Soja: ROSARIO
$475.000 -1.04%
Maíz: ROSARIO
$262.200 1.08%
Trigo: ROSARIO
$270.000 1.85%
En septiembre, la balanza comercial argentina mostró un superávit de USD 921 millones, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado se explica principalmente por la reducción temporal a cero en los derechos de exportación para granos, una medida implementada por el Ministerio de Economía.
Durante el noveno mes del año, las exportaciones alcanzaron los USD 8.128 millones, lo que representa un aumento interanual del 16,9%. Por su parte, las importaciones totalizaron USD 7.207 millones, con un crecimiento del 20,7% en comparación con septiembre del año pasado.
El reporte detalló que los productos primarios sumaron USD 2.025 millones, con un crecimiento del 24,9%. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) llegaron a USD 2.982 millones, aumentando un 11,2%, mientras que las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron USD 2.155 millones, con un crecimiento más moderado del 3,5%. Por último, los combustibles y energía alcanzaron USD 967 millones, con un crecimiento destacado del 25%.
La medida que estableció retenciones cero para exportaciones de granos hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar un cupo de USD 7.000 millones, se agotó en menos de tres días. Esta flexibilización fiscal fue un motor clave del superávit comercial registrado.
Sin embargo, esta iniciativa generó críticas, especialmente en el sector agropecuario. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron que solo un tercio de los USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) correspondió a productores reales, beneficiando principalmente a grandes cerealeras.
La distribución de los dólares obtenidos con esta medida fue motivo de controversia. Se reveló que esos ingresos se utilizaron para intervenir en el mercado cambiario y evitar que el dólar alcance el techo de la banda establecida, dejando al Tesoro con apenas USD 40 millones para hacer frente a vencimientos internacionales previos a las elecciones, según estimaciones de la consultora 1816.
Además, el costo fiscal de esta reducción en retenciones fue criticado en un contexto donde el Gobierno rechazó proyectos sociales de alto impacto, como la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentando la necesidad de mantener un superávit fiscal.
