Por Agroempresario.com
La decisión del Gobierno argentino de reducir las retenciones a la exportación de productos agrícolas clave como la soja y el maíz generó un impacto inmediato tanto a nivel local como en los mercados internacionales. El anuncio, realizado el sábado por el presidente Javier Milei, implica una rebaja de los aranceles del 33% al 26% para la soja y del 12% al 9,5% para el maíz. La medida tiene como objetivo aliviar la presión sobre los productores, estimular la competitividad y garantizar una mayor oferta global.
La respuesta del mercado no se hizo esperar. Los precios de la soja y el maíz en el mercado de Chicago cayeron a sus niveles más bajos en dos semanas, según informó Bloomberg. Para muchos analistas, esta reacción refleja la expectativa de un aumento de las exportaciones argentinas, que se sumarán a una oferta internacional ya abundante gracias a las buenas perspectivas de producción en Estados Unidos y Brasil.
Según Argus Media, la reducción de las retenciones, junto con los pronósticos de cosechas abundantes en los principales países exportadores, genera una presión bajista sobre los precios globales. Aunque la medida busca beneficiar a los productores argentinos, también plantea preguntas sobre su impacto fiscal y político, especialmente en un contexto de ajustes económicos y negociaciones legislativas complejas.
La rebaja anunciada no se limita a la soja y el maíz. También alcanza a productos derivados de la soja, el girasol, el sorgo y la carne vacuna, todos con reducciones proporcionales. El trigo, en cambio, mantendrá su alícuota del 9,5%. El think tank ONE 618 destacó que esta decisión representa una estrategia fiscal más amplia y agresiva de lo que se preveía inicialmente, ya que se esperaba una reducción solo en carne vacuna.
En concreto, esta medida intenta evitar una caída en la superficie sembrada y preservar los rendimientos productivos, dos factores que se ven amenazados por la baja rentabilidad y la falta de incentivos.
Tras el anuncio, los futuros de la soja bajaron un 0,6% hasta los 10.150 dólares por bushel en la Bolsa de Chicago, el maíz cayó un 0,4% a 4,1725 dólares y el trigo perdió un 0,8%. Estas cifras reflejan la expectativa de un incremento en la oferta mundial, lo que obliga a los productores estadounidenses a reconsiderar sus estrategias de comercialización.
La reacción internacional fue un claro indicador de cómo las decisiones domésticas de un país exportador como Argentina pueden tener efectos globales, especialmente cuando se combinan con condiciones climáticas favorables en el hemisferio norte.
La medida también responde a una situación delicada para el sector agropecuario argentino. Los márgenes de ganancia se han reducido dramáticamente, especialmente en modelos de producción sobre tierras arrendadas. De acuerdo a ONE 618, en muchos casos la rentabilidad ha llegado a ser negativa.
El reciente default de Los Grobo, uno de los grandes jugadores del agro argentino, es un reflejo de esta crisis. Las adversidades climáticas, combinadas con costos logísticos elevados y una creciente apreciación del tipo de cambio real, han dejado a muchos productores al borde de la inviabilidad.
Ante este panorama, la reducción de retenciones se presenta como una herramienta para estimular la inversión en tecnología, evitar el abandono de tierras y sostener la producción.
Desde una perspectiva política, la medida también apunta a consolidar el apoyo en provincias clave como Santa Fe y Córdoba. Al anunciar las bajas antes de la Exposición Rural, Milei logró evitar críticas y recibió un fuerte respaldo de los productores.
El economista de ONE 618 explicó que, al tratarse de un tributo que no entra en el sistema de coparticipación federal, la rebaja no afecta los ingresos provinciales. Al contrario, puede dinamizar la economía local sin sacrificar recursos de las provincias, lo cual resulta en una estrategia que fortalece el federalismo productivo.
El costo fiscal estimado ronda los 600 millones de dólares anuales, equivalente al 0,1% del PBI argentino. Este impacto, según los analistas, es manejable y se concentra en 2026, ya que gran parte de la cosecha 2025 ya fue comercializada.
En comparación con otras medidas en discusión, como el aumento de jubilaciones, el efecto fiscal es mucho menor. Además, si la reducción de retenciones incentiva mayor producción y exportación, podría verse compensada con un incremento en otros tributos como Ganancias e ingresos provinciales.
El IARAF señala que la recaudación por derechos de exportación ha sido históricamente volátil, influida por el clima, los precios internacionales y las decisiones políticas. En 2008 representó el 3,17% del PBI, mientras que en 2017 cayó al 0,43%. Actualmente se ubica en torno al 0,95%.
La medida también cambia la relación entre la Nación y las provincias. Al disminuir el aporte de las provincias productoras al tesoro nacional, se modifica el residuo fiscal positivo que tradicionalmente beneficia a la región centro del país.
Esta redistribución indirecta de recursos puede generar tensiones en el esquema de federalismo fiscal, aunque también abre una oportunidad para repensar el sistema de incentivos a la producción.
Con esta medida, Milei intenta abrir una nueva etapa para el modelo agroexportador argentino. En un contexto global marcado por la sobreoferta y la volatilidad de precios, la decisión del Gobierno puede verse como una apuesta por el crecimiento y la inversión productiva.
Resta ver si el sector responderá positivamente, mejorando rendimientos, recuperando áreas de siembra y fortaleciendo el perfil exportador del país. Lo cierto es que, por primera vez en varios años, el agro recibe una señal clara desde el Ejecutivo: producir más, invertir y crecer es prioridad nacional