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Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional avanza con su plan de privatización energética y espera obtener entre USD 400 y USD 500 millones con la licitación de las represas del Comahue, cuya concesión actual vence el 11 de agosto de 2025. Se trata de un proceso clave en el marco de la estrategia oficial para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y dar previsibilidad al abastecimiento eléctrico en la región.
Las represas involucradas en este esquema son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. En la actualidad, las centrales hidroeléctricas están bajo gestión de las compañías AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, y su potencia instalada conjunta representa entre el 10% y 15% de la matriz energética nacional, con una capacidad total estimada en 4.170 megawatts (MW).
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó durante una entrevista en el canal digital Carajo que los pliegos para la licitación ya están en preparación y se publicarán en los próximos días. El objetivo es licitar el paquete accionario de las centrales y adjudicar nuevas concesiones por un período de 30 años, replicando el modelo aplicado durante la década del 90.
Las nuevas concesiones, explicaron desde la Secretaría de Energía, mantendrán el carácter de gestión privada con control estatal. La intención es atraer nuevos operadores o consorcios mediante un proceso competitivo de venta pública antes de la expiración del contrato actual. La transición, por su parte, requerirá una coordinación técnica entre las empresas salientes y las entrantes, con el fin de garantizar la continuidad operativa y la administración de los caudales de agua.
Según fuentes oficiales, los ingresos generados por esta reprivatización serán claves para reforzar el nivel de reservas del BCRA, en un contexto donde el Gobierno busca acelerar la acumulación de dólares y estabilizar variables macroeconómicas sensibles.
No obstante, el plan ha generado tensiones con las provincias involucradas. Tanto Neuquén como Río Negro han expresado su disconformidad por no haber sido consultadas inicialmente en el diseño del proceso licitatorio. Los gobiernos provinciales sostienen que, al tratarse de un recurso natural en su jurisdicción, deben tener una participación activa en la gestión de las represas.
Tras semanas de negociación, Nación y las provincias lograron arribar a un acuerdo político que destrabó el conflicto. Según informó el medio especializado Econojournal, se consensuó que Neuquén y Río Negro percibirán un canon del 1% por el uso del agua, una compensación que no figuraba en los contratos originales y que era una de las demandas centrales de los gobiernos locales.
Además, se debatirá un nuevo esquema de administración conjunto que contemple aspectos ambientales, productivos y sociales. Desde la Secretaría de Energía confirmaron que se están incorporando criterios de sostenibilidad en los nuevos pliegos, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental, regulación de embalses y mecanismos de compensación ante posibles efectos colaterales de la explotación hidroeléctrica.
Este enfoque marca un giro respecto de las concesiones originales firmadas en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se estableció el régimen actual por un plazo de 30 años, con opción a una prórroga. Esa extensión, activada en agosto de 2023, vence este año y marca el fin de una etapa en la historia energética argentina.
La privatización de las represas del Comahue no será un caso aislado. Desde este año comenzarán a vencer otras 15 concesiones hidroeléctricas, muchas de menor escala pero de importancia regional, que también podrían ser sometidas a procesos de revisión, adjudicación o reprivatización.
Expertos del sector energético sostienen que, si bien la entrada de nuevos actores puede mejorar la eficiencia operativa, es clave garantizar la transparencia del proceso licitatorio, asegurar la reinversión en infraestructura y preservar el acceso equitativo a los recursos naturales.
Los próximos meses serán decisivos para definir el destino de uno de los pilares del sistema energético nacional. Mientras el Gobierno apuesta por sumar dólares con la reprivatización, las provincias buscarán asegurarse una mayor participación y control en la gestión del agua, un recurso cada vez más estratégico.
