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Por Agroempresario.com
A pocos meses de la COP30 —la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, la Amazonía se posiciona nuevamente como epicentro de la preocupación ambiental global. Nuevos informes regionales e internacionales reflejan un escenario alarmante: deforestación acelerada, minería ilegal en expansión, pérdida irremediable de biodiversidad y niveles récord de emisiones de carbono. En este contexto, el evento global pondrá bajo la lupa a uno de los ecosistemas más vitales y vulnerables del planeta.
La Amazonía es el mayor bosque tropical continuo del mundo y representa el 20% del agua dulce superficial del planeta. Abarca partes de nueve países: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Esta vasta región, conocida como Pan-Amazonía, cubre 8,3 millones de kilómetros cuadrados y alberga a 46,9 millones de personas.
Pero la riqueza natural de la Amazonía está siendo erosionada por múltiples amenazas: la deforestación, el avance de cultivos ilegales, la minería sin regulación, la explotación petrolera y los incendios forestales. Además, el cambio climático potencia estos riesgos y transforma de manera acelerada la estructura del ecosistema amazónico.
Uno de los datos más preocupantes proviene del informe de Americas Quarterly, elaborado en base al proyecto Amazônia 2030. Solo entre 2021 y 2025, la Amazonía perdió 165.600 km² de cobertura boscosa. Para dimensionar la pérdida: es equivalente a casi todo el territorio de Uruguay.
El 83,3% de esta deforestación ocurrió en Brasil, seguido por Bolivia (6,6%). La pérdida de vegetación no solo implica pérdida de hábitats y especies, sino también una emisión masiva de gases de efecto invernadero. En 2023, la región amazónica brasileña generó 1.100 millones de toneladas de CO₂ equivalente, el 48% de las emisiones totales del país.
La minería es uno de los motores más destructivos en la Amazonía. Entre el año 2000 y 2023, la superficie dedicada a actividades extractivas en la Amazonía brasileña creció hasta alcanzar los 3.300 km². De ese total, cerca de 2.700 km² corresponden a minería ilegal.
Este crecimiento del 216% en poco más de dos décadas tiene consecuencias directas sobre el medio ambiente y las comunidades: deforestación, contaminación de ríos y suelos, y uso indiscriminado de mercurio, que afecta particularmente a las poblaciones indígenas y ribereñas.
Además, muchas de estas actividades están controladas por redes criminales organizadas, lo que incrementa la violencia y la vulnerabilidad de las comunidades locales.
La presión no proviene solo de la minería. Entre 2000 y 2023, la superficie cultivada en la Amazonía se triplicó: pasó de 8,5 millones a 29,3 millones de hectáreas. Los cultivos de soja, maíz y palma aceitera avanzan sobre áreas forestales, impulsados por la demanda internacional.
En paralelo, el rodeo bovino aumentó de 47,2 a 104,8 millones de cabezas en ese mismo período. La ganadería extensiva es una de las principales causas del desmonte, ya que requiere grandes extensiones de tierra para pasturas.
En Brasil, el área conocida como “Amazonía Legal” —que incluye nueve estados como Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso y Rondônia— cubre cerca del 61% de toda la Pan-Amazonía. Esta región contiene también vastos territorios indígenas (1,15 millones de km²) y es hogar de 28,3 millones de personas.
Sin embargo, también presenta profundas desigualdades: el 36,2% de la población vive en situación de pobreza, el ingreso promedio es de 468 dólares y solo representa el 10,1% del PBI brasileño, a pesar de ocupar casi el 60% del territorio nacional.
La presión sobre esta zona es brutal: allí se concentran los focos de deforestación, las emisiones por degradación forestal y los conflictos territoriales con pueblos originarios. Además, la débil fiscalización estatal permite el avance de actividades ilegales sin control efectivo.
La ciudad de Belém, ubicada en el estado de Pará, será la sede de la COP30 entre el 10 y el 21 de noviembre de 2025. Este evento reunirá a delegaciones de 198 países y será el principal foro de decisiones sobre políticas climáticas a nivel global.
Pero la elección de Belém no es casual: la ciudad está en el corazón del bioma amazónico y representa, al mismo tiempo, las promesas y contradicciones del desarrollo sustentable en la región.
Según datos oficiales, el 57,2% de su población vive en favelas, frente al 8,1% del promedio nacional. El acceso al agua potable es del 67,1%, mientras que solo el 59,9% de las viviendas está conectada a una red de cloacas. El PIB per cápita es de USD 3.995, menos de la mitad del promedio nacional brasileño.
Además, la calidad del aire en Belém supera en un 172% los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), reflejando el deterioro ambiental urbano.
De cara a la COP30, Belém ha sido receptora de una inversión sin precedentes de 1.300 millones de dólares. Estos fondos están destinados a infraestructura (37,2%), movilidad (28,5%) y saneamiento (24,8%), distribuidos en 38 proyectos estratégicos.
El objetivo es que la cumbre no solo sea un espacio de debate internacional, sino también un catalizador de transformación urbana y ambiental. Sin embargo, organizaciones sociales alertan que estos fondos deben ejecutarse con participación ciudadana y en articulación con las comunidades locales.
Durante la COP30, además de las sesiones plenarias, se celebrarán encuentros paralelos del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Se espera que los países refuercen sus planes climáticos, compromisos financieros y políticas de adaptación.
Temas como transición energética, justicia climática, financiamiento para países en desarrollo, pueblos indígenas, juventudes y biodiversidad estarán en el centro del debate.
En este contexto, la Amazonía será uno de los temas clave. Grupos ambientalistas, científicos, organizaciones indígenas y gobiernos locales exigirán compromisos concretos para preservar el bioma amazónico y reducir las emisiones asociadas a su degradación.
La ciencia ha sido clara: si se destruye más del 20% de la selva amazónica, se alcanzará un punto de no retorno, en el que el ecosistema perderá su capacidad de autorregulación y se convertirá en una sábana degradada. Hoy, según cálculos recientes, ya se ha deforestado entre el 17% y el 18% del total.
La Amazonía es un pilar esencial para la regulación climática global. Actúa como sumidero de carbono, alberga una de cada diez especies conocidas del planeta y sostiene formas de vida ancestrales.
Protegerla no es solo una tarea regional: es una responsabilidad compartida por toda la comunidad internacional. La COP30 puede ser un punto de inflexión o una oportunidad perdida. Todo dependerá de las decisiones que se tomen —y de los compromisos que se cumplan— en Belém.
