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Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y avanza con una estrategia política para asegurar su continuidad mediante un proyecto de ley que se presentará esta semana en el Congreso. Con el objetivo de consolidar un esquema tributario más simple y menos invasivo para los contribuyentes, la Agencia de Recaudación de Contribuyentes Argentinos (ARCA) habilitó este domingo la adhesión al régimen a través de un aplicativo digital.
El Ejecutivo espera que la adhesión provincial a este nuevo sistema permita garantizar su implementación a largo plazo. Hasta ahora, Catamarca y Tucumán ya firmaron los primeros compromisos de adhesión. Se espera que este lunes se sumen Entre Ríos y Chubut, lo que marcaría una señal política fuerte de respaldo federal a la propuesta impulsada por la administración libertaria.
El nuevo régimen elimina, entre otros aspectos, la obligación de informar el patrimonio al inicio y al final del período fiscal, así como el cálculo del monto consumido derivado del cruce entre activos y consumos. Según tributaristas consultados, esta simplificación administrativa reduce la carga para los contribuyentes, aunque también limita la capacidad de control automático del fisco sobre el crecimiento patrimonial no justificado.
El régimen está disponible desde ahora, pero aplicará a las declaraciones juradas del período fiscal 2025, a presentarse en 2026. La adhesión de las provincias tiene un papel central, ya que ARCA exige que las jurisdicciones no establezcan regímenes paralelos ni aumenten los controles sobre los contribuyentes, a cambio de seguir recibiendo datos tributarios desde Nación.
La estrategia oficial busca blindar políticamente y jurídicamente el nuevo esquema tributario. El catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo fueron los primeros en comprometerse, mientras que esta semana se espera el apoyo formal del entrerriano Rogelio Frigerio y del chubutense Ignacio Torres. Todos, en mayor o menor medida, mantienen canales de diálogo fluido con el Gobierno nacional.
Según fuentes oficiales, las provincias que no adhieran al régimen dejarán de recibir información clave de facturación de personas físicas y jurídicas, así como datos sobre consumos que superen los $50 millones anuales. Esta advertencia funciona como mecanismo de presión para sumar más apoyos.
En paralelo, el titular de ARCA, Juan Pazo, mantuvo reuniones con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En el caso porteño, el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, mostró buena predisposición, aunque propuso crear una mesa técnica para evaluar los detalles del convenio. Por su parte, la administración de Axel Kicillof adoptó una postura más cauta: si bien ya existe un acuerdo de intercambio de información con Nación, sería necesaria una adenda para modificarlo.
El Gobierno enviará esta semana al Congreso un proyecto de ley que busca modificar dos aspectos clave del régimen penal tributario: el monto desde el cual se configura un delito de evasión y el plazo de prescripción.
Actualmente, se considera evasión simple cuando se superan los $1,5 millones en impuestos omitidos (equivalentes a unos USD 15.000), un umbral vigente desde 2017. Si se actualizará por inflación, el nuevo piso rondaría los $100 millones. En cuanto al plazo de prescripción, pasaría de cinco a solo dos años, acortando significativamente el tiempo en el que el fisco puede perseguir penalmente a los evasores.
Desde el Gobierno aseguran que estas modificaciones están alineadas con los nuevos umbrales para la información fiscal automática y que buscan fomentar la formalización de capitales que hoy están fuera del sistema. “El objetivo es que más contribuyentes ingresen al régimen sin temor a sanciones desproporcionadas”, señalaron desde Economía.
Otro de los ejes detrás del nuevo esquema fiscal es generar condiciones para facilitar el uso de ahorros no declarados, los llamados “dólares del colchón”. El Gobierno pretende dar señales de seguridad jurídica y estabilidad normativa que incentiven a los ciudadanos a blanquear sus activos. Por eso, busca que el nuevo régimen tenga respaldo legal y consenso político transversal.
Además, se apunta a evitar superposiciones entre los regímenes provinciales y el nacional, reduciendo así la burocracia tributaria y la posibilidad de doble imposición. Según ARCA, la existencia de múltiples sistemas de control desalienta la formalización y aumenta la litigiosidad.
El Gobierno nacional buscará cerrar en los próximos días nuevas adhesiones provinciales y avanzar con el debate parlamentario del proyecto. El respaldo de gobernadores es clave para asegurar una rápida aprobación legislativa, especialmente en un contexto de fragmentación política como el actual.
También será determinante el rol de la oposición dialoguista y de sectores del peronismo no kirchnerista, que podrían acompañar las reformas si se garantizan beneficios concretos para las provincias. En ese sentido, el Ministerio de Economía ya trabaja en una propuesta de redistribución más eficiente de la coparticipación como incentivo adicional.
La batalla por el nuevo régimen de Ganancias recién comienza, pero el oficialismo ya logró una primera victoria simbólica: sumar apoyos de gobernadores de distintos signos políticos y abrir un debate fiscal que podría marcar un antes y un después en la relación entre Nación y provincias.
