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Por Agroempresario.com
En un mensaje contundente a gobernadores y legisladores, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reafirmó que el Gobierno de Javier Milei vetará cualquier proyecto de ley que implique modificaciones en el reparto de fondos coparticipables o de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) si estos afectan el equilibrio fiscal. La declaración se da en medio de una tensa relación entre la Casa Rosada y las provincias por la distribución de recursos y el reclamo de mayores ingresos.
Francos explicó que la decisión se enmarca en la política de disciplina económica que sostiene el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2023. “Por supuesto que el Presidente también va a vetar todo lo que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno”, afirmó el funcionario en diálogo con Radio Splendid.
En su declaración, Francos dejó en claro que no se permitirá ninguna ley que sume gasto o debilite el ajuste fiscal. Haciendo uso de la facultad constitucional de veto presidencial, el Gobierno considera que cualquier alteración del esquema actual de reparto federal comprometería los avances logrados en la reducción del déficit.
“Como lo dijo en varias oportunidades el Presidente, no estamos de acuerdo con esas leyes y vamos a utilizar la facultad constitucional que tiene el Presidente de la Nación”, enfatizó Francos, en alusión a eventuales propuestas que pudieran ser impulsadas por el Congreso, a instancias de los gobernadores.
El jefe de Gabinete también incluyó dentro de estas advertencias a los proyectos vinculados a fondos coparticipables y ATN, que son recursos clave para las finanzas provinciales. En ese contexto, la Casa Rosada reafirma que no dará un paso atrás en su objetivo prioritario: sostener el equilibrio fiscal como pilar de la política económica.
Francos justificó la dureza de la postura oficial señalando que “la sociedad argentina está haciendo un enorme esfuerzo para salir de una situación caótica como la que se encontraba el país cuando asumimos en diciembre del 23”. Así, el Gobierno busca legitimar la continuidad del ajuste fiscal apelando al respaldo social a una transformación estructural.
Además, recordó que la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo ha sido una práctica común desde la crisis del 2001, especialmente en contextos económicos complejos. “Desde el 2001 hasta el 2017 hubo delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo. No es algo nuevo. Está previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional”, indicó Francos.
Durante la entrevista, Francos también respondió con dureza a las recientes críticas del jurista y exdiputado Eduardo Barcesat, quien lo había calificado de “imbécil” por defender el alcance de la delegación legislativa. Lejos de esquivar la polémica, el jefe de Gabinete devolvió la acusación: “Creo que los imbéciles ven a todos de su condición. Él me llamó a mí imbécil. Sí. Creo que los imbéciles ven a todos de su condición”.
Francos defendió la constitucionalidad del pedido de delegación de poderes y subrayó que el artículo 76 permite otorgar facultades al Ejecutivo, bajo condiciones determinadas por el Congreso. También recordó los antecedentes de Barcesat como legislador y profesor de Derecho Constitucional, remarcando que no desconoce la normativa que él mismo critica.
Las declaraciones de Francos se producen en un contexto donde los gobernadores presionan por un mayor reparto de fondos, en particular a través de la ampliación de los ATN o cambios en el esquema de coparticipación federal. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no hay margen para aumentar el gasto público, y que cualquier intento legislativo en ese sentido será bloqueado.
“Todo lo que afecte el equilibrio fiscal será vetado”, reiteró Francos, reafirmando que esta no es solo una opinión política, sino una decisión institucional tomada. De esta manera, el Ejecutivo blinda su estrategia de austeridad y sienta posición frente a una eventual embestida parlamentaria que pueda provenir de la oposición o de legisladores aliados a las provincias.
La advertencia ocurre además en medio de negociaciones empantanadas entre la Nación y los mandatarios provinciales. Las conversaciones para alcanzar un acuerdo fiscal federal han mostrado pocos avances, y desde la Casa Rosada ya se evalúa convocar a una nueva cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para destrabar el conflicto.
El mensaje de Francos deja claro que el Gobierno de Javier Milei no está dispuesto a diluir el ajuste que considera imprescindible para reencauzar la economía argentina. Vetar leyes que signifiquen más gasto se ha convertido en una bandera política y económica del oficialismo, que busca enviar una señal tanto al mercado como a sus bases electorales.
En este marco, el Gobierno apuesta a que el equilibrio fiscal será el motor para estabilizar la inflación, atraer inversiones y reactivar la economía, aunque el camino implique fuertes tensiones con actores del sistema político tradicional, como los gobernadores o los sindicatos.
