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Por Agroempresario.com
Burford Capital volvió a ser protagonista del extenso litigio internacional por la expropiación de YPF, al presentar un duro escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El bufete británico criticó al gobierno de Estados Unidos por haber apoyado a Argentina en calidad de amicus curiae y reiteró su intención de cobrar la sentencia millonaria, que ya supera los USD 17.500 millones con intereses.
En una presentación de diez páginas, Burford —el principal beneficiario del fallo contra el Estado argentino— apuntó contra los argumentos presentados por el Departamento de Justicia norteamericano, calificándolos de “erróneos” y “sin sustancia”. A su vez, consideró que la intervención de Washington afecta la percepción del caso y favorece a la narrativa oficialista del gobierno argentino, al dar la impresión de que no habrá consecuencias económicas por la sentencia.
La semana pasada, funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. —encabezados por Jay Clayton y Sean Buckley— se presentaron ante la Corte como amicus curiae en defensa de la posición de Argentina. El escrito solicitó que se respete la inmunidad soberana del Estado argentino en el marco de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976.
“El caso tiene ramificaciones significativas para la política exterior de EE.UU. y podría afectar el trato recíproco que recibe nuestro país en otras jurisdicciones”, explicaron los fiscales. Además, advirtieron que una entrega inmediata de las acciones de YPF podría causar un “daño irreparable” a Argentina, incluso si luego la apelación le resulta favorable.
Burford Capital no tardó en responder. En su escrito, consideró “difícil de entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desobedecer los fallos judiciales”. También calificó como “inusual” la intervención de EE.UU. en esta instancia del proceso.
El fondo sostuvo que la presentación de EE.UU. fue realizada sin una comprensión cabal del caso. “La prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito”, argumentaron. Según la firma, las autoridades estadounidenses desestimaron una solicitud previa para mantener una reunión explicativa, lo que hubiera evitado —a su juicio— la mala interpretación legal del expediente.
Uno de los puntos clave del planteo de Burford fue el impacto local que generó el escrito de EE.UU. Según argumentó la firma, la presentación fue utilizada por el gobierno argentino y algunos medios de comunicación para afirmar que Argentina podría eludir el pago de la sentencia, lo cual genera un “efecto adverso” sobre las expectativas de cobro y sobre la percepción de seguridad jurídica.
En este marco, Burford reiteró que su objetivo es ejecutar el fallo que dictó la jueza Loretta Preska, el cual obliga a Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación irregular de YPF. Con los intereses acumulados, el reclamo asciende a más de USD 17.500 millones.
Actualmente, la Corte de Apelaciones debe decidir si suspende temporalmente la sentencia de Preska, que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte del pago. Esa decisión es clave para el futuro de la causa y para las finanzas del Estado argentino.
La causa por YPF lleva más de diez años de recorrido judicial. Se inició a partir de la nacionalización de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sin una oferta formal a los accionistas privados, como lo exigían los estatutos de la compañía.
Burford compró los derechos del litigio a las empresas Petersen Energía y Eton Park, que eran accionistas minoritarios de YPF y que demandaron al Estado argentino en tribunales estadounidenses.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, EE.UU. había respaldado a Burford en otra presentación como amicus curiae, postura que contrastaba con el apoyo actual a Argentina. Esto fue recordado por la Procuración del Tesoro, que conduce Santiago Castro Videla, quien atraviesa un proceso interno de reorganización por presuntas filtraciones de información.
El caso no solo tiene implicancias económicas, sino también diplomáticas. Un respaldo explícito del gobierno estadounidense a la posición argentina podría tener consecuencias en otros casos similares en los que se discute la inmunidad soberana de Estados extranjeros.
Además, la eventual ejecución del fallo afectaría de forma directa la política económica del presidente Javier Milei, quien está impulsando una ambiciosa agenda de ajuste fiscal, reformas estructurales y privatizaciones, como la reciente habilitación para que AySA corte el suministro de agua por falta de pago.
La Corte de Apelaciones tiene la última palabra respecto a la suspensión o ejecución del fallo de Preska. Mientras tanto, Burford busca mantener la presión y consolidar su estrategia legal, apuntando no solo contra Argentina, sino también contra los actores internacionales que considera responsables de interferir en un fallo judicial firme.
A pesar del contexto político y diplomático, el fondo británico mantiene su objetivo: cobrar, negociar o forzar al Estado argentino a encontrar una salida al reclamo judicial más costoso de su historia reciente.
