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Por Agroempresario.com
La Unión Industrial Argentina (UIA) y la denominada Liga de Provincias Bioenergéticas dieron un paso conjunto para impulsar una nueva ley de biocombustibles, con el propósito de reactivar un sector estratégico para la economía regional y la transición energética del país. El proyecto, presentado en ambas cámaras del Congreso Nacional, busca reemplazar el actual sistema de cupos y precios regulados por un esquema más competitivo, abierto y transparente, que promueva inversiones y asegure previsibilidad a largo plazo.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobiernos de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, provincias con fuerte presencia en la producción de bioetanol y biodiésel, dos combustibles claves para reducir la dependencia del petróleo y potenciar las economías regionales.
El texto de la propuesta plantea la eliminación del sistema de valores fijados por la Secretaría de Energía, que, según los industriales, generó distorsiones y desincentivó la producción. En su lugar, propone que los precios se definan mediante mecanismos de mercado y licitaciones abiertas, para fomentar la competencia y garantizar la sustentabilidad económica de las plantas.
Además, el proyecto prevé aumentos graduales en los porcentajes obligatorios de corte de biocombustibles con combustibles fósiles. En el caso del bioetanol, la mezcla con naftas se incrementaría progresivamente, mientras que el biodiésel ganaría participación en el gasoil. También se contempla la incorporación de biocombustibles en el transporte aéreo y marítimo, y la habilitación de vehículos con motores flex o kits de conversión, una tendencia ya adoptada por varios países con políticas avanzadas de descarbonización.
De acuerdo con la UIA, esta modificación de la Ley 27.640, que actualmente rige hasta 2030, es fundamental para evitar la concentración del mercado y asegurar la continuidad de un entramado productivo que genera empleo calificado y valor agregado en origen. “Los biocombustibles son una herramienta para industrializar la producción agrícola, reducir las importaciones de combustibles y contribuir a la seguridad energética nacional”, sostienen desde la entidad.
Los gobiernos que integran la Liga Bioenergética remarcan que el marco legal vigente no garantiza el crecimiento del sector y que resulta indispensable brindar estabilidad jurídica y económica para atraer inversiones privadas. Según sus planteos, la nueva ley debería consolidar una política federal de energía que potencie la producción en las regiones agrícolas y cañeras, generando empleo local y fortaleciendo las cadenas de valor.
“Queremos una ley moderna, federal y previsible, que promueva la producción y asegure condiciones estables para todos los actores del sector”, señalaron en un comunicado conjunto las provincias firmantes.
El texto también subraya la necesidad de previsibilidad fiscal y normativa, evitando depender de resoluciones administrativas que cambien las condiciones de rentabilidad de un día para otro. De este modo, las provincias apuestan a que el Congreso apruebe una legislación que combine competencia con protección a las pymes locales, pilares fundamentales del desarrollo regional.
El debate llega al Congreso en un contexto político complejo. En noviembre de 2024, el Gobierno nacional había impulsado un proyecto para desregular el mercado de biocombustibles, con el objetivo de habilitar la libre importación, exportación y participación de todas las empresas energéticas en el abastecimiento. Aquella iniciativa fue cuestionada por las provincias productoras, que consideraron que beneficiaba a las grandes compañías y ponía en riesgo a las pymes del sector.
Aunque el Ejecutivo defendió la propuesta argumentando que no generaría costos fiscales adicionales, los gobiernos provinciales reclamaron un aumento más rápido en los niveles de mezcla y una mayor protección a las empresas locales.
Mientras tanto, desde el sector petrolero, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) propuso un Régimen de Reactivación de la Producción Convencional para frenar el declive de las cuencas maduras de petróleo y gas, especialmente en provincias como Chubut, Santa Cruz, Mendoza y el norte argentino.
El informe de la CEPH advierte que, pese al crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta, la extracción convencional aún representa 46% del petróleo y 37% del gas del país. Por eso, solicitan incentivos fiscales y estabilidad impositiva, similares al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
El nuevo proyecto de ley marca el retorno del debate sobre el modelo energético argentino. Entre la desregulación total y el control estatal, las provincias bioenergéticas y la UIA impulsan un camino intermedio: un mercado abierto, competitivo y previsible, que potencie las energías limpias, fomente el empleo y consolide la transición hacia una matriz más diversificada.
De aprobarse, la propuesta podría redefinir la política energética nacional, fortaleciendo el papel de los biocombustibles como motor del desarrollo productivo y ambientalmente sostenible en todo el territorio argentino.
