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Por Agroempresario.com
El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario económico complejo donde convergen tensiones políticas con los gobernadores, un mercado cambiario intervenido, inflación persistente y una batería de reformas estructurales paralizadas. A pesar del relato oficial que impulsa un “peso fuerte”, lo cierto es que las condiciones actuales están lejos de sostener una apreciación genuina de la moneda sin un respaldo institucional, legislativo y económico real.
Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 1 de julio, cuando dijo “si el dólar está barato, comprá campeón”, no solo provocaron una suba del tipo de cambio sino que también reflejaron la fragilidad de la política cambiaria. Aunque el dólar oficial aún se mantiene dentro de la banda establecida por el Gobierno, la suba en las cotizaciones paralelas encendió las alarmas de los mercados y tensionó las expectativas inflacionarias.
Aunque desde el Gobierno se afirma que el tipo de cambio “flota libremente” dentro de una banda, en la práctica el mercado está fuertemente intervenido. La normativa vigente del Banco Central (BCRA) sobre comercio exterior y cambios abarca más de 200 páginas, e impide que empresas accedan libremente al dólar oficial para girar utilidades y dividendos al exterior.
Según el presidente del BCRA, el stock de utilidades no giradas acumuladas por empresas alcanza los USD 10.000 millones, un monto significativo que, de liberarse, presionará al tipo de cambio. Ante esta imposibilidad, las compañías deben aceptar bonos como el Bopreal y esperar que el BCRA libere autorizaciones gradualmente.
El mercado financiero tampoco es una alternativa viable: tanto el contado con liquidación como el MEP están regulados, y las empresas que intenten usar estos canales para transferencias externas se enfrentan a sanciones por “fuga de capitales”.
Además, las intervenciones en el mercado de futuros muestran que el tipo de cambio no está sujeto a la oferta y demanda pura, sino a lo que los analistas llaman una flotación sucia, donde el Gobierno modula el valor del dólar de forma indirecta pero sistemática.
En este contexto, la confrontación con los gobernadores resulta aún más problemática. Las tensiones políticas complican la posibilidad de avanzar con reformas estructurales clave: impositiva, laboral y previsional. Sin consensos legislativos, el peso fuerte que promueve Milei pierde sustento. Las reformas que podrían generar un entorno favorable para inversiones y crecimiento están bloqueadas por la falta de acuerdos con los líderes provinciales.
El oficialismo busca llegar a las elecciones legislativas con un IPC cercano al 1 % mensual, una meta cada vez más difícil ante la suba del dólar y los aumentos en insumos importados. Aunque La Libertad Avanza no pone en juego bancas propias, lo que le permite mostrar cualquier resultado como ganancia, es poco probable que logre una mayoría legislativa que facilite la aprobación de leyes sin negociaciones con otras fuerzas.
En el Senado, donde actualmente cuenta con seis bancas, incluso ganando en las siete provincias y en CABA donde se renuevan escaños, sólo llegaría a 22 senadores, lejos del quórum necesario. De este modo, el Congreso seguirá siendo un espacio de disputa, no de automatización legislativa.
Promover una moneda fuerte sin haber implementado los cambios estructurales necesarios resulta inconsistente. En una economía con reglas claras, baja presión fiscal y legislación laboral moderna, un peso fuerte podría surgir como resultado de nuevas inversiones. Pero forzar la apreciación cambiaria sin esas condiciones es riesgoso.
Hoy el “peso fuerte” es más un objetivo político que una consecuencia económica. Y si no se logra avanzar en las reformas, el resultado puede ser desempleo, cierre de empresas, más cepo cambiario y mayor aislamiento económico.
El problema no es sólo técnico: es profundamente político. Sin acuerdos con los gobernadores, Milei difícilmente consiga aprobar leyes que transformen estructuralmente el país. Y sin esas reformas, el tipo de cambio continuará tensionado, afectando tanto al consumo como a la inversión.
Incluso si el oficialismo obtiene un buen resultado electoral en octubre, el panorama seguirá siendo desafiante. Después de las elecciones, se espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presione para levantar el cepo, reducir las intervenciones en el mercado de futuros y comenzar una acumulación real de reservas, tareas que hasta ahora el Gobierno ha postergado.
En este sentido, la evolución del tipo de cambio no dependerá solo de las urnas, sino de si el Ejecutivo logra construir consensos mínimos con los actores institucionales del país. De lo contrario, lo que hoy parece una estabilidad relativa podría convertirse en una nueva crisis de confianza.
La economía argentina se encuentra en una encrucijada crítica. Un modelo de peso fuerte sin respaldo real, un Congreso dividido, reformas bloqueadas y una creciente desconfianza empresarial conforman un escenario de alta volatilidad.
El Gobierno necesita moderar su discurso, construir alianzas y avanzar con una agenda reformista que recupere la competitividad, estimule la producción y promueva la inversión. De lo contrario, la apreciación del peso será tan efímera como artificial, y la ventana de oportunidad política se cerrará rápidamente.
El “enemigo interno” ya no es solo el gasto público, sino la incapacidad de diálogo político, que condiciona la estrategia económica y multiplica los riesgos.
