicó Caullo.
Además, el empleo público creció un 18% en el mismo período, y los asalariados informales aumentaron en proporción preocupante. Según el INDEC, el 36,1% de los trabajadores asalariados no tienen descuento jubilatorio, es decir, trabajan sin registro. IERAL estima que el promedio nacional de informalidad supera el 42%, con una mayor proporción en sectores asalariados.
La consultora LCG también analizó este fenómeno: “El mercado laboral no ajustó tanto por cantidad como por calidad. El trabajo no se perdió masivamente, pero sí se transformó en relaciones más frágiles, con menos derechos y menor salario”. En promedio, un trabajador informal cobra un 40% menos que uno registrado, lo que también impacta negativamente en el consumo.
Desde el oficialismo reconocen que la reforma laboral es uno de los ejes de su programa de gobierno. Sin embargo, admiten que no cuentan con los votos necesarios en el Congreso para aprobar un paquete integral. Por eso, aseguran que la iniciativa tomará impulso tras las elecciones legislativas de medio término, cuando aspiran a ampliar su representación parlamentaria.
“El problema de fondo es la incapacidad del sistema actual para generar empleo formal privado a escala. La reforma debe reconocer esta debilidad estructural y contemplar las enormes diferencias regionales”, indicó Caullo. En efecto, la informalidad no es homogénea: en distritos como Tierra del Fuego, Santa Cruz o Ciudad de Buenos Aires ronda el 20%, mientras que en provincias como Tucumán supera el 60%.
Estas disparidades responden a la estructura productiva, los niveles salariales y las condiciones de empleo de cada región. Por eso, desde IERAL advirtieron que cualquier modificación del marco legal debe contemplar estas asimetrías. “Una reforma laboral uniforme puede agravar las desigualdades si no se adapta a las realidades territoriales”, explicaron.
El debate sobre el futuro del trabajo se da también en un contexto de tensiones sindicales. En Tierra del Fuego, los gremios denuncian el impacto negativo que la baja de aranceles a las importaciones está teniendo sobre el empleo local. Para muchos, el esquema de incentivos fiscales en esa provincia era una de las pocas garantías de empleo formal en un mercado frágil.
Los sindicatos temen que una reforma laboral que flexibilice las condiciones de contratación y despido, sin garantías para los trabajadores, solo consolide la precarización. A esto se suma la preocupación por los salarios: tanto el sector informal como buena parte del empleo formal atraviesan una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, que sigue siendo alta pese a la desaceleración reciente.
En paralelo al debate interno, el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda de desregulación que busca atraer inversiones. El Ejecutivo insiste en que la flexibilización laboral permitirá un aumento en la productividad y generará un mercado más competitivo. Este enfoque es parte de su alineamiento ideológico con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el mandatario argentino espera reunirse próximamente.
La visión oficial se completa con una política económica que apunta a reducir costos para el sector privado, achicar el Estado y abrir el comercio. Sin embargo, los economistas advierten que sin una política activa para fomentar el empleo formal —como incentivos, formación o reducción de cargas patronales—, difícilmente se revertirá el proceso de informalización.
A la espera de una eventual reforma legislativa, el desafío del empleo en Argentina continúa. Crear trabajo privado, formal y bien remunerado sigue siendo una meta lejana. “El país necesita una estrategia integral que combine reforma legal, incentivos a la contratación, formación profesional y desarrollo territorial”, concluyó Caullo.
El futuro del mercado laboral argentino dependerá, en buena medida, de la capacidad del Gobierno para impulsar un modelo que no solo cree empleo, sino que lo haga con calidad, estabilidad y derechos. Mientras tanto, la precarización avanza, y con ella, se debilitan las bases de una economía sustentable e inclusiva.
