Por Agroempresario.com
El Poder Ejecutivo avanza con una nueva estrategia legislativa: blindar mediante ley los cambios normativos que permiten la declaración de dólares no registrados, como parte del denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El objetivo es ofrecer seguridad jurídica a quienes adhieran al nuevo esquema, y el Gobierno ya prepara una ofensiva para que el Congreso Nacional apruebe antes de fin de año esta iniciativa clave. La apuesta: lograr el respaldo de los gobernadores provinciales.
Esta propuesta constituye la segunda etapa del plan anunciado este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia Federal de Recaudación y Control Tributario (ARCA), Juan Pazo, en una conferencia de prensa donde también participó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Un esquema en dos fases
La primera fase del plan se implementará mediante decretos y resoluciones del Ejecutivo nacional. Estos cambios normativos flexibilizan el uso de divisas no registradas —los llamados “dólares bajo el colchón”— y permiten su regularización voluntaria sin penalidades impositivas, a través de una declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Según informó Caputo, esta etapa entrará en vigor el próximo 1 de junio, y estará a cargo de organismos como la ARCA y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En cambio, la segunda fase exige la aprobación del Poder Legislativo, ya que implica modificaciones a la Ley Penal Tributaria y a la Ley de Procedimiento Tributario, que solo pueden alterarse mediante una ley.
Qué busca la ley de “blindaje”
El proyecto de ley que enviará próximamente la Casa Rosada al Congreso apunta a acotar los plazos de prescripción fiscal y a garantizar jurídicamente los derechos de los contribuyentes que regularicen su situación mediante este régimen.
“El objetivo es que ningún gobierno futuro pueda dar marcha atrás con lo que hoy estamos proponiendo como incentivo para blanquear y movilizar el ahorro privado. Esta ley será un blindaje institucional para los argentinos ahorristas”, explicó Juan Pazo.
Aunque el contenido del proyecto todavía no ha sido difundido públicamente, fuentes del Ejecutivo adelantaron que su redacción se encuentra en etapa final y será presentada en el Congreso “antes de que termine el período legislativo”.
Alianzas parlamentarias: los gobernadores como llave
Pese a que la relación entre el oficialismo y el Congreso ha sido tensa en algunos pasajes del año, desde el entorno del presidente Javier Milei creen que este proyecto tiene una viabilidad política distinta a otras reformas estructurales (como la laboral, previsional o tributaria), que fueron postergadas ante la falta de consenso.
“El tema del ahorro es mucho más transversal, más fácil de explicar socialmente y no genera enfrentamientos ideológicos tan fuertes”, remarcan desde La Libertad Avanza, que ahora vuelve a acercarse a bloques aliados como el PRO, liderado por Cristian Ritondo, y a parte de la UCR, con Rodrigo De Loredo como referente parlamentario.
Sin embargo, aún con ese respaldo no alcanzaría para alcanzar la mayoría necesaria en ambas cámaras. El apoyo de los gobernadores provinciales aparece como el factor decisivo para lograr la sanción. En ese sentido, el Gobierno trabaja para consolidar acuerdos con líderes provinciales “dialoguistas” o independientes.
Los gobernadores que ya tendieron puentes
Esta semana, diputados vinculados a mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Martín Llaryora (Córdoba), evitaron dar quórum en una sesión donde la oposición buscaba avanzar con proyectos previsionales que comprometerían el equilibrio fiscal defendido por Caputo.
“Muchos gobernadores tienen bien visto acompañar o ayudar al Gobierno para darle gobernabilidad, y mucho más con una medida económica que les puede dinamizar las economías regionales”, afirman desde el bloque oficialista en Diputados.
Al mismo tiempo, aclaran que la viabilidad del proyecto dependerá de que no afecte la coparticipación federal de impuestos, ya que ese es el principal eje de preocupación en las provincias.
Incentivos fiscales y clima político
Desde el Gobierno aseguran que la ley ofrecerá incentivos fiscales a las provincias para que acompañen la iniciativa. “La normativa está diseñada para no afectar los recursos coparticipables, y al mismo tiempo puede impulsar la formalización de capitales que hoy están fuera del sistema”, explicó Pazo.
Aunque algunos gobernadores consultados por la prensa alegaron que no estaban al tanto del contenido del proyecto, en despachos cercanos al ministro Caputo creen que una vez que se presenten los borradores, la mayoría de los mandatarios estarán dispuestos a avanzar.
“El mayor problema de las provincias hoy es la caída en la recaudación por la baja de la actividad y la inflación, no esta ley. Esto puede incluso mejorar la base imponible a futuro”, explicó un asesor económico del Ejecutivo.
Perspectivas y plazos
En la Casa Rosada hay optimismo, aunque con cautela. Saben que los tiempos legislativos se verán restringidos por el calendario electoral y que la oposición podría especular políticamente con demorar la discusión. Sin embargo, apuestan a que el proyecto, al no tocar intereses sensibles, pueda ser tratado antes de fin de año.
“Si no sale ahora, se intentará después del recambio legislativo. Pero creemos que hay chances reales de aprobarlo este año”, confiaron altas fuentes del oficialismo.
Mientras tanto, desde el oficialismo seguirán trabajando en una estrategia de comunicación que explique los beneficios para los ahorristas, buscando generar presión ciudadana sobre los legisladores que aún dudan.
