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Por Agroempresario.com
En una nueva escalada de tensiones fiscales entre la Nación y las provincias, representantes de los gobiernos provinciales se reunieron con autoridades del Ministerio de Economía con el objetivo de renegociar el reparto de fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El encuentro, que tuvo lugar en el Salón Belgrano del quinto piso de la cartera económica, duró más de tres horas, pero finalizó sin avances concretos ni propuestas oficiales definitivas, dejando en evidencia el delicado equilibrio entre las finanzas nacionales y las demandas provinciales.
Los ministros de Economía de más de veinte provincias arribaron con una propuesta consensuada entre los gobernadores: modificar la ley 23.966 para redistribuir más equitativamente los ingresos del impuesto a los combustibles. El núcleo de la propuesta apunta a eliminar los fondos fiduciarios intermedios —que hoy retienen buena parte de esos ingresos— y aumentar el porcentaje destinado a las provincias del exiguo 10,4% actual al 58,36%.
El resto de los fondos continuarían destinándose al Tesoro Nacional, al sistema previsional y a la compensación para el transporte público, respetando los porcentajes actuales.
Sin embargo, desde el Ministerio de Economía, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó de plano la idea de una redistribución de tal magnitud, argumentando que implicaría un costo fiscal insostenible que atentaría contra el superávit primario, uno de los principales pilares del plan económico del Gobierno de Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
Durante la reunión, Guberman explicó que aceptar la propuesta tal como fue presentada por las provincias significaría “pasar de un escenario de equilibrio a uno de déficit fiscal”, y reafirmó que el Gobierno prioriza una “cultura de la responsabilidad fiscal”. De hecho, desde el Palacio de Hacienda se ofreció una contrapropuesta acotada: analizar la transferencia de obras viales junto con los recursos necesarios para su ejecución, pero siempre bajo la responsabilidad directa de las provincias.
En relación a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno nacional propuso fijar un monto máximo a repartir, calculado en función de los coeficientes de coparticipación. Sin embargo, no incluiría toda la masa de recursos existentes en la cuenta de ATN, una medida que las provincias consideran insuficiente y contraria al principio de federalismo fiscal.
Según un informe de la consultora Politikón Chaco, entre 2017 y 2024 los remanentes sin ejecutar del fondo ATN alcanzaron los $4,3 billones a precios constantes de mayo. En lo que va de la actual gestión de gobierno, esa cifra asciende a $1,2 billones.
Una de las principales críticas de los gobernadores es que estos recursos, cuya constitución es automática, se distribuyen de forma discrecional, sin una fórmula establecida que garantice equidad entre jurisdicciones.
El análisis revela que provincias como Misiones, Salta y Neuquén fueron las más beneficiadas con la distribución de ATN desde diciembre, mientras que otras como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero no recibieron ningún tipo de asignación.
De haberse aplicado la fórmula propuesta por los gobernadores, según Politikón Chaco, durante los primeros cinco meses de 2025 se deberían haber distribuido $214.949 millones, en lugar de los $80.500 millones efectivamente girados.
“Más allá de lo que nos digan, no podemos tomar una decisión distinta a la que ya decidieron nuestros jefes”, expresó un ministro de Economía del centro del país, dejando entrever que cualquier concesión dependerá de una próxima instancia política directa entre los gobernadores y la Casa Rosada.
La iniciativa de las provincias apunta a eliminar la intermediación de fondos fiduciarios, que actualmente absorben una proporción significativa de los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles. Hoy, esos ingresos se reparten del siguiente modo:
El conflicto actual refleja un problema estructural del federalismo fiscal argentino: la concentración de recursos en el nivel central y la alta dependencia financiera de las provincias respecto de la Nación. Esta dependencia, a su vez, genera tensiones políticas recurrentes y una distribución desigual de oportunidades de desarrollo.
Desde el Gobierno central, la prioridad es mantener el equilibrio de las cuentas públicas como una garantía frente a la inflación y como carta de presentación ante los organismos internacionales y los mercados financieros.
En palabras de Guberman: “Estamos convencidos de que la única forma de estabilizar la macroeconomía es el equilibrio fiscal. Esto se traduce en beneficios concretos como la baja de la inflación del 25 al 1,5% mensual”.
Aunque el encuentro finalizó sin acuerdos, se estableció el compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo. Las provincias seguirán insistiendo con su proyecto de ley, conscientes de que una redistribución más justa de los recursos podría mejorar sus capacidades de gestión y reducir las asimetrías territoriales.
Del lado del Gobierno, la propuesta será analizar mecanismos de compensación y transferencia que no comprometan las metas fiscales. Sin embargo, el margen de maniobra es escaso, y todo indica que será necesaria una negociación política de mayor nivel para destrabar el conflicto.
En ese sentido, algunos analistas sostienen que el desenlace de esta disputa podría marcar un punto de inflexión en la relación Nación-provincias y condicionar la gobernabilidad del oficialismo en el mediano plazo.
