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Por Agroempresario.com
En medio del avance del Gobierno sobre organismos descentralizados, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se convirtió en epicentro de una polémica creciente. Más de 30 exinvestigadores y personal jubilado del organismo emitieron una carta abierta en la que acusan al ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, de “mentir deliberadamente” sobre el funcionamiento, la estructura y el presupuesto del INTA. La reacción surge tras recientes declaraciones del ministro en las que cuestionó el tamaño y el gasto del organismo, afirmaciones que los firmantes calificaron de “erróneas” y “maliciosas”.
Desde el inicio de su gestión, Sturzenegger impulsa una reforma profunda del modelo de gobernanza del INTA, hoy basado en un Consejo Directivo plural con participación de entidades del agro, facultades universitarias y el Gobierno. El nuevo enfoque propone un control más centralizado, lo que ha generado alarma entre trabajadores, investigadores y exautoridades de distintas gestiones.
En declaraciones públicas, el ministro ironizó sobre la dimensión del organismo al preguntarse qué hace el INTA con 6000 empleados, 3000 vehículos y 400 mil millones de pesos de presupuesto. Según los exmiembros del INTA, esa cifra es falsa. “El presupuesto real es de 223 mil millones, y gran parte se compensa con convenios con privados y subsidios internacionales”, explicaron. También señalaron que muchos de los vehículos mencionados están en mal estado, por el uso intensivo en las rutas del interior.
En la carta, los firmantes señalan que Sturzenegger eligió el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, realizado en la city porteña, para lanzar sus cuestionamientos. “No fue casual: se trataba de una audiencia ajena culturalmente al campo”, afirmaron, al tiempo que recordaron que el INTA tiene presencia federal en más de 250 agencias de extensión rural, 53 estaciones experimentales y 6 centros de investigación.
Los exinvestigadores subrayaron que la función del INTA trasciende el número de empleados o el presupuesto. “El organismo ha desarrollado tecnologías de enorme impacto, como la siembra directa, el silo bolsa, mejoras genéticas en múltiples cultivos, maquinaria de precisión y vacunas para enfermedades ganaderas”, detallaron. También destacaron que el INTA ha decodificado el genoma de la “chicharrita”, vector del mal del Río Cuarto, y que su conocimiento es exportado internacionalmente.
Uno de los momentos más cuestionados fue cuando el ministro comparó el presupuesto del INTA con el monto recaudado por las retenciones al maíz, sugiriendo que el organismo consumía la mitad de esos recursos. Según cálculos basados en datos de la Bolsa de Cereales de Rosario, las retenciones totales del agro para 2025 rondarían los 9,3 billones de pesos, mientras que el presupuesto del INTA representa apenas el 2,3% de ese total y el 16% de las retenciones al maíz, no la mitad como sostuvo el funcionario.
Los firmantes advierten que manejar datos falsos para fundamentar decisiones políticas es sumamente grave. “Una posibilidad es que haya un desconocimiento alarmante. Otra, más preocupante, es que se trate de una mentira deliberada para justificar un ajuste y desmantelamiento del organismo”, plantearon.
Los exinvestigadores denunciaron que detrás del proyecto de reforma no solo hay una intención de mejorar la eficiencia, sino de quitarle la autarquía, despedir personal sin criterios técnicos, cerrar agencias rurales, vender tierras y nombrar políticamente a los gerentes del organismo. Esto implicaría un retroceso significativo en el carácter técnico, científico y federal del INTA, cuya estructura actual permite una articulación con pequeños y medianos productores de todo el país.
El documento de los exinvestigadores se suma a otras expresiones públicas de rechazo. En mayo, 21 presidentes de Consejos Regionales y Centros de Investigación del país calificaron el proceso como “irracional, inconsulto y violento”. También se pronunciaron en contra del proyecto exministros y exsecretarios de Agricultura de gestiones peronistas y kirchneristas, como Felipe Solá, Julián Domínguez, Luis Basterra, Javier de Urquiza, Carlos Cheppi, Norberto Yauhar y Juan José Bahillo.
Sin embargo, desde entidades rurales como las sociedades rurales de San Pedro, Pergamino, Rojas, Lincoln, Baradero, Capitán Sarmiento, Salto, Colón, San Antonio de Areco y Arrecifes, también hubo críticas, pero dirigidas a los exfuncionarios. Según estos sectores, el verdadero vaciamiento del INTA ocurrió durante las décadas pasadas, cuando se firmaban contratos al servicio de empresas con cláusulas de confidencialidad, se imponían vetos a publicaciones científicas y se usaba el sindicalismo como refugio para la ineficiencia.
“Se lo vaciaba de dignidad, de compromiso y de función pública”, afirmaron, aunque coincidieron en la necesidad de preservar el instituto, proteger a los mejores técnicos y sanear su estructura interna.
En este contexto, se abre un fuerte debate sobre el futuro del INTA. Si bien es legítima la discusión sobre eficiencia y modernización, muchos alertan que el rumbo actual puede destruir décadas de desarrollo científico y territorial. El riesgo es que se imponga una lógica cortoplacista, en detrimento de un modelo productivo federal, sustentable y basado en la generación de conocimiento.
La carta concluye con un mensaje claro: “Los cambios necesarios en el INTA deben surgir del consenso técnico y no del desconocimiento político. La ciencia agropecuaria argentina merece respeto, no manipulación”.
