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Por Agroempresario.com
En un giro clave para la política hídrica uruguaya, el gobierno encabezado por Yamandú Orsi anunció la construcción de dos nuevas plantas potabilizadoras de agua: una en Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones, y otra en la zona del arroyo Solís Chico, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable al área metropolitana de Montevideo hasta 2045. Esta decisión implica el abandono definitivo del proyecto Neptuno, una megaobra impulsada por el expresidente Luis Lacalle Pou, que proponía una toma de agua desde el Río de la Plata, a 100 kilómetros de la capital.
La iniciativa oficial fue presentada en una conferencia de prensa liderada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien destacó la nueva estrategia como “más eficiente, menos costosa y ambientalmente sostenible”. A su lado estuvieron el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y Alejandro Ruibal, representante del consorcio Aguas de Montevideo, el mismo grupo privado que había firmado el acuerdo inicial por Neptuno.
El nuevo plan surge tras la renegociación de aquel contrato, que fue suscripto por el gobierno saliente pocas semanas antes del traspaso de mando. En lugar de avanzar con la obra en Arazatí, San José, se optó por fortalecer la infraestructura existente en Aguas Corrientes y desarrollar una nueva planta en Solís Chico, que además contará con una reserva de agua bruta.
Uno de los argumentos centrales del gobierno es el ahorro de hasta un tercio del costo original, que estaba estimado en USD 900 millones. Sánchez explicó que con la nueva propuesta, el Estado reduce significativamente la inversión, manteniendo los objetivos de largo plazo en cuanto a seguridad y cobertura del sistema.
La planta de Aguas Corrientes –donde OSE ya opera desde finales del siglo XIX– podrá inyectar hasta 200 mil metros cúbicos diarios al sistema metropolitano, lo que representa una ampliación clave de la capacidad de potabilización. En tanto, la planta de Solís Chico, aunque más pequeña, permitirá reforzar el suministro en la zona costera de Canelones, uno de los departamentos de mayor crecimiento poblacional.
“El modelo mixto, con gestión pública a través de OSE, evita cualquier cuestionamiento constitucional y refuerza el control estatal sobre un recurso esencial como el agua”, remarcó Sánchez, en respuesta a las críticas que había despertado el proyecto Neptuno respecto a la posible privatización encubierta del recurso hídrico.
El recuerdo aún fresco de la crisis hídrica de 2023, cuando los grifos de Montevideo llegaron a suministrar agua salobre debido a una sequía sin precedentes, funcionó como catalizador del debate. El nuevo gobierno consideró que la propuesta original, al tomar agua del Río de la Plata, no ofrecía garantías suficientes en términos de calidad ni viabilidad técnica, mientras que la opción actual aprovecha cuencas ya estudiadas y mejor conectadas al sistema actual.
“El sistema de potabilización debe ser resiliente ante eventos climáticos extremos, y eso implica planificar con base en la experiencia reciente, no en supuestos teóricos”, argumentó el ministro Ortuño.
Tras el anuncio, el expresidente Luis Lacalle Pou reapareció públicamente a través de su cuenta en X (antes Twitter) para cuestionar la decisión. “Es una medida netamente política y técnicamente desacertada”, expresó. “Como siempre, las malas decisiones las pagan los uruguayos. La responsabilidad es del presidente Yamandú Orsi y su equipo”, agregó, en una de sus escasas intervenciones públicas desde que dejó el cargo.
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Desde el entorno de Orsi destacaron que las decisiones se basaron en informes técnicos, en consultas con la academia y en el consenso alcanzado con el consorcio privado para evitar litigios internacionales. En palabras de Ruibal, “el nuevo plan mejora la seguridad del sistema de abastecimiento y nos permite empezar a trabajar cuanto antes para generar empleo y obras de largo alcance”.
El ahorro logrado en la renegociación permitirá avanzar con otro proyecto estratégico: la represa de Casupá, en el departamento de Florida. Esta obra, no contemplada en el contrato original, representa una nueva fuente alternativa para seguir robusteciendo el sistema hídrico nacional.
Con estas decisiones, el gobierno busca sentar las bases de una política sustentable de agua potable, que combine eficiencia económica, gestión pública y resiliencia climática. La intención es clara: dejar atrás la polémica del proyecto Neptuno y avanzar con soluciones realistas que respondan a la demanda creciente y al desafío del cambio climático.
