Por Agroempresario.com
Brasil se encuentra en el centro de una tormenta política, ambiental y diplomática que podría definir el rumbo de su imagen internacional de cara a la COP30. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva debe decidir, antes del 8 de agosto, si promulga o veta el proyecto de ley 2159/2021, una norma que reforma profundamente el sistema de licencias ambientales en el país. La presión es enorme. Por un lado, el sector agroindustrial y los defensores del crecimiento económico exigen su promulgación. Por otro, la comunidad científica, organizaciones ambientales, el movimiento indígena y la propia ONU, piden su veto rotundo.
El PL 2159/2021 ha sido rebautizado como "la ley de la devastación". Su aprobación en el Congreso el pasado julio marcó el inicio de un intenso debate en todos los niveles del poder brasileño. La norma promete desburocratizar, acelerar licencias y facilitar obras e inversiones, pero a un costo que muchos consideran demasiado alto: la posible flexibilización de controles ambientales esenciales para la preservación de biomas estratégicos como la Amazonía y la Mata Atlántica.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El corazón del PL 2159/2021 es una simplificación del proceso de licencias ambientales. Incluye la creación de dos nuevas figuras: la Licencia Ambiental Única (LAU) y la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC). La LAU permite, en un solo trámite, aprobar la instalación, ampliación y operación de una actividad económica. La LAC, por su parte, se basa en la autodeclaración empresarial, sin estudios de impacto ambiental previos, reduciendo la supervisión de organismos como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA).
Asimismo, la norma reduce la participación del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en grandes obras, debilita el control de la Fundación Nacional del Pueblo Indígena (FUNAI) y excluye de licencias a varias actividades agropecuarias. El alcance del proyecto es tan vasto que podría dejar sin protección previa al 90% de las iniciativas productivas del país, según denunció la ex presidenta del IBAMA, Suely Araújo.
La reacción del movimiento ambiental
Organizaciones como Greenpeace, el Observatorio del Clima y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) han calificado la ley como un "retroceso inaceptable". Según estos grupos, se trata del peor ataque a las políticas ambientales desde la dictadura militar. Advierten que su implementación aumentaría la deforestación, los conflictos con comunidades tradicionales e indígenas, y pondría en riesgo la salud pública por falta de evaluaciones previas.
Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y figura histórica del ecologismo brasileño, también se manifestó en contra. Para ella, no basta con vetar algunos artículos: hay que reconstruir un sistema de licencias sólido y confiable. "Preservar las licencias ambientales es clave para la sostenibilidad del desarrollo brasileño", afirmó en declaraciones recientes.
La postura indígena y el efecto del Marco Temporal
Uno de los aspectos más delicados del PL 2159/2021 es su impacto sobre los derechos indígenas. Al limitar la intervención de la FUNAI solo a tierras homologadas, excluye de facto a 259 territorios en proceso de regularización, lo que representa un 32% del total. Esta medida, sumada al Marco Temporal (PL 490/2007), que busca restringir la demarcación de tierras a lo que estaba ocupado en 1988, podría desencadenar una ola de desalojos y violencia en el campo.
El Consejo Indígena Misionero (CIMI) y la ONG Instituto Socioambiental alertan sobre el desmantelamiento de las garantías constitucionales del artículo 231, que reconoce los derechos originarios de los pueblos indígenas. Si bien el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró inconstitucional el Marco Temporal, el ministro Gilmar Mendes impulsó una "cámara de conciliación" que fue duramente cuestionada por el movimiento indígena.
Las advertencias internacionales
El 25 de julio, cuatro relatores especiales de la ONU enviaron una carta formal al gobierno de Lula, expresando su "profunda preocupación" por el rumbo legislativo brasileño. Según los expertos, el PL 2159/2021 viola compromisos del Acuerdo de París, la Constitución brasileña y estándares internacionales de derechos humanos.
"Este retroceso compromete no solo la protección ambiental, sino los derechos de las futuras generaciones", señala el documento. La ONU advierte además que la aprobación de la ley podría debilitar la posición de Brasil como anfitrión de la COP30, prevista para noviembre en Belém, estado de Pará.
El dilema de Lula
Luiz Inácio Lula da Silva ha buscado reposicionar a Brasil como líder global en la lucha contra el cambio climático. Desde su regreso al poder, ha prometido reducir la deforestación, apoyar la transición energética y respetar los derechos de los pueblos originarios. Pero esta ley representa una disyuntiva política.
El agro brasileño, clave para la economía nacional, presiona con fuerza. La bancada ruralista, uno de los grupos más poderosos del Congreso, impulsa la norma como una forma de destrabar miles de proyectos de infraestructura paralizados. Según el senador Jayme Campos, hay más de 5.000 obras bloqueadas por exigencias ambientales que podrían retomarse con esta nueva legislación.
Tereza Cristina, senadora y ex ministra de Agricultura de Jair Bolsonaro, sostiene que el PL 2159/2021 no debilita controles sino que agiliza procedimientos. "Las sanciones serán incluso más duras para quienes no cumplan con las nuevas reglas", afirma. Carlos Fávaro, actual ministro de Agricultura, coincide: "No se trata de destruir, sino de modernizar".
Impacto geopolítico y comercial
El momento no podría ser más delicado. A las tensiones internas se suman los desafíos externos. Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a productos agrícolas brasileños, lo que ya genera impactos económicos. En este contexto, Lula necesita preservar alianzas internacionales y mantener una imagen coherente con los compromisos climáticos.
Vetando la ley, Lula reforzaría su perfil ambiental y alinearía a Brasil con las demandas globales de sostenibilidad. Promulgándola, consolidaría el respaldo del agro, pero podría pagar un precio diplomático y reputacional elevado.
La cuenta regresiva
Faltan días para que Lula tome una de las decisiones más importantes de su tercer mandato. La tensión crece entre el Palacio de Planalto, los movimientos sociales, los líderes rurales y la comunidad internacional. En ciudades como San Pablo, activistas proyectan en edificios el mensaje “Prohíbe todo, Lula”, instándolo a actuar con responsabilidad ambiental.
El desafío es enorme: conciliar desarrollo económico, justicia social y preservación ecológica en un país donde estos intereses suelen colisionar. La decisión que tome Lula será leída no solo en Brasil, sino en todo el mundo.
