Soja: ROSARIO
$380.500 0.13%
Maíz: ROSARIO
$225.300 -0.75%
Trigo: ROSARIO
$260.550 -0.04%
Por Agroempresario.com
En los primeros siete meses de 2025, el Gobierno argentino alcanzó un superávit primario equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, para cumplir la meta autoimpuesta y luego ratificada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá llegar a un 1,6% hacia fin de año. Este desafío fiscal plantea interrogantes sobre la capacidad de la administración de sostener la reducción del gasto en un contexto de menor recaudación y de presiones políticas y sociales por mayor asistencia.
El resultado fiscal de julio mostró un superávit primario de 1,7 billones de pesos, aunque el balance financiero arrojó un déficit de 0,16 billones debido al pago de intereses de la deuda externa. La Secretaría de Hacienda subrayó que este resultado refleja el esfuerzo del equipo económico por mantener una disciplina fiscal estricta, pero los analistas advierten que la tarea hacia adelante será más complicada.
Uno de los factores centrales que explican la tensión es la merma de ingresos tributarios. La eliminación del Impuesto PAIS, la reducción de Bienes Personales, el recorte de aranceles y, más recientemente, la baja permanente de retenciones, impactaron en las cuentas públicas. De esta manera, el esfuerzo por consolidar el superávit deberá venir principalmente del gasto.
La consultora LCG destacó que, hasta julio, el gasto primario acumuló 9,3% del PBI, un sendero más holgado que en 2024. No obstante, advirtió que el compromiso asumido con el FMI obliga a una mayor austeridad. “Con ingresos moviéndose a la baja, entendemos que esta dinámica será ajustada en los próximos meses”, señaló el informe.
Los vetos presidenciales a proyectos aprobados en el Congreso —como aumentos de jubilaciones o moratorias previsionales— se inscriben en esta estrategia de contención. Para el Poder Ejecutivo, cualquier demanda que implique mayor gasto debe ser descartada para sostener la meta fiscal.
El ajuste se ha concentrado en tres rubros: subsidios, salarios públicos y obra pública. Entre enero y julio, los subsidios cayeron un 43% en términos reales interanuales; el gasto en salarios públicos retrocedió un 6% por la reducción de la planta de empleados y la contención salarial; y la inversión en obra pública se redujo un 9%.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) remarcó que, de los 16 componentes del gasto, nueve tuvieron incrementos reales interanuales y siete registraron caídas. Los mayores aumentos se observaron en transferencias de capital a provincias (+127%), transferencias corrientes a provincias (+126,9%) y la Asignación Universal por Hijo (+33%). En cambio, los mayores retrocesos se dieron en subsidios a otras funciones (-67,7%), subsidios a la energía (-55%) y programas sociales (-29%).
El contraste entre el aumento de jubilaciones (+21,7%) y la caída de subsidios y programas sociales es ilustrativo del reordenamiento fiscal: mientras los mayores de 65 años recibieron más fondos, la asistencia social y las transferencias energéticas se achicaron drásticamente.
La política de ajuste genera tensiones tanto dentro como fuera del oficialismo. Gobernadores provinciales celebraron la mayor asistencia en transferencias, pero alertaron que sin obra pública ni subsidios energéticos, la presión sobre los presupuestos locales se incrementa.
En paralelo, organizaciones sociales cuestionaron el retroceso de los programas de asistencia, advirtiendo que la reducción del 29% en términos reales genera un impacto directo sobre los sectores más vulnerables.
El Gobierno, por su parte, defiende su estrategia como indispensable para estabilizar la economía y recuperar la confianza de los mercados internacionales. Para el equipo económico, consolidar un superávit primario superior al pactado con el FMI es una señal de compromiso que permite abrir la puerta a nuevas negociaciones de deuda y acceso al crédito externo.
El desafío para el último cuatrimestre del año será sostener esta política sin que la conflictividad social se traduzca en retrocesos. Según cálculos privados, el Ejecutivo necesitaría reducir aún más los subsidios y acelerar la contención del gasto público para alcanzar el 1,6% del PBI de superávit primario.
Los analistas coinciden en que, si bien la meta es alcanzable, el costo político puede ser elevado. Con una economía que crece de manera tímida y un consumo deprimido, cualquier reducción adicional en el gasto podría frenar aún más la actividad.
En este marco, los mercados financieros observan con atención cada movimiento fiscal y político. La sostenibilidad del ajuste determinará la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos y mantener la estabilidad cambiaria y monetaria en un año decisivo.
