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Por Agroempresario.com
Con un creciente malestar que se mantiene en voz baja pero que ya no puede disimularse, gobernadores de diferentes espacios políticos se reunirán esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires, para evaluar la fuerte caída de ingresos que sufren las provincias por la baja en la coparticipación y la virtual paralización de las transferencias nacionales. La reunión congregará a mandatarios del peronismo, la UCR y el PRO, en un contexto marcado por el ajuste fiscal del Gobierno nacional, la contracción del consumo y la presión que genera la proximidad del pago del medio aguinaldo.
El dato que más inquieta a los jefes provinciales es la pérdida real acumulada por las provincias en concepto de transferencias automáticas. La merma interanual en las transferencias de coparticipación para 2024 ronda el 4,2%, mientras que la caída respecto a 2023 alcanza niveles aún más dramáticos. Según estimaciones internas, en el bienio 2023–2025 las provincias podrían recibir alrededor de $7,4 billones menos en términos reales. Estos recursos representan una fuente vital de financiamiento: en 2024, constituyen el 45% del total de los ingresos provinciales, y en 12 jurisdicciones llegan a superar el 60%.
Los gobernadores coinciden en que se trata de una situación crítica. Algunos plantean que este nivel de recorte afecta directamente la capacidad de pago de sueldos y aguinaldos. Además, alertan sobre la falta de fondos para sostener obras públicas claves, muchas de ellas paralizadas desde el inicio de la actual gestión nacional.
El encuentro en el CFI es convocado formalmente por su titular, Ignacio Lamothe, pero detrás hay un consenso silencioso: los mandatarios necesitan una instancia común donde compartir diagnóstico y definir líneas de acción frente a un gobierno nacional que muestra escasa predisposición al diálogo. El anfitrión será la Ciudad de Buenos Aires, en una sede provisoria por refacciones en la histórica sede de San Martín.
La lista de confirmados incluye a al menos quince gobernadores. Entre ellos estará Axel Kicillof, que intenta reposicionarse dentro del peronismo con una estrategia más amplia y pragmática. También participarán mandatarios como Rogelio Frigerio, Gustavo Valdés, Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, de espacios opositores pero igualmente golpeados por la caída de fondos.
La presencia de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, es otra novedad. Aunque técnicamente no forma parte del CFI, su decisión de sumarse al encuentro muestra que las tensiones con la Casa Rosada trascienden las fronteras partidarias. Su disputa con el presidente Javier Milei ha sido pública y sostenida.
Desde el arranque de su gestión, el presidente Milei impulsó un drástico recorte del gasto público, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. Si bien esto logró contener algunos indicadores macroeconómicos, el costo lo asumen en gran parte las provincias. La obra pública nacional quedó prácticamente detenida, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son mínimos, y las transferencias discrecionales desaparecieron casi por completo.
En paralelo, la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo nacional redujo la base imponible de varios impuestos coparticipables, mientras que la recaudación se ve afectada por el estancamiento del consumo. Así, la coparticipación perdió poder de compra en términos reales. El último informe de la Comisión Federal de Impuestos advirtió que en abril la coparticipación creció nominalmente un 10,6% interanual, pero eso implica una caída real de más de 50 puntos, el peor registro desde la pandemia.
El ajuste se siente fuerte en la gestión diaria. Los gobernadores deben afrontar con recursos menguantes gastos inflexibles como sueldos, servicios esenciales y programas sociales. Algunos ya activaron fondos de emergencia o refinanciaciones de deuda para llegar a junio.
El panorama se complica por la caída de la inversión pública. La paralización de obras nacionales afecta especialmente a la infraestructura vial, educativa y habitacional. Además, se ralentizaron los programas de vivienda que contaban con cofinanciamiento federal. Los reclamos por el mal estado de rutas nacionales se multiplican, al igual que la demanda de fondos para mantenimiento escolar y hospitales.
En este contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, propuso un nuevo pacto fiscal que habilite a las provincias a hacerse cargo de obras con impuestos que actualmente recauda la Nación. La iniciativa no fue bien recibida por la Casa Rosada, pero empieza a ganar respaldo entre otros mandatarios.
A pesar de las tensiones, algunos gobernadores mantienen diálogos con funcionarios nacionales y actores del entorno presidencial, como Santiago Caputo. Es el caso de Valdés, Frigerio y, en menor medida, Cornejo. El objetivo es no romper del todo los puentes, especialmente en un año en que la discusión por los recursos y el cronograma electoral se cruzan inevitablemente.
En paralelo, se desarrolla la interna del peronismo. La confirmación de la candidatura de Cristina Kirchner como diputada provincial en Buenos Aires sacudió el tablero. El impacto más directo lo sufre Kicillof, que enfrenta el desafío de sostener la unidad del espacio mientras lidia con un presupuesto cada vez más ajustado.
En la vereda opuesta, La Libertad Avanza y el PRO negocian una alianza para competir en las elecciones provinciales bonaerenses de septiembre, donde las intendencias serán claves. La alianza entre libertarios y macristas podría alterar el equilibrio político en el principal distrito del país.
Uno de los grandes interrogantes que rodea la cumbre del CFI es si los gobernadores lograrán consensuar una estrategia común. Hasta ahora, los encuentros fueron sectoriales, y predominó una actitud pasiva frente al Gobierno nacional. Las quejas se acumularon en privado, pero muy pocos las hicieron públicas. El miedo a enfrentarse a una gestión que conserva altos niveles de apoyo en algunas regiones es real, y la falta de un liderazgo articulador complica las cosas.
Sin embargo, la situación económica no da tregua. La caída de ingresos, el freno de la obra pública, la presión sindical y la demanda social obligan a actuar. Algunos proponen emitir un documento conjunto que exprese preocupación y solicite instancias de diálogo institucional. Otros impulsan acciones más directas, como judicializar el recorte de fondos o avanzar con mecanismos de financiamiento internacional alternativo.
El resultado del encuentro puede marcar un punto de inflexión. Si los gobernadores logran articular una posición, podrían cambiar el tono del vínculo con la Nación. Si no, el escenario seguirá fragmentado, con provincias cada vez más aisladas y un modelo de gestión nacional concentrado en el poder central.
