Provincias en alerta: el Gobierno las presiona para adherir al nuevo régimen fiscal de Ganancias

Por Agroempresario.com

El Gobierno nacional avanza con un ambicioso paquete de reformas tributarias que incluye la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y la reducción de los plazos de prescripción de delitos fiscales. Pero para que ese “cerrojo legal” tenga eficacia plena, necesita del respaldo clave de las provincias. La tensión entre Nación y los gobiernos subnacionales escala mientras los gobernadores reclaman la letra chica del proyecto de ley, advierten sobre la posible caída en la recaudación y exigen precisiones sobre los cambios en el acceso a la información fiscal.

Un cerrojo con letra chica: la apuesta de ARCA

La Administración de Recaudación y Control Argentino (ARCA) comunicó que convocará a las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de datos fiscales, como parte de una estrategia para forzar la adhesión a las medidas tributarias impulsadas por la Casa Rosada. Según el organismo, aquellas jurisdicciones que no se sumen perderán el acceso a la información de facturación y consumos por encima de los $50 millones, clave para fiscalizar Ingresos Brutos y otros tributos locales.

Esta medida se enmarca en la búsqueda de asegurar el cumplimiento del régimen simplificado de Ganancias, que apunta a captar los “dólares del colchón” y brindar seguridad jurídica a quienes decidan sincerar activos. El Ejecutivo nacional sostiene que el “cerrojo” es indispensable para evitar que futuras administraciones reviertan los beneficios otorgados a quienes ingresen al nuevo sistema.

Reducción de la prescripción: una jugada política

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la modificación del plazo de prescripción para delitos fiscales, que actualmente es de cinco años. La nueva propuesta, aún en redacción, prevé una reducción a solo dos años. La intención es generar un blindaje jurídico para los contribuyentes que adhieran al nuevo régimen.

Pero este cambio requerirá una adhesión activa de cada provincia, que deberá sancionar normas locales para armonizar sus plazos con los del fisco nacional. El oficialismo intenta así una estrategia doble: impulsar una reactivación económica vía alivio fiscal, y presionar políticamente a los gobernadores para que acompañen.

Buenos Aires y CABA, con cautela y reparos

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires señalaron que las disposiciones nacionales “no modifican la normativa tributaria provincial ni el funcionamiento de ARBA”. Su titular, Cristian Girard, fue contundente: “Los controles siguen activos y no hay cambios reales sin una ley aprobada. ARBA seguirá fiscalizando con los mismos criterios”.

Además, advirtió que quienes recurran a fondos de origen ilícito siguen expuestos a sanciones, y que la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos no ha sido alterada. Desde el oficialismo bonaerense subrayan que las medidas nacionales podrían tener efectos indirectos en tributos como el Inmobiliario o el Automotor si se declaran bienes no registrados, pero insisten en que nada cambiará sin debate legislativo.

En la Ciudad de Buenos Aires fueron más cautos. Desde el Ministerio de Hacienda porteño informaron que aguardarán la versión final del proyecto para evaluar su impacto y determinar los pasos a seguir. Recordaron además que aún está pendiente la adhesión local al blanqueo de capitales votado el año pasado, lo que genera un antecedente de demora institucional en temas fiscales.

Santa Fe toma distancia y lanza su propio modelo

Desde Santa Fe, el ministro de Economía Pablo Olivares fue categórico: “La provincia no va a establecer ningún régimen que obligue a los agentes económicos a entregar información”. En lugar de adherir a las medidas de ARCA, Santa Fe planea impulsar su propio sistema de control desde una “lógica criminal”, con una estructura de inteligencia fiscal integrada al área de Seguridad.

Olivares remarcó además un riesgo que otros gobernadores comparten: la flexibilización de los controles de información podría inducir a la subfacturación, afectando la recaudación de tributos provinciales como Ingresos Brutos, que comparte base imponible con el IVA. “Si se eleva el umbral de datos en efectivo, podría facilitar maniobras evasivas en cascada”, advirtieron desde la cartera económica santafesina.

La presión de la Casa Rosada y el dilema político

Fuentes de la Casa Rosada aseguran que el objetivo de la reforma es mejorar la recaudación coparticipable y no perseguir a los contribuyentes. “Las provincias deberían apoyar este proyecto, ya que se traduce en más recursos compartidos”, afirmaron. Pero también dejaron una advertencia política: “Si algún gobernador quiere quedar como el que persigue a los ciudadanos de bien, deberá afrontar las consecuencias”.

El Ejecutivo busca sumar volumen político al proyecto en el Congreso, y considera clave el acompañamiento del radicalismo y otros sectores dialoguistas. En paralelo, avanza con modificaciones a la ley penal tributaria y al procedimiento fiscal, que complementarán las medidas anunciadas vía decreto.

Los próximos pasos y las dudas que persisten

Hasta ahora, el proyecto de ley aún no ingresó al Congreso. Legisladores provinciales, contadores, cámaras empresarias y estudios tributarios esperan conocer el texto para evaluar su impacto real. Entre las principales dudas figuran:

• ¿Qué ocurrirá con los contribuyentes que hayan declarado bienes en anteriores blanqueos?
   
• ¿Cómo se implementará el nuevo régimen sin que sea utilizado para encubrir fondos de origen dudoso?
   
• ¿Cuál será la coordinación efectiva entre ARCA y los fiscos provinciales si hay provincias que no adhieren?
   

Desde el oficialismo aseguran que todas esas preguntas serán respondidas en la normativa que se presentará en los próximos días. La intención es que las reformas estén aprobadas antes del cierre del primer semestre, como parte del paquete de medidas económicas para estabilizar el frente fiscal y monetario.