Por Agroempresario.com
La decisión del gobierno nacional de restablecer las alícuotas de retenciones a niveles anteriores generará un fuerte impacto económico en tres provincias clave del país: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Según un informe difundido por el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), los productores agropecuarios de estas jurisdicciones perderán casi US$1000 millones al volver los Derechos de Exportación (DEX) a los porcentajes vigentes hasta enero pasado.
El decreto presidencial que estableció la rebaja temporal de las retenciones vence el próximo 30 de junio. A partir de julio, la soja volverá a tributar un 33% (desde el 26% actual), el maíz y el sorgo subirán del 9,5% al 12%, y el girasol pasará de 5,5% a 7%. Solo el trigo y la cebada mantendrán sus actuales alícuotas del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
El reporte de la SRA advierte que este cambio tributario implica una transferencia adicional de US$971 millones desde los productores de la Región Centro al Estado nacional, tomando como base una campaña agrícola similar a la del ciclo 2024/25. Se estima que estas tres provincias —Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— aportan el 58% del total nacional de los DEX agrícolas, con US$3811 millones sobre un total de US$6555 millones con índices reducidos. Con las nuevas alícuotas, esa cifra podría escalar hasta US$8195 millones.
Para dimensionar el impacto, la entidad ruralista equiparar esa quita de recursos con la producción de 1.846.007 terneros, lo que representa un 62% más que la producción total anual de Entre Ríos. También equivale a 1.712.522 hectáreas de soja, un 35% más que toda la superficie sembrada con esa oleaginosa en la provincia. Asimismo, se estima que se podrían comprar 10.124 tractores nuevos, tecnología clave para aumentar la competitividad del agro.
El sector agropecuario ya había advertido sobre el perjuicio que significaba el retorno de las retenciones plenas, especialmente en un contexto de costos elevados y baja rentabilidad. En este sentido, productores y entidades vienen reclamando previsibilidad y reducción de la carga impositiva como condiciones necesarias para sostener la inversión y el empleo en el interior productivo.
Además del efecto fiscal, la medida podría tener implicancias en los precios internos y la capacidad exportadora de una de las regiones más productivas del país. Por ello, se espera que en los próximos días distintas entidades del agro y gobiernos provinciales se expresen públicamente en relación a este cambio que afecta el equilibrio financiero del corazón agrícola argentino.
