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Por Agroempresario.com
En medio de crecientes tensiones entre los intereses energéticos y los compromisos ambientales, Brasil dio inicio este martes a una controvertida subasta internacional de concesiones petroleras. Organizada por la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), la licitación incluye 172 bloques para exploración y explotación ubicados en cinco cuencas sedimentarias —una terrestre y cuatro marinas—. El foco de la polémica está puesto en 47 de esos bloques situados en la región de Foz do Amazonas, una zona de alta sensibilidad ambiental cercana a la desembocadura del río Amazonas.
La licitación se desarrolla en un hotel de Río de Janeiro y cuenta con la participación de 12 empresas previamente autorizadas, entre ellas varias multinacionales del sector energético. Otras 31 firmas están registradas para participar como socias en consorcios liderados por los principales grupos habilitados.
Las áreas ofertadas se distribuyen entre la cuenca terrestre de Parecis y las cuencas marinas Potiguar, Santos, Pelotas y Foz do Amazonas. Esta última es la que más preocupación genera entre especialistas y organizaciones ambientales, que advierten sobre el riesgo de una catástrofe ecológica si se produjera un derrame de petróleo en el área.
La región de Foz do Amazonas es reconocida por su valor ecológico. Alberga ecosistemas frágiles como manglares, arrecifes de coral, y especies en peligro de extinción como el delfín gris y el manatí. También es el hogar de comunidades indígenas y pesqueras que dependen del equilibrio ambiental para su subsistencia.
La ONG Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas han manifestado un rechazo frontal a la inclusión de estos bloques en la subasta. Argumentan que se trata de una zona de “extrema sensibilidad socioambiental”, donde un derrame podría tener consecuencias irreversibles.
La petrolera estatal Petrobras, que impulsa activamente su expansión en nuevas áreas de explotación, aún no ha recibido la licencia ambiental necesaria para perforar en un bloque que obtuvo hace más de una década en esta misma región.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha expresado su apoyo a las iniciativas de Petrobras. El argumento oficial es que la apertura de nuevos frentes petroleros resulta clave para reponer las reservas nacionales y garantizar el financiamiento de la transición energética, incluyendo inversiones en energías renovables.
Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada por contradicciones evidentes. El propio gobierno de Lula se presenta como un líder regional en la lucha contra el cambio climático y será anfitrión de la Cumbre Climática COP30, a celebrarse en noviembre en Belém, ciudad situada en la región amazónica, a pocos kilómetros de las áreas en cuestión.
“La credibilidad de Brasil como líder climático está en juego. No se puede predicar la descarbonización mientras se abre paso a la expansión petrolera en zonas sensibles”, alertó un portavoz del Instituto Socioambiental (ISA), una de las entidades que se oponen al proceso.
La subasta podría no llegar a completarse. El Ministerio Público Federal (MPF) presentó una solicitud ante la Justicia para suspender el proceso licitatorio, alegando que no se han cumplido con los requisitos previstos en la legislación socioambiental brasileña. Según el MPF, el avance de la explotación en esta región violaría múltiples normas legales y compromisos internacionales asumidos por Brasil, entre ellos el Acuerdo de París.
En caso de que la ANP continúe con la licitación sin responder a estas observaciones, el MPF advirtió que pedirá la nulidad del proceso completo y la anulación de los contratos adjudicados. Se trataría de un duro revés para el plan de expansión petrolera del gobierno brasileño, y pondría en evidencia la dificultad de equilibrar desarrollo energético con protección ambiental.
Más allá del debate interno en Brasil, la subasta tiene implicancias para el equilibrio energético regional y los mercados internacionales. La apertura de nuevas zonas de exploración podría atraer inversiones extranjeras, pero también podría tensionar las relaciones con países vecinos que comparten ecosistemas marinos o tienen acuerdos de cooperación ambiental.
Además, el proceso se da en un contexto global en el que se acelera la transición hacia energías limpias, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas inversiones. A esto se suma el creciente escrutinio internacional sobre proyectos que puedan dañar la Amazonía, considerada un regulador climático planetario.
En este escenario, Brasil se encuentra en una encrucijada estratégica: potenciar su matriz energética tradicional o liderar la transformación verde que dice abanderar. Por ahora, la tensión entre intereses económicos y compromisos ambientales sigue sin resolverse, y el resultado de esta subasta podría marcar un precedente duradero.
