Por Agroempresario.com
El mundo vitivinícola argentino atraviesa una nueva tormenta. La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) dispuso un incremento del 45% en la contribución obligatoria que deben abonar todos los productores del sector, lo que reavivó viejas disputas con bodegueros y autoridades nacionales. La medida, oficializada a través del Acta 187/2025, llega en un contexto económico delicado y amenaza con profundizar la grieta institucional que desde hace años divide a la industria del vino.
El origen de la polémica: un aumento en medio de la crisis
La decisión de la Coviar se enmarca en sus facultades establecidas por la Ley 25.849, normativa madre de la vitivinicultura argentina. El incremento, que se implementará desde agosto, eleva sustancialmente el aporte que hacen las bodegas, viñateros y productores de mosto. Según la Corporación, la suba es indispensable para evitar un desfinanciamiento que comprometería la ejecución del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
La explicación oficial detalla que este ajuste, que normalmente se realiza en abril, fue postergado en 2025 para evaluar junto al Gobierno nacional el impacto inflacionario y la situación de precios. Sin embargo, la estrategia lejos de generar consenso, desató una ola de críticas.
El Gobierno nacional se planta
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezada por Sergio Iraeta, manifestó públicamente su rechazo al incremento. En un comunicado oficial, la cartera aclaró que, si bien Coviar tiene reconocimiento legal como persona jurídica de derecho público no estatal, su directorio es mayoritariamente privado.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que representa a la Secretaría en el directorio, dejó asentado que no acompañó la medida y anticipó que tomará acciones para frenar el aumento. La postura oficial apunta a proteger la competitividad del vino argentino en los mercados internacionales y a evitar nuevas cargas fiscales en un sector que ya enfrenta una presión tributaria elevada.
Bodegas de Argentina, en pie de guerra
La respuesta del empresariado no se hizo esperar. Bodegas de Argentina (BdA), cámara que agrupa a más de 200 empresas y que desde 2019 mantiene una relación distante con Coviar, se alineó con el Gobierno. Su principal argumento: la Coviar perdió su legitimidad para cobrar estos aportes tras la finalización del PEVI 2020.
BdA advirtió que el aumento llega en una “coyuntura crítica” marcada por la caída del consumo interno, la baja en exportaciones y la creciente competencia internacional. La entidad denunció que el 43% de presión fiscal que soporta la vitivinicultura es insostenible y que este incremento agrava la situación, poniendo en riesgo el empleo, la inversión y la calidad productiva.
Los números del nuevo arancel
Con la suba, los productores pagarán:
- $0,84797885 por litro de vino, mosto sulfitado o virgen sin concentración (antes $0,584813).
- $0,7149399 por litro de producto fraccionado sin indicación de variedades (antes $0,493062).
- $1,17107365 por litro de producto con indicación de variedades, champagne o vinos especiales (antes $0,807637).
- $4,3820247 por litro de mosto concentrado (antes $3,022086).
- $0,7022147 por kilo de uva para pasas o en fresco (antes $0,484286).
Desde Coviar afirman que el impacto en precios es mínimo: 0,08% en el mercado interno y 0,21% en el externo, según sus cálculos. Sin embargo, las bodegas sostienen que, en un contexto de inflación persistente y caída de márgenes, cada incremento pesa.
Una grieta que viene de lejos
El enfrentamiento entre Coviar y Bodegas de Argentina no es nuevo. En 2019, la cámara empresaria rompió vínculos formales, acusando a la Corporación de haber perdido su foco estratégico. Otras entidades, como el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, también tomaron distancia, denunciando falta de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos.
Del otro lado, Coviar defiende su rol como coordinador de la cadena vitivinícola, ejecutor de políticas de promoción y motor de desarrollo para pequeños productores y regiones menos favorecidas.
Impacto regional y proyecciones
La medida tiene especial relevancia en provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca y Río Negro, donde la vitivinicultura es clave en el tejido económico y social. Allí, cualquier modificación en la estructura de costos repercute directamente en el empleo rural, la logística y la exportación.
Si la confrontación escala, podría afectar las negociaciones internacionales y la imagen del vino argentino como producto de alta calidad y origen protegido. Los analistas coinciden en que una salida negociada sería la mejor opción para evitar daños mayores.
Lo que viene: debate y tensión
El conflicto por el “impuesto Coviar” promete seguir en la agenda durante los próximos meses. Mientras la Corporación busca garantizar su financiamiento para ejecutar proyectos de promoción y desarrollo, bodegas y autoridades reclaman un rediseño del sistema que evite cargas adicionales en un momento económico frágil.
El desafío será encontrar un equilibrio entre sostenibilidad institucional y competitividad comercial, dos objetivos que hoy parecen enfrentados, pero que el futuro del vino argentino necesita reconciliar.
