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Por Agroempresario.com
En un nuevo paso hacia las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei, el Gobierno volverá a reunir este lunes al Consejo de Mayo, órgano creado para consensuar políticas públicas entre Nación, provincias, sindicatos y empresarios. El encuentro será a partir de las 9 de la mañana en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, bajo un estricto hermetismo respecto de los temas que se debatirán.
El Consejo de Mayo se conformó oficialmente el pasado 24 de junio, en una reunión inaugural donde se establecieron las bases de funcionamiento y se delineó un cronograma de encuentros mensuales. El objetivo es claro: generar un marco institucional que permita avanzar con las reformas estructurales contempladas en el Pacto de Mayo, firmado el pasado 9 de julio de 2024 por Milei y 19 gobernadores.
Entre los temas prioritarios se encuentran:
El Consejo está integrado por seis representantes designados por decreto presidencial. Confirmaron su asistencia al segundo encuentro:
A diferencia del primer encuentro, esta segunda cita espera tener un contenido más sustancial. Las partes llegan con propuestas trabajadas, aunque bajo un acuerdo de confidencialidad. “Nos pidieron mantener la discreción, es lógico porque si no es más difícil discutir los temas”, indicaron desde uno de los sectores presentes. Todos los representantes se comprometieron a tratar los temas con el mayor sigilo posible para facilitar el consenso.
Desde el entorno de Sturzenegger —quien jugaría un rol protagónico en la formulación de reformas— se limitaron a confirmar su presencia, sin adelantar detalles. Se espera que su intervención dé forma a las primeras propuestas normativas en materia de desregulación y mercado laboral.
Por su parte, Losada y Ritondo llevarán la voz del Congreso, aunque con énfasis distinto. La senadora por Santa Fe ha mostrado mayor proactividad en los temas estructurales, mientras que Ritondo acaba de finalizar su participación en las negociaciones por las listas legislativas de octubre, lo cual podría limitar su participación activa en esta ocasión.
Un actor clave en esta etapa será el movimiento sindical. Gerardo Martínez, como representante gremial, ha mostrado una actitud dialoguista pero con líneas rojas claras. Tras la primera reunión, señaló estar dispuesto a discutir una “modernización laboral”, aunque se opuso tajantemente a una reforma impuesta sin consenso con la CGT. También rechazó los topes salariales impuestos por Luis Caputo, ministro de Economía, y criticó lo que denominó como “criminalización de la protesta sindical”.
Martínez informará a sus pares sobre los avances en una reunión de la CGT prevista para el martes 22, donde se espera un debate interno sobre la posición del movimiento obrero frente a las reformas.
Del lado empresarial, la Unión Industrial Argentina (UIA) está representada por Martín Rappallini, quien anticipó que la prioridad está en la reforma tributaria y laboral, especialmente en lo que refiere a la reducción de cargas sobre las pymes, la eliminación de juicios laborales extorsivos y la previsibilidad macroeconómica.
Si bien el empresariado celebra el canal de diálogo abierto por el Ejecutivo, también espera que los cambios se encuadren dentro de un marco legal sólido y previsible, sin avanzar sobre derechos ni crear incertidumbre jurídica.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llega a la reunión con una agenda propia. En las últimas semanas, ha demostrado acercamientos al oficialismo libertario, incluso alineando las fechas de las elecciones provinciales con las nacionales. Esto lo posiciona como un interlocutor clave entre Milei y el resto de los mandatarios provinciales.
No obstante, la reforma de la Coparticipación Federal de Impuestos, uno de los diez puntos del Pacto de Mayo, es vista como una “quimera”, incluso por quienes integran el Consejo. Se trata de un tema complejo que requiere consenso con la totalidad de las provincias y reformas constitucionales profundas.
Aunque las expectativas para esta segunda reunión están altas, los participantes mantienen cautela. La prioridad del Gobierno es presentar borradores de reformas que puedan ser debatidos durante el segundo semestre y eventualmente aprobados en 2026, tras la renovación del Congreso. Para eso, el Ejecutivo necesita construir alianzas políticas sólidas y evitar la confrontación con sectores clave como los sindicatos o los gobiernos provinciales.
Por ahora, la estrategia se centra en mostrar apertura al diálogo, institucionalidad y voluntad de consenso. La incógnita está en cómo lograr resultados concretos sin generar conflicto social o resistencia legislativa.
