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Por Agroempresario.com
En medio de una delicada negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino afrontará esta semana un compromiso clave: el pago de USD 4.300 millones en bonos soberanos denominados en moneda extranjera. Esta operación impactará de manera directa en las reservas del Banco Central, un recurso que ya se encuentra en niveles críticos. A la par, el Poder Ejecutivo espera la aprobación del primer examen trimestral del nuevo acuerdo con el organismo multilateral, firmado en abril, que podría habilitar un desembolso de USD 2.000 millones si la revisión concluye satisfactoriamente.
La tensión entre el cumplimiento fiscal y la acumulación de divisas pone de manifiesto las complejidades que enfrenta la administración de Javier Milei, particularmente en un contexto de restricciones severas para acceder a financiamiento internacional. El reciente viaje de enviados del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington, así como la misión técnica del FMI en Buenos Aires, son muestras del alto voltaje que tienen las tratativas.
Este martes 9 de julio, feriado en Argentina pero con actividad normal en Wall Street, el Tesoro nacional abonará los vencimientos de los bonos Bonares y Globales. Los primeros, emitidos bajo legislación argentina; los segundos, bajo jurisdicción del estado de Nueva York. Esta operación totaliza unos USD 4.300 millones, una cifra que saldrá directamente de las reservas del Banco Central, dado que el país aún está excluido de los mercados internacionales de deuda.
El problema es que, según datos de la consultora LCG, las reservas netas del BCRA, según la metodología del FMI, están en terreno negativo: USD -4.735 millones al cierre de junio. Esto deja poco margen para resistir nuevos pagos sin asistencia externa o sin generar presiones sobre el tipo de cambio y el riesgo país.
En paralelo al esfuerzo financiero, Argentina busca cerrar la primera revisión del nuevo acuerdo técnico con el FMI. El proceso, iniciado con la visita de técnicos del Fondo a Buenos Aires, continuó la semana pasada en Washington con encuentros clave. Sin embargo, el staff report (informe técnico del staff del FMI) aún no fue finalizado ni enviado al directorio ejecutivo, lo que posterga la posibilidad de un nuevo desembolso.
Una de las trabas principales es la meta de acumulación de reservas, la cual no fue alcanzada. Ante esta situación, Argentina presentaría un pedido formal de “waiver” (dispensa), una herramienta que permite continuar con el acuerdo a pesar del incumplimiento de ciertos objetivos.
Desde LCG señalaron que la acumulación de reservas “fue modesta” y que, si bien no implicaría una ruptura con el FMI, podría impactar negativamente en el índice de riesgo país (EMBI), complicando aún más el acceso al financiamiento para cubrir vencimientos futuros, especialmente los que se acumulan hacia enero de 2026, por unos USD 4.400 millones.
La meta ajustada de reservas netas para el cierre del tercer trimestre establece un rojo de USD 3.459 millones, lo que implica que el Gobierno debería sumar al menos USD 1.167 millones para alcanzar ese objetivo. No obstante, los economistas advierten que los pagos inmediatos, como los de esta semana, profundizará la brecha.
Según las estimaciones de LCG, en el último trimestre del año, Argentina debería reunir entre USD 5.000 millones y USD 9.500 millones adicionales mediante compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), colocación de deuda o préstamos multilaterales para cerrar el 2025 en mejores condiciones.
El Fondo Monetario Internacional considera que Argentina debería contar con reservas internacionales netas de entre USD 57.800 millones y USD 78.700 millones, según la herramienta ARA (Evaluación de la Adecuación de Reservas). El nivel actual, descontando el swap con China, representa apenas entre el 36% y el 49% de ese rango.
Desde Adcap Grupo Financiero explicaron que un objetivo razonable intermedio sería de USD 68.000 millones, más del doble de las reservas netas actuales. Alcanzar ese objetivo implicaría un esfuerzo extraordinario de financiamiento, reactivación del comercio exterior y una política cambiaria eficaz.
El enfoque del FMI considera cuatro factores principales para calcular el nivel óptimo de reservas: capacidad exportadora, dinero amplio (M2), deuda de corto plazo y pasivos de portafolio. Todos estos indicadores están bajo observación en la evaluación técnica en curso.
El tiempo juega en contra del Gobierno. El receso de verano boreal que se inicia en agosto en organismos internacionales podría demorar una votación del directorio del FMI hasta septiembre. Por eso, en el Palacio de Hacienda confían en lograr el cierre del staff report antes de fin de julio, lo que permitiría recibir el desembolso antes del receso.
Ese dinero sería clave no solo para reforzar reservas sino también para dar una señal de respaldo político e institucional que podría calmar los mercados. La relación con el Fondo se vuelve estratégica en un escenario de restricción externa y ante el desafío de bajar la inflación sin ahogar la recuperación económica.
El pago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera esta semana representa un hito en la hoja de ruta financiera del Gobierno. Pero también evidencia la fragilidad del esquema de reservas y la necesidad imperiosa de cerrar la revisión con el FMI. La administración de Javier Milei parece dispuesta a mantener su compromiso fiscal, pero la meta de reservas es una cuesta empinada que aún debe escalar.
El éxito de esta estrategia depende no solo del apoyo del Fondo Monetario, sino también de la capacidad del Gobierno para atraer dólares al país, ya sea por exportaciones, nuevas inversiones o colocaciones de deuda. Mientras tanto, el mercado observa con atención y cierta incertidumbre la evolución de la relación bilateral con el organismo multilateral y la resiliencia del BCRA para cumplir sus metas en un contexto tan desafiante.
