El Gobierno avanza con la convocatoria al Consejo de Mayo para debatir reformas clave

Por Agroempresario.com

En un contexto marcado por fuertes reclamos de las provincias por la caída de la recaudación y la falta de recursos coparticipables, el Gobierno nacional apuesta a reactivar el demorado Consejo de Mayo, el espacio multisectorial previsto en el Pacto de Mayo que aún no ha tenido su primera reunión. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lidera el impulso para que ese primer encuentro suceda en los próximos días, con el objetivo de comenzar a debatir reformas legislativas en áreas clave: equilibrio fiscal, reforma tributaria y modernización laboral.

La reunión, que podría tener lugar la próxima semana o en los primeros días de julio, busca avanzar en la concreción de los diez puntos firmados por el presidente Javier Milei y varios gobernadores el pasado 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán. El Consejo de Mayo, creado formalmente por el Decreto 617/2024, está compuesto por representantes del Ejecutivo, el Congreso, las provincias, el sector empresarial y los sindicatos.

En esta primera mesa de debate estarán, además de Francos, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora radical Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, por el Congreso; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en nombre de los sindicatos, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, por el sector empresario.

La urgencia de esta convocatoria responde al reclamo unificado de las provincias, que, a través de algunos de sus gobernadores, han solicitado al Gobierno nacional medidas concretas para paliar la pérdida de ingresos, provocada en parte por la recesión económica y la baja en la coparticipación de impuestos. En un reciente encuentro con Francos en la Casa Rosada, mandatarios provinciales pidieron la coparticipación del fondo remanente de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una readecuación del impuesto a los combustibles líquidos.

Sin embargo, Francos solicitó postergar una reunión prevista por los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la promesa de analizar sus propuestas y abordarlas directamente en el marco del Consejo de Mayo. De esta manera, el Ejecutivo busca ordenar el diálogo con las provincias y contener el creciente malestar, sin ceder en su objetivo de mantener el equilibrio fiscal, pilar central del programa de gobierno de La Libertad Avanza.

El Consejo de Mayo no es simplemente un foro consultivo: su función será articular consensos legislativos y transformar los diez puntos del Pacto de Mayo en leyes que tengan respaldo político y social. Entre esos compromisos se destacan: garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada, reducir el gasto público al 25% del PBI, promover una reforma tributaria simplificadora, modernizar la legislación laboral y avanzar en una nueva ley de coparticipación.

También se incluirán reformas al sistema previsional para asegurar su sostenibilidad, un rediseño del sistema educativo que garantice la alfabetización y la reducción del abandono escolar, y la promoción de la apertura comercial internacional, con el objetivo de reintegrar a la Argentina al mercado global.

Pese a la convocatoria general, cinco mandatarios provinciales decidieron no adherir al Pacto de Mayo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). La negativa de estos gobernadores, alineados con sectores del peronismo, deja en evidencia la dificultad del Ejecutivo para lograr consensos federales plenos.

El lugar elegido para la primera sesión del Consejo sería el Salón de los Escudos, ubicado en el histórico edificio de Balcarce 50, donde también se encuentra la oficina del jefe de Gabinete. La proximidad física con el poder central busca subrayar la importancia política del espacio y la necesidad de decisiones inmediatas.

Francos, además, deberá enfrentar otro desafío en paralelo: la próxima semana brindará un nuevo informe de gestión en el Senado, donde la oposición impulsa un proyecto para aumentar las jubilaciones mínimas. Esta iniciativa es rechazada por el oficialismo, que la considera fiscalmente inviable y contraria al sendero de ajuste que sostiene el Gobierno desde su asunción.

A casi un año de su creación formal y con meses de demora en su implementación, el Consejo de Mayo podría finalmente ponerse en marcha. De concretarse, marcaría el inicio de una etapa clave en la estrategia institucional del Gobierno de Milei, que busca legitimar su hoja de ruta reformista con respaldo político y multisectorial. Pero el éxito del Consejo dependerá no solo de la capacidad de diálogo del Ejecutivo, sino también de su habilidad para ceder, acordar y adaptar su agenda a la realidad económica y social del país.

La activación del Consejo de Mayo representa una oportunidad crítica para que el sector agroindustrial también se siente a la mesa de las grandes decisiones. Temas como la reforma impositiva, el comercio internacional y la infraestructura productiva son vitales para el campo, y su voz deberá tener un espacio relevante en los próximos debates. Con una política pública orientada al crecimiento del agro y la inversión productiva, el Gobierno podrá convertir esta crisis fiscal en una plataforma para el desarrollo sostenible del país.