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Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional dio un paso clave hacia la consolidación de sus reformas estructurales al inaugurar formalmente el Consejo de Mayo, un cuerpo multisectorial creado para canalizar consensos políticos y técnicos en torno a los proyectos derivados del Pacto de Mayo. La primera reunión tuvo lugar en Casa Rosada y estuvo presidida por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien lidera el ente.
El Consejo reúne a representantes del Ejecutivo, el Congreso, las provincias, el empresariado y el sindicalismo. Participaron en esta primera reunión el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
El objetivo del organismo es articular políticas públicas y reformas legislativas alineadas con los diez principios del Pacto de Mayo, firmado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores. Las iniciativas incluyen reformas tributarias, laborales y previsionales, una modernización del sistema educativo, el impulso al equilibrio fiscal, y la explotación eficiente de los recursos naturales.
La instalación del Consejo representa, para el oficialismo, una herramienta estratégica en un contexto de pérdida de apoyos legislativos. Con la inminente expiración de las facultades delegadas, el Gobierno busca tender puentes con sectores aliados y opositores dialoguistas, mientras mantiene firme su agenda reformista.
“Es un ámbito necesario para institucionalizar el diálogo y darle continuidad a los compromisos asumidos en el Pacto”, señalaron desde la Jefatura de Gabinete. La foto del encuentro refuerza el mensaje de apertura: figuras con trayectorias políticas, empresariales y sindicales convergen bajo una misma mesa con el objetivo de modernizar el Estado.
El Consejo de Mayo tiene el mandato de trabajar sobre proyectos de ley que den sustento a una transformación profunda. Entre ellos: una reforma laboral “moderna”, una nueva ley de coparticipación federal, y una apertura decidida al comercio internacional. También se prevé una nueva normativa previsional y una estrategia para garantizar la alfabetización plena.
Para el sindicalismo, representado por Gerardo Martínez, el espacio es una oportunidad para equilibrar los cambios con derechos. “Venimos con las mismas consignas que sostenemos en la CGT: diálogo, negociación colectiva, y respeto a las instituciones”, indicó.
Desde el empresariado, Martín Rappallini destacó la necesidad de reglas claras: “No solo la laboral, son muchas las reformas que hacen falta para transformar la Argentina”, declaró.
El contexto político en el que nace el Consejo no es el más favorable. Las tensiones entre la Nación y los gobernadores se agudizaron en los últimos meses debido a los recortes de transferencias discrecionales y a la paralización de obras públicas. Esto generó malestar en varias provincias, incluso en aquellas cuyos mandatarios habían firmado el Pacto de Mayo.
En el Congreso, la situación tampoco es simple. La alianza de La Libertad Avanza con sectores del PRO y otras bancadas está en un momento frágil, tras la media sanción de proyectos opositores que incluyen aumentos en jubilaciones y fondos para discapacidad. La capacidad del Gobierno de sostener futuros vetos presidenciales está ahora en duda.
A pesar de estas dificultades, el Consejo de Mayo puede representar una plataforma de encuentro para avanzar con reformas urgentes. Su éxito dependerá de la capacidad del Ejecutivo de sostener una agenda dialogada, y de los sectores políticos y sociales de anteponer el interés colectivo por sobre las diferencias partidarias.
En palabras de Francos, “la Argentina necesita cambiar de forma estructural y esto solo se logra con acuerdos amplios. El Consejo es el primer paso”.
Las próximas reuniones del organismo buscarán avanzar en propuestas concretas que puedan ser elevadas al Congreso con respaldo multipartidario. La tarea es ambiciosa, pero también necesaria: recuperar el diálogo institucional como base para un nuevo contrato social.
