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Tras las recientes elecciones legislativas, el Gobierno nacional se prepara para iniciar una ronda de diálogo con los gobernadores, un proceso impulsado a pedido del FMI y del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la aprobación de reformas estructurales pendientes. Los mandatarios provinciales llegarán con demandas específicas, centradas en la minería, el desarrollo de infraestructura y la estabilidad de incentivos a la inversión.
Uno de los puntos más sensibles en la agenda es la Ley de Glaciares. Los gobernadores sostienen que la normativa actual deja demasiadas interpretaciones posibles, lo que bloquea proyectos millonarios. “El texto vigente permite suspender cualquier iniciativa donde exista una mínima mancha de nieve susceptible de considerarse un periglaciar”, advirtió Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, durante el Seminario Iniciativa Minera Sueca, en declaraciones citadas por Fernando Heredia de Forbes.
Orrego agregó que el Ejecutivo debe buscar una solución institucional, ya sea mediante un decreto reglamentario o un acuerdo federal. Según el mandatario, “tenemos la macro ordenada, el RIGI en marcha, el cepo eliminado; ahora falta resolver este tema”. No obstante, modificar leyes ambientales es políticamente delicado, por lo que se evalúa si un decreto podría brindar la seguridad jurídica suficiente para atraer inversiones que podrían superar los 15.000 millones de dólares.
En Mendoza, la ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, señaló que la normativa vigente genera incertidumbre y superposición de competencias. “Existe un déficit normativo. La autoridad de aplicación y la titularidad de los recursos naturales, incluido el ambiente, corresponden también a las provincias desde la reforma constitucional del ’94. Por eso es clave un acuerdo que preserve el ambiente sin frenar el desarrollo minero”.
Las provincias buscan así una regulación que permita combinar preservación ambiental con explotación responsable, evitando que los proyectos sigan paralizados por cautelares judiciales o falta de claridad legal.
Otro eje central de las negociaciones es la infraestructura. Desde la llegada de Javier Milei, muchas obras públicas quedaron suspendidas bajo el argumento de priorizar la inversión privada. Los gobernadores consideran que esta estrategia por sí sola es insuficiente.
“Es toda una simbiosis entre lo público y lo privado. Tenemos que estar abiertos a todas las opciones, pero hay rutas nacionales que solo pueden realizarse con participación del Estado”, afirmó Orrego. Entre las alternativas planteadas se incluye el adelanto de regalías mineras para financiar proyectos urgentes, así como la posibilidad de recurrir a organismos internacionales para aportar fondos. El objetivo es reactivar rutas, caminos y obras energéticas vinculadas a la minería, esenciales para mantener la competitividad.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) también será tema de discusión. Las provincias consideran que el plazo inicial es insuficiente para que los proyectos mineros y de hidrocarburos cumplan con todos los requisitos técnicos y administrativos.
“La autoridad de aplicación entendió que muchos proyectos requieren más tiempo para su análisis y aprobación. Una prórroga podría favorecer la estabilidad y atraer nuevas inversiones”, señaló Latorre a Fernando Heredia. Extender el RIGI por al menos un año permitiría consolidar la llegada de capitales y garantizar reglas claras para los emprendedores.
La reunión entre el Gobierno y los gobernadores será un momento clave de negociación federal. Más allá de las reformas estructurales, cada provincia buscará obtener respuestas concretas a sus demandas, equilibrando intereses locales y nacionales.
Orrego resumió la expectativa: “Todas las condiciones macro están dadas. Lo que falta es que la política encuentre el modo de acompañar al desarrollo productivo sin abrir nuevos frentes de conflicto”. La coordinación efectiva será determinante para destrabar proyectos mineros y asegurar obras estratégicas para el país.
