Por Agroempresario.com
A solo cuatro días hábiles de que venza la reducción temporal de retenciones a la soja y el maíz, el Gobierno analiza prorrogar la baja para el cereal que actualmente tributa el 9,5%, una medida clave para el sector agroexportador argentino. Según fuentes del ruralismo consultadas por este medio, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo estudian la extensión de esta alícuota reducida para el maíz, aunque aún no se definió la duración de esta prórroga.
El próximo 30 de junio expira el decreto que establece las retenciones temporales reducidas para varios cultivos. Mientras la soja deberá regresar al 33% a partir del 1° de julio, el maíz y otros cereales podrían mantener la tasa actual del 9,5%, en lugar de volver al 12% anterior. Esta decisión sería un gesto hacia las demandas de las entidades rurales, que han expresado la importancia de mantener incentivos para productores y exportadores en un contexto económico complejo.
El ministro Caputo ya confirmó que trigo y cebada continuarán con la alícuota reducida del 9,5% hasta marzo de 2026, pero no dio detalles sobre el futuro inmediato del maíz, que actualmente goza de la misma tasa.
Las negociaciones con el sector rural han sido fluidas, con diálogo directo entre Caputo, la Mesa de Enlace y el propio presidente Javier Milei. Según fuentes oficiales, los números presentados por las entidades serían clave para sostener la medida para el maíz, principalmente para apoyar a los productores del norte argentino, que recién comienzan a cosechar.
La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) publicó una solicitada en este sentido, donde denuncia la difícil situación económica del sector y reclama la eliminación definitiva de las retenciones que afectan la viabilidad de sus empresas.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, es uno de los interlocutores clave con el Gobierno. Según trascendidos, Pino habría instado a Caputo a acelerar el anuncio para evitar incertidumbre antes de la fecha límite. En respuesta, el ministro agradeció el aporte, sin confirmar plazos concretos.
Adicionalmente, en la cartera económica se estaría evaluando también eliminar las retenciones para los cortes de carne vacuna categoría novillos, que actualmente pagan un 6,75% de derechos de exportación. Esta medida, que podría anunciarse en la próxima Exposición Rural de Palermo, buscaría dinamizar la competitividad de la carne argentina en el mercado internacional, afectada por costos elevados y tipo de cambio estable.
Según fuentes del sector exportador, aunque los precios internacionales son favorables, los altos costos internos y la competencia con países como Brasil y Paraguay dificultan mantener el ritmo. La eliminación de retenciones para novillos tendría un impacto fiscal estimado entre US$100 y US$120 millones al año, pero podría ser clave para mejorar la rentabilidad y las exportaciones.
En cuanto a la soja, la vuelta a la alícuota del 33% llevará a una probable caída en las ventas y las declaraciones juradas de exportación. Actualmente, cerca del 70% de la soja está sin precio fijado, y los productores han aprovechado la baja temporal para cubrir gastos y pagar insumos. Sin embargo, luego de junio se espera una fase de resguardo de valor y menores liquidaciones, hasta la próxima campaña.
El Gobierno enfrenta así un desafío complejo: equilibrar la necesidad de mantener reservas fiscales y cumplir con su plan económico —centrado en el déficit cero— con la presión del sector productivo para sostener incentivos que fomenten la producción y exportación.
Las estimaciones indican que la suba en la alícuota de soja generaría un aumento de ingresos para el Estado de unos US$700 millones adicionales, con una cosecha proyectada en 35 millones de toneladas. Esta recaudación se considera necesaria para cumplir con las metas fiscales, aunque la medida genera preocupación en el campo.
En este contexto, la Sociedad Rural Argentina prepara una invitación formal para que el presidente Milei inaugure la Exposición Rural de Palermo el 26 de julio, un evento tradicional donde el sector espera recibir señales claras y positivas sobre el rumbo de las políticas agropecuarias.
Aunque algunos anticipan un posible malestar en las tribunas de la muestra por la cuestión de las retenciones, desde el ruralismo confían en que la relación con el Gobierno se mantendrá respetuosa y colaborativa. Nicolás Pino sostiene que el Presidente será recibido con aplausos y que el momento podría servir para anuncios alentadores para el sector.
Este escenario marca un momento clave en la relación entre el agro y el Gobierno, con la mirada puesta en la estabilidad económica, la competitividad internacional y la sostenibilidad de las producciones agrícolas y ganaderas argentinas.