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Por Agroempresario.com
Las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvieron a generar un fuerte malestar en el corazón del sector agroindustrial argentino. En medio de los reclamos persistentes por la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX), el funcionario relativizó esta carga impositiva y apuntó sus críticas a otra dirección: la falta de reconocimiento de la propiedad intelectual en semillas. Su diagnóstico, sin embargo, omitió datos clave y simplificó una historia compleja, alimentando aún más el desencanto de los productores.
Durante una presentación en el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Sturzenegger lanzó una comparación que sorprendió incluso a los más moderados: “Brasil pasó de 50 millones de toneladas de soja a 150 millones y nosotros nos quedamos estancados en 45 millones. Entonces, me parece que es mucho más interesante preguntarse por qué Brasil triplicó la producción. Y no son las retenciones necesariamente”. Según su visión, el éxito brasileño se basó en el reconocimiento de la propiedad intelectual en semillas, algo que, sostiene, no ocurre en la Argentina.
La reacción del agro no tardó en llegar. Para muchos referentes del sector, este tipo de declaraciones evidencian un preocupante desconocimiento del entramado productivo nacional y de la historia agrícola reciente. También revelan una peligrosa tendencia a desviar el eje del verdadero problema: la presión fiscal que generan los DEX, uno de los impuestos más distorsivos del mundo.
Es cierto que la Argentina tiene una deuda pendiente en materia de propiedad intelectual sobre variedades autógamas como la soja, el trigo o el algodón. Desde hace décadas, el país carece de un marco legal moderno que incentive la inversión en mejoramiento genético. Sin embargo, también es cierto que los años en que más se intentó avanzar en esa agenda coincidieron con los de mayor presión fiscal sobre el agro, cuando los DEX alcanzaron niveles récord y el Estado extrajo más de 200.000 millones de dólares del sector desde 2002.
La experiencia brasileña, que Sturzenegger menciona como ejemplo, tiene matices que conviene repasar. Brasil logró efectivamente convertirse en una potencia agroalimentaria, pero no fue gracias a un único factor. Lo hizo, principalmente, por no haber castigado a su sector más competitivo con impuestos distorsivos. Desde que implementó el Plan Real en 1994, nunca aplicó retenciones a las exportaciones, ni siquiera durante los gobiernos de Lula da Silva o Jair Bolsonaro, que se ubicaron en extremos opuestos del espectro ideológico.
Además, el crecimiento del agro brasileño se explica por una política de Estado continua, que combinó expansión territorial sobre los Cerrados, impulso a la inversión productiva, innovación científico-técnica (con fuerte respaldo de instituciones como Embrapa), y también, sí, un marco de propiedad intelectual más claro. Pero no sin contradicciones: en los años '90, Brasil frenó la adopción de transgénicos y muchos de sus productores recurrieron al contrabando para obtener semillas argentinas. La famosa “soja Maradona”, como la apodaron, cruzaba la frontera desde provincias como Entre Ríos o Santa Fe hacia Río Grande do Sul y Paraná.
Lo que irrita al campo no es sólo la comparación superficial, sino la contradicción de fondo. Fue el propio presidente Javier Milei quien, durante su campaña, calificó a las retenciones como “un robo al productor” y prometió eliminarlas. Hoy, varios de sus funcionarios parecen más preocupados por justificar su permanencia que por avanzar en una agenda realista de reducción. No se desconoce la complejidad macroeconómica del país ni las restricciones fiscales que impiden una eliminación inmediata, pero al menos se espera honestidad en el diagnóstico y responsabilidad en el relato público.
Lo que pide el agro no es una quimera. Un cronograma serio, previsible y gradual de eliminación de los DEX permitiría recuperar competitividad, atraer inversiones, aumentar la producción y, en definitiva, generar más divisas para el país. El potencial existe. Argentina cuenta con una de las matrices agroindustriales más sofisticadas del mundo, con experiencia en siembra directa, bioeconomía, agricultura regenerativa y un sistema científico que, pese a los vaivenes, aún es respetado globalmente.
Desde los foros técnicos hasta iniciativas como las que impulsa Fernando Vilella, hoy secretario de Bioeconomía, se viene proponiendo una transformación productiva sostenible, de base federal y con valor agregado en origen. Una estrategia que permitiría a la Argentina liderar mercados exigentes como los de biocombustibles avanzados, alimentos diferenciados o plataformas de carbono bajo. Pero para eso se necesita coherencia institucional, reglas claras y, sobre todo, una menor carga impositiva.
Mientras el gobierno sostiene un discurso dual, el tiempo corre. La cosecha gruesa 2024-2025 está en marcha, y si el clima acompaña, el agro podría tener una campaña muy buena. Pero para que eso se traduzca en un salto exportador, es imprescindible cambiar las condiciones económicas de fondo. De lo contrario, lo único que se estará haciendo es depender del factor climático, sin una política que incentive el crecimiento estructural.
El campo argentino ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para responder con producción cuando se le da el marco adecuado. Sin embargo, difícilmente lo hará si quienes deben defender la competitividad del país eligen minimizar el problema real o culpabilizar a quienes vienen sosteniendo, con esfuerzo, una economía que aún no encuentra el rumbo.
Es hora de dejar de lado las frases provocadoras y las comparaciones sin contexto. Brasil no creció por un único motivo, sino porque sus gobiernos, más allá de su signo político, decidieron no castigar a su agroindustria. Si Argentina quiere seguir ese camino, deberá recuperar la lógica productiva por encima de la recaudatoria. El campo no necesita excusas: necesita un rumbo.
