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Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional alcanzará en mayo un superávit fiscal superior al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), marcando un hito en el proceso de ajuste que encabeza el Ministerio de Economía. Según estimaciones oficiales y privadas, el excedente primario -antes del pago de intereses de deuda- no solo cumplirá con la meta acordada de $6 billones al cierre de mayo, sino que la superará, consolidando así un sendero de disciplina fiscal más exigente que el pactado con el organismo multilateral.
Este resultado no es menor: se da en un contexto donde el Ejecutivo redefinió la arquitectura del gasto, priorizando la reducción de subsidios económicos, obra pública y erogaciones en personal por sobre el gasto social indexado como jubilaciones y pensiones. De este modo, el Estado logra demostrar ante los mercados y el FMI su voluntad de consolidación fiscal, aun cuando las metas de reservas internacionales enfrentan desafíos mayores.
El dato oficial de mayo se conocerá en las próximas horas y será clave para la evaluación técnica del Fondo, cuyo staff arribará a Buenos Aires en los próximos días para revisar el cumplimiento del programa vigente. A diferencia de años anteriores, economistas y consultoras destacan que el perfil del ajuste no solo está centrado en la magnitud del recorte, sino también en su calidad y sustentabilidad estructural.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al cierre de abril el superávit primario acumulado alcanzó los $5,2 billones. Esto implicaba la necesidad de lograr al menos $800.000 millones en mayo para alcanzar el objetivo previsto en el acuerdo con el FMI. Sin embargo, estimaciones preliminares indican que se superó holgadamente ese umbral. De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ya reportó que entre enero y mayo el superávit primario fue de $7,7 billones, lo que colocaría al Gobierno en una posición cómoda para renegociar condiciones futuras del programa.
El objetivo fiscal para todo 2025 es de $10,5 billones de superávit primario, equivalente al 1,3% del PBI. No obstante, el Gobierno elevó unilateralmente esa vara a 1,6%, buscando reforzar la señal de austeridad frente al FMI y a los inversores globales. En este sentido, el superávit primario obtenido en los primeros cinco meses del año representa más del 70% de la meta anual, anticipando una ejecución presupuestaria más rigurosa que la de 2024.
Un aspecto clave que diferencia al ajuste fiscal de 2025 respecto a ejercicios anteriores es su composición. Según el Instituto IERAL, el 54% del ajuste hasta ahora se explica por la reducción de subsidios a la energía, un 37% por menores transferencias a hogares (excluyendo AUH), y un 8% por recorte de gastos en personal.
La baja en subsidios responde a un doble fenómeno: por un lado, una mayor participación del usuario en el costo del servicio, producto de los tarifazos aplicados en los primeros meses del año; y por otro, la significativa caída en los costos de generación energética debido a la sustitución de importaciones de gas por producción local más barata.
La consultora Analytica informó que los subsidios cayeron 62,4% en mayo y acumulan un recorte de 60,3% en lo que va del año. El ajuste sobre la obra pública también fue contundente: 51% de baja en mayo y 52,1% en el período enero-mayo. Esto explica por qué, pese al crecimiento de partidas sociales atadas a la inflación, como jubilaciones y AUH, el balance fiscal sigue mostrando números positivos.
Si bien los ingresos del Estado no acompañaron en la misma magnitud, la contracción del gasto permitió sostener el resultado fiscal. La OPC señaló que entre enero y mayo los ingresos cayeron 2,4% interanual, con una fuerte baja de 17,2% en mayo. En paralelo, los gastos totales bajaron 2,3%, aunque los primarios crecieron 4,2% en ese lapso. Es decir, el resultado positivo no fue producto de un boom recaudatorio, sino de una administración austera.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) detalló que en mayo la caída de los ingresos fue mayor que la de los gastos, rompiendo una tendencia que venía desde febrero. Aun así, impulsado por el ingreso extraordinario de utilidades del BCRA en abril, el Resultado Primario acumulado fue de $19,92 billones, mientras que el Resultado Financiero alcanzó los $16,55 billones. Excluyendo ese ingreso excepcional, las cifras siguen siendo positivas: $7,72 billones de superávit primario y $4,35 billones de superávit financiero.
El gasto en programas sociales fuera de asignaciones y AUH tuvo un retroceso de 12,8% en mayo y de 20,7% en los primeros cinco meses. Por el contrario, jubilaciones y pensiones crecieron 10,8% en mayo y 20,7% en el acumulado, al igual que la AUH y asignaciones familiares (24,8% y 39,7%, respectivamente), que están indexadas por ley. Esta dinámica refleja un reordenamiento del gasto más que una reducción indiscriminada.
La consultora LCG aportó una visión adicional: “El superávit logrado se debe también a una base de comparación débil, luego del brutal ajuste inicial de la gestión. La desinflación, además, achicó el gasto indexado por la fórmula de movilidad”. Para LCG, mayo también cerró con resultado positivo, aunque advirtieron sobre la caída de la recaudación del impuesto a las Ganancias (-41% interanual), que podría complicar meses venideros si no se recupera la actividad económica.
La misión del FMI que llegará en junio analizará estos datos con detalle. A pesar de que el objetivo de superávit primario estaba estipulado inicialmente para mayo, el plazo podría extenderse hasta julio para consolidar la revisión. El Gobierno espera no solo aprobar la auditoría sino también utilizarla como trampolín para negociar un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con mejores condiciones financieras y mayor margen de maniobra para estimular la economía.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ha sido el encargado de ejecutar y comunicar la estrategia fiscal. Su gestión se caracteriza por una mayor coordinación técnica con el FMI y un enfoque pragmático en las metas macroeconómicas. Desde su entorno destacan que “el superávit no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para estabilizar y ordenar la economía, sin caer en un ajuste ciego”.
Mientras tanto, el desafío pendiente sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo y la reactivación productiva. Pero el mensaje que el Gobierno quiere transmitir es claro: hay un cambio de paradigma en la política fiscal argentina. Uno que prioriza el equilibrio, la eficiencia y la previsibilidad, sin atajos ni dilaciones.
