Milei refuerza su compromiso fiscal: veto al aumento del gasto y señales claras a los inversores

Por Agroempresario.com

En una jugada que busca tranquilizar a los mercados y afianzar la hoja de ruta económica del Gobierno, el presidente Javier Milei vetó el proyecto de ley aprobado por el Senado que aumentaba el gasto previsional. La decisión fue anunciada con firmeza durante el acto por el aniversario número 171 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo, la oposición legislativa y los gobernadores provinciales.

Con este veto, el mandatario deja en claro que no está dispuesto a ceder ante presiones políticas que, desde su perspectiva, amenazan el delicado equilibrio fiscal. El foco del Ejecutivo está puesto en sostener el superávit fiscal primario, considerado la base para reducir la inflación, controlar la emisión monetaria y generar un clima propicio para la inversión extranjera. Así lo expresó el propio Milei: “Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”, apuntando directamente contra senadores y mandatarios provinciales que impulsaron la norma.

El proyecto vetado implicaba un aumento real del 7,2% en todos los haberes jubilatorios, excluyendo los regímenes especiales, y elevaba el bono de $70.000 a $110.000, con actualizaciones automáticas por inflación. Pero lo que más preocupa al Gobierno es la transformación de ese bono en un derecho permanente y el retorno de la moratoria previsional por dos años, que permitiría el acceso al sistema jubilatorio a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes.

Desde el oficialismo, consideran que estas medidas tienen un alto impacto fiscal y podrían desbaratar los logros alcanzados en materia de ordenamiento de las cuentas públicas. Según estimaciones de la consultora Empiria, liderada por el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, la batería de iniciativas votadas por el Congreso representa un costo equivalente al 2,5% del PBI para 2026. Solo en 2025, el impacto sería del 0,9%.

Estos cálculos incluyen no solo el aumento de jubilaciones y bonos, sino también otras propuestas legislativas impulsadas por gobernadores, como la restitución de la coparticipación del impuesto a los combustibles, una nueva moratoria previsional, mayores partidas para personas con discapacidad y el financiamiento de cajas previsionales provinciales deficitarias.

El presidente Milei ha reiterado que sostener el superávit primario del 1,6% del PBI este año es innegociable. En su visión, la disciplina fiscal es clave para mantener la estabilidad del tipo de cambio y garantizar que no se recurra a la emisión para financiar el déficit. El ministro de Economía, Luis Caputo, también advirtió que ceder ante este tipo de iniciativas podría generar una fuerte suba del riesgo país, caída de los bonos y mayor volatilidad cambiaria.

En ese sentido, la reacción de los mercados ante el veto fue moderadamente positiva. El dólar oficial se mantuvo en $1.280, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street cerraron con caídas promedio de entre 2% y 3%, aunque los analistas coinciden en que el impacto habría sido mayor de no mediar el veto presidencial.

Milei también aprovechó el evento en la Bolsa para destacar los avances en la apertura del mercado de capitales. El nuevo esquema permitirá que empresas extranjeras puedan listar sus acciones en Argentina sin necesidad de establecer una sucursal en el país. Esta medida apunta a dinamizar el acceso al financiamiento y reforzar la competitividad del mercado local.

Por otro lado, los gobernadores y legisladores que impulsaron la ley vetada sostienen que el Gobierno tiene alternativas para reducir el gasto sin afectar los derechos de los jubilados. Entre los rubros mencionados figuran los gastos en inteligencia y el presupuesto de algunas áreas administrativas del Estado. No obstante, el Ejecutivo insiste en que son las provincias las que deben avanzar en la reducción del gasto y en la baja de impuestos locales.

Este debate marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el oficialismo y las provincias, una disputa que tendrá su próximo gran episodio tras el 10 de diciembre, cuando se renueve la composición del Congreso y se retomen los planes del Gobierno para una reforma tributaria integral. Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo será “poner fin al despilfarro estructural del Estado argentino” y establecer un nuevo régimen de responsabilidad fiscal entre Nación y provincias.

En el plano internacional, el Gobierno también se prepara para una misión oficial a Sudáfrica en el marco del G20, donde se esperan reuniones clave con autoridades del FMI. En ese escenario, mostrar firmeza fiscal y vocación de equilibrio es una carta fuerte para renegociar metas y afianzar compromisos con los organismos multilaterales.

Mientras tanto, el oficialismo trabaja en Diputados para consolidar el respaldo necesario que evite una posible insistencia legislativa que revierta el veto. Para ello, se necesitarán los votos de al menos 87 diputados, un número que hoy parece lejano, pero no imposible.

En resumen, el Gobierno ha optado por enviar una señal clara y contundente a los inversores: el equilibrio fiscal no se negocia. La decisión de Javier Milei reafirma su narrativa de austeridad, orden y liberalismo económico, incluso en medio de un clima político adverso. La mirada ahora está puesta en cómo evolucionará la discusión parlamentaria, la respuesta de los mercados y, sobre todo, la reacción social frente a decisiones que, aunque técnicas, impactan directamente en millones de jubilados y pensionados.