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Por Agroempresario.com
En una jornada que podría marcar un punto de inflexión para el agro argentino, la Cámara de Diputados debatirá este miércoles un tema largamente reclamado por el sector: el tratamiento de los derechos de exportación (DEX), conocidos comúnmente como retenciones agropecuarias.
El temario de la sesión especial incluye un emplazamiento parlamentario, una figura legislativa que, si es aprobada, obliga a la comisión de Agricultura a tratar el tema dentro de los próximos 15 días corridos. Aunque no implica una resolución definitiva, el paso representa un avance institucional en el camino hacia una eventual eliminación de las retenciones, una medida que los productores consideran clave para el desarrollo del interior y la economía nacional.
Organizaciones del agro, como Barbechando, vienen insistiendo en que las retenciones no sólo afectan la rentabilidad del productor, sino que también generan consecuencias negativas en términos de ingreso de divisas, empleo rural y federalismo económico.
“La discusión sobre los DEX no es fiscal. Es sobre el modelo productivo y el desarrollo del país”, remarcaron desde la entidad que trabaja para vincular el campo con el Congreso. Esta sesión, entonces, podría abrir la puerta a un debate que, hasta ahora, había sido sistemáticamente postergado.
La sesión especial de este miércoles también incluye temas de alto voltaje político como la situación del Hospital Garrahan y la actualización presupuestaria universitaria, lo que pone en duda la posibilidad de alcanzar el quórum necesario para iniciar el tratamiento.
De todas formas, la inclusión del punto en el temario refleja el crecimiento del peso político del sector agropecuario, que busca posicionar su agenda en el Parlamento. Actualmente, existen al menos siete proyectos de ley vinculados con la eliminación o modificación de los DEX en trámite en la Cámara baja.
Entre los más destacados se encuentran:
Estudios técnicos elaborados por entidades como FADA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) dan sustento económico al reclamo agropecuario. Según sus informes, una eliminación progresiva de las retenciones permitiría aumentar la producción nacional en más de 147 millones de toneladas hacia la campaña 2028/29, además de generar 55.000 nuevos empleos directos e indirectos.
Asimismo, se estima que el costo fiscal neto de mantener las alícuotas reducidas sería de apenas US$608 millones, lo que representa sólo el 0,12% del PBI, mientras que los beneficios económicos, sociales y fiscales podrían multiplicar ese valor por varias veces.
Desde el sector privado, la preocupación también pasa por el impacto sobre los márgenes productivos, en especial para los productores arrendatarios, que operan sobre campos alquilados. Según datos de CREA, con los valores actuales, el 80% del área sembrada con soja de primera y el 60% del maíz en campos alquilados pasaría a ser económicamente inviable si se mantienen las alícuotas vigentes desde el 1º de julio.
Para el campo, los derechos de exportación representan un impuesto distorsivo, que desincentiva la inversión, castiga la eficiencia y obstaculiza la competitividad internacional. Para algunos sectores del Gobierno, en cambio, se trata de una herramienta clave para la recaudación fiscal y la contención de los precios internos.
Este debate, estructural y de fondo, promete profundizarse si el Congreso avanza con el emplazamiento y habilita la discusión en comisión. De ser así, en menos de dos semanas la Comisión de Agricultura deberá analizar en profundidad los distintos proyectos y sus posibles impactos económicos.
Con el país enfrentando desafíos fiscales y sociales, el tratamiento de las retenciones se vuelve un símbolo de cómo la política puede —o no— responder a los reclamos del interior productivo.
El agro espera que esta vez el debate no quede en el camino. Para eso, será clave que los legisladores de diferentes fuerzas acompañen el emplazamiento y que la comisión correspondiente esté dispuesta a encarar una reforma con mirada técnica, estratégica y federal.
