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Por Agroempresario.com
La causa judicial por la expropiación de YPF llegó a un momento definitorio. Este lunes, la jueza federal Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, informará si acepta el pedido del Estado argentino para suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park, mientras se tramita la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito.
El fallo de Preska, emitido el pasado 30 de junio, obliga al Estado argentino a depositar las acciones en custodia en un banco neoyorquino. Sin embargo, el Gobierno formalizó la apelación el jueves pasado, en un intento por frenar lo que considera una transferencia irreversible de un activo estratégico. Ahora, la decisión de Preska será clave para definir si Argentina gana tiempo o queda al borde de perder el control accionario de su principal empresa energética.
La situación genera fuerte tensión política interna y provoca incertidumbre en los mercados, que siguen de cerca la evolución del caso por el potencial impacto sobre la cotización de YPF, el riesgo país y la confianza de los inversores internacionales.
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, considera que permitir la ejecución inmediata del fallo afectaría gravemente las finanzas públicas. El presidente Javier Milei está informado permanentemente sobre las novedades, y ordenó reforzar la estrategia jurídica junto con la Procuración del Tesoro.
“La entrega forzada de las acciones sentaría un precedente peligroso y vulneraría la soberanía nacional”, advirtieron fuentes oficiales. Según la defensa del Estado, el traspaso implicaría una pérdida de control definitivo sobre YPF, incluso si Argentina gana la apelación más adelante.
Preska notificó a las partes que hoy comunicará si concede el “stay” solicitado por la Argentina. De otorgarse, se suspende temporalmente la obligación de transferir las acciones hasta que la Cámara de Apelaciones se expida sobre el fondo del caso. En cambio, si se niega a conceder el pedido, los fondos litigantes quedarían habilitados a ejecutar la sentencia de inmediato.
Además, la jueza concedió tres días adicionales para que las partes acudan a la Cámara de Apelaciones. El Gobierno argentino se adelantó y presentó su recurso el jueves pasado, anticipándose a lo que anticipa como un fallo adverso.
La defensa legal sostiene que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), al forzar al Estado a incumplir su propia legislación. También advierte que la sentencia implica un uso indebido de la jurisdicción extraterritorial de los tribunales estadounidenses.
Además, los abogados del Estado explicaron que la transferencia accionaria sería irreversible, ya que los fondos Burford y Eton Park manifestaron su intención de vender los títulos una vez que los reciban. Esto imposibilitaba la restitución, incluso si la apelación fuera favorable a la Argentina.
Uno de los aspectos clave citados por el equipo jurídico es la Ley de Expropiación argentina, sancionada en 2012, que exige una mayoría de dos tercios en el Congreso Nacional para modificar la titularidad del capital estatal en YPF. En este contexto, cualquier intento de traspasar las acciones por vía judicial contraviene la legislación local y la voluntad del Parlamento.
Los fondos acreedores, encabezados por Burford Capital, sostienen que el país debe cumplir sin más dilaciones la sentencia dictada en septiembre de 2023, que impone una indemnización superior a los US$17.000 millones incluyendo intereses. Argumentan que cualquier prórroga erosiona sus derechos como beneficiarios de un fallo firme.
La administración de Javier Milei mantiene firme su decisión de apelar hasta las últimas instancias. Incluso contempla llegar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en caso de que el Segundo Circuito confirme la sentencia original. Mientras tanto, busca evitar que los acreedores obtengan activos clave del Estado argentino mediante embargos o transferencias forzadas.
La figura del “stay” representa una herramienta jurídica fundamental que permite frenar temporalmente la ejecución de una sentencia. En este caso, el objetivo del Gobierno es evitar que el traspaso de acciones tenga lugar mientras se evalúa la apelación.
“El lunes era la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia. Preska no va a modificar la orden original, pero puede decidir si suspende su aplicación”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, especializado en juicios contra la Argentina.
Si se concede el “stay”, se abriría una ventana de tiempo para negociar o intentar revertir la condena. Si se rechaza, el país quedaría a un paso de perder el control accionario sobre la petrolera más importante del país.
El mercado financiero siguió con atención los pasos judiciales en Nueva York. Consultoras, bancos y fondos de inversión monitorean el expediente por su impacto en la deuda soberana, el riesgo país y las expectativas económicas.
Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, aclaró que la compañía no es parte demandada en esta etapa del proceso. Preska ya había retirado a la empresa como sujeto pasivo de la causa, centrando las responsabilidades legales en el Estado argentino. Marín subrayó que YPF no participa de las presentaciones judiciales ni de la estrategia procesal.
La disputa se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la participación de Repsol en YPF. Si bien se llegó a un acuerdo con la petrolera española, otros accionistas minoritarios, como el Grupo Petersen, no fueron indemnizados. Ese vacío legal fue aprovechado por Burford Capital, que compró los derechos litigiosos del grupo argentino y demandó a la Argentina en tribunales estadounidenses.
La jueza Preska dio la razón a los demandantes en septiembre de 2023, alegando que el Estado argentino no cumplió con las normas internas y procedimientos exigidos por el estatuto de YPF. Desde entonces, el Gobierno intenta revertir o demorar la aplicación del fallo, que representa una de las condenas más elevadas en la historia judicial argentina.
La sesión judicial de este lunes en Nueva York puede definir no solo el futuro inmediato de YPF, sino también la capacidad del Estado argentino para conservar el control de sus activos estratégicos frente a demandas en el exterior. La defensa oficial insiste en que la eventual entrega de las acciones sería una “lesión irreparable” y afectaría la negociación con acreedores internacionales.
Sea cual sea la resolución, lo cierto es que el caso marcará un precedente clave para futuras controversias sobre expropiaciones, jurisdicción extranjera y responsabilidad estatal.
