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Por Agroempresario.com
El gobierno de Brasil, liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, analiza la posibilidad de activar la Ley de Reciprocidad Económica como respuesta a los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos sobre productos brasileños. La medida tiene como objetivo proteger la soberanía económica, garantizar la competitividad del país y forzar un canal de diálogo diplomático con Washington. La Cámara de Comercio Exterior (Camex) tiene un plazo de 30 días para presentar un dictamen técnico que determine si procede la aplicación de la ley.
El origen de la controversia se remonta al 30 de julio de 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impuso un recargo adicional del 40% sobre productos brasileños, sumado al 10% ya decretado en abril, alcanzando un total de 50%. La Casa Blanca justificó la medida señalando una supuesta “persecución política” contra el expresidente Jair Bolsonaro y decisiones del juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal. Estas acciones generaron fuertes críticas en Brasil y fueron calificadas por The Guardian como un “ataque a la democracia brasileña”.
En respuesta, el presidente Lula sostuvo que Brasil es un país soberano con instituciones independientes, rechazando la narrativa estadounidense. El canciller Mauro Vieira explicó que la Ley de Reciprocidad tiene como objetivo defender los intereses nacionales y que cualquier medida adoptada seguirá criterios técnicos y estratégicos.
El vicepresidente Geraldo Alckmin coordina un comité interministerial creado por el decreto reglamentario, que reúne a representantes de Hacienda, Industria, Agricultura y el Itamaraty. El grupo mantiene reuniones con sectores productivos para evaluar el impacto de los aranceles y definir posibles contramedidas.
Los sectores más afectados incluyen el acero y el aluminio, productos clave de la relación bilateral. En 2023, Estados Unidos importó más de 5.400 millones de dólares en acero brasileño, consolidando a Brasil como uno de sus principales proveedores. La agroindustria, que abarca soja, café y etanol, también teme impactos severos en sus exportaciones.
El comercio bilateral entre ambos países superó los 127.000 millones de dólares en 2024, según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR). Sin embargo, los datos muestran que Estados Unidos mantiene un superávit estructural frente a Brasil, cercano a 7.000 millones en bienes y más de 30.000 millones al sumar servicios, contradiciendo la narrativa de déficit promovida por Trump.
La Ley de Reciprocidad, sancionada en abril de 2025, permite a Brasil adoptar contramedidas proporcionales frente a decisiones comerciales unilaterales. Entre estas medidas se incluyen incrementos arancelarios compensatorios, suspensión de concesiones y restricciones a inversiones estratégicas.
Tatiana Prazeres, exsecretaria de Comercio Exterior, advirtió que la norma dota a Brasil de “un arma poderosa, pero también riesgosa”, dado que una aplicación directa podría desencadenar represalias adicionales de Washington. El abogado general de la Unión, Jorge Messias, reforzó esta línea en un artículo publicado en The New York Times, señalando que la imposición de un arancel generalizado del 50% es desproporcionada y contraria a las reglas del comercio justo.
Además de la Ley de Reciprocidad, Brasil evalúa recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Funcionarios del Itamaraty señalaron que los aranceles de Trump podrían violar compromisos multilaterales. No obstante, los procesos ante la OMC suelen prolongarse años, mientras que la ley nacional permite respuestas inmediatas, lo que aumenta la presión política y empresarial para tomar decisiones rápidas.
En Washington, la reacción inicial ha sido de cautela. Un funcionario del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos “espera que Brasil evite medidas precipitadas que puedan dañar una relación estratégica de larga data”. Sin embargo, en Brasilia, la presión para aplicar contramedidas crece entre sectores políticos y productivos.
El resultado del análisis de Camex en los próximos 30 días definirá si Brasil aplica plenamente la Ley de Reciprocidad y qué tipo de contramedidas se implementarán. La decisión marcará el tono de la relación bilateral en los próximos meses, equilibrando la defensa de la soberanía con el riesgo de una guerra comercial.
Los sectores más afectados, como acero, aluminio y la agroindustria, monitorizan la situación con preocupación, mientras expertos destacan que la ley representa un cambio significativo en la política comercial brasileña, tradicionalmente multilateral.
