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Por Agroempresario.com
En un contexto de bajo nivel de monetización formal y altos niveles de informalidad en la economía, el Gobierno nacional presentó un ambicioso plan para impulsar el consumo, incentivar la inversión y promover una remonetización basada en el dinero atesorado por fuera del sistema financiero. La presentación fue encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que estas iniciativas son claves para sostener un crecimiento económico del 6% en los próximos años.
El núcleo del programa se basa en alentar el uso de dólares no declarados —los llamados “dólares del colchón”— y otros activos que hoy circulan por fuera del sistema formal. Según estimaciones privadas, en Argentina hay más de 250 mil millones de dólares en billetes físicos fuera del circuito bancario. El objetivo es que una parte de esos fondos se vuelque al consumo y la inversión, sin temor a sanciones fiscales ni investigaciones retroactivas.
El plan contempla medidas que se implementarán de forma inmediata mediante decretos o resoluciones. Una de las más relevantes es la eliminación de regímenes informativos en operaciones como la compraventa de inmuebles y autos usados. Los escribanos ya no deberán completar el formulario CITI, que obligaba a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) —ahora denominada ARCA— sobre detalles de cada transacción. En su lugar, bastará con una declaración jurada del comprador sobre la licitud de los fondos utilizados.
Lo mismo ocurrirá con las compras de automóviles usados, donde el comprador no deberá justificar el origen del dinero más allá de una declaración formal. Otro cambio significativo es que las administradoras de tarjetas de crédito dejarán de informar a ARCA sobre los consumos mensuales de sus clientes, lo que elimina una de las principales fuentes de monitoreo de gastos en la economía informal.
Uno de los puntos más celebrados por el sector privado fue el aumento sustancial en los umbrales de información obligatoria. Hasta ahora, los bancos estaban obligados a reportar los saldos superiores a un millón de pesos al final de cada mes. Ese piso se eleva ahora a 50 millones de pesos. Para las sociedades de Bolsa (Alyc), el nuevo mínimo de reporte será de 100 millones de pesos.
Estos cambios apuntan a reducir la presión informativa sobre las personas y empresas, facilitando así las operaciones de consumo e inversión sin temor a ser fiscalizados. “Queremos que la gente esté tranquila cuando quiera comprar algo, sin miedo a que la vengan a perseguir”, explicó Caputo.
El ministro de Economía fue claro al señalar que la elevada carga tributaria que existe en Argentina obliga a muchas empresas y familias a operar en la informalidad. En ese contexto, el Gobierno decidió no considerar como delito la tenencia de dinero no declarado y su uso para la adquisición de bienes. La intención es mirar para otro lado, al menos por ahora, y permitir que esos recursos se integren al sistema sin consecuencias fiscales.
“En Argentina es tan alta la carga tributaria que obliga a que muchas empresas trabajen en la informalidad”, repitió Caputo, en una frase que sintetiza el espíritu del plan.
Para sostener esta política en el tiempo, el Gobierno impulsa también reformas legislativas que brinden seguridad jurídica a quienes decidan utilizar sus ahorros no declarados. Se buscará modificar la Ley Penal Tributaria para impedir que se inicien juicios contra quienes ingresen voluntariamente sus fondos en el sistema. Además, se presentará un proyecto de ley que garantice estabilidad tributaria sobre los bienes adquiridos con dinero no declarado.
El recuerdo de lo ocurrido tras el blanqueo de capitales del 2016 aún está fresco: muchos de los contribuyentes que se sinceraron con el fisco durante el gobierno de Mauricio Macri luego se vieron alcanzados por el impuesto a la riqueza implementado por la gestión de Alberto Fernández. Por eso, el actual Gobierno busca evitar que vuelva a suceder.
Uno de los conceptos que más llamó la atención fue el de “dolarización endógena”, es decir, el proceso por el cual aumenta naturalmente la cantidad de dólares que circulan en la economía formal sin necesidad de una decisión estructural de abandonar el peso. Caputo explicó que permitir el uso libre de dólares atesorados es una manera de fomentar este proceso y, al mismo tiempo, dar impulso al crecimiento económico.
“Si logramos que una parte de esos dólares se vuelque al consumo y a la inversión, el efecto multiplicador puede ser enorme. Y todo eso sin emitir un solo peso”, enfatizó el ministro.
El sector agroindustrial podría ser uno de los grandes beneficiarios de estas medidas. Con reglas más claras y menor intervención estatal, muchos productores que actualmente operan parcialmente en negro podrán formalizar sus operaciones, acceder a financiamiento y expandir sus inversiones sin temor a represalias fiscales. La remonetización también podría traducirse en un mayor dinamismo para la compra de maquinaria, insumos y tierras.
Además, en el interior del país —donde el uso de efectivo es más frecuente y la dolarización cultural más arraigada— estas iniciativas podrían acelerar el movimiento económico y la formalización del circuito productivo.
El Gobierno apuesta a que estas medidas generen un cambio cultural profundo. En lugar de vivir con miedo al control fiscal, se busca que las personas y las empresas operen con libertad, sabiendo que no serán castigadas por haber ahorrado fuera del sistema. Esta “pacificación fiscal” apunta a recomponer la relación entre el Estado y los contribuyentes, basada en la confianza y no en la coerción.
“No se trata de premiar al que no cumplió, sino de dejar atrás un sistema que castiga el éxito y empuja a la informalidad”, concluyó Caputo.
