Durante el 61° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, el economista Matías Surt, socio-director de Invecq, presentó un diagnóstico sobre la situación fiscal y tributaria de Argentina. En su exposición, analizó la evolución del gasto público, la presión impositiva sobre el sector formal y los niveles de evasión. Además, explicó cómo la estructura actual de impuestos afecta la competitividad y la inversión.
Surt sostuvo que el país atraviesa un proceso de reducción del gasto público luego de dos décadas de incremento. Recordó que, a mediados de los años 90, el gasto consolidado, entre Nación, provincias y municipios, representaba cerca de 29 puntos del PBI, mientras que en 2015 alcanzó 43 puntos, su nivel más alto. De acuerdo con sus estimaciones, entre 2015 y 2025 esa proporción descendió a 32,5 puntos del PBI, con una disminución más significativa en el gasto nacional.
Según el economista, esta corrección fiscal permitió estabilizar parte de las cuentas públicas, aunque aún quedan desafíos para alcanzar las metas del Pacto de Mayo, que prevé un gasto consolidado de 25 puntos del PBI. Surt indicó que retroceder a ese nivel implicaría un esfuerzo político y económico considerable, incluso mayor al ajuste realizado en los últimos años.
En su exposición, el socio-director de Invecq también se refirió a la presión tributaria que enfrenta el país. Explicó que la recaudación total equivale a alrededor de 27,8 puntos del PBI, un nivel superior al promedio de la región. No obstante, señaló que esa cifra no refleja por completo la carga que soportan los sectores formales, debido al impacto de la evasión fiscal.
Además, precisó que la evasión del IVA en Argentina ronda el 37%, mientras que en Colombia se ubica en 23%, en Chile en 19% y en Uruguay en 15%, según datos de Arca. Con esos valores, la presión tributaria efectiva sobre las empresas y trabajadores que cumplen con sus obligaciones alcanza niveles mucho más altos que los del promedio general. “Esa tasa de evasión implica que el 28% de presión tributaria visible oculta una presión real que se aproxima al 45% del PBI, y algunos la estiman incluso más alta”, explicó.
De acuerdo con Surt, si Argentina lograra reducir la evasión a los valores de los países vecinos, podría recuperar hasta cuatro puntos del PBI en recaudación sin aumentar alícuotas ni crear nuevos tributos. Destacó que esa mejora permitiría aliviar la carga sobre el sector formal y fortalecer la sustentabilidad fiscal.
Otro de los temas desarrollados en su presentación fue la estructura del sistema impositivo. El economista señaló que el país depende en gran medida de impuestos distorsivos, que se aplican sobre las transacciones y la producción. Estimó que esos tributos representan cerca de 8 puntos del PBI, cuando en otras economías su participación no supera los 2 puntos. Entre ellos mencionó ingresos brutos, derechos de exportación, aranceles de importación y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Surt explicó que el impuesto a los ingresos brutos es uno de los principales factores que incrementan los costos de producción, ya que se acumula en cada etapa de la cadena de valor. Indicó que las alícuotas provinciales oscilan entre 3,1% y 4,4%, con diferencias significativas entre jurisdicciones. Según sus cálculos, si se midiera el efecto acumulativo de ingresos brutos como si fuera un IVA adicional, equivaldría a una alícuota extra de 11%, lo que eleva la carga total sobre el consumo a cerca de 32%.
Respecto del gasto municipal, el economista presentó un relevamiento de IDEA que analizó entre 30 y 35 municipios del país. Los resultados mostraron una amplia variación en las tasas locales que se aplican sobre la facturación de distintos sectores. En supermercados e hipermercados, la tasa promedio ronda el 1%, pero algunos distritos alcanzan valores de hasta 6%. En gastronomía, el promedio se ubica en 0,3%, aunque también se registran casos superiores al 4%. En el sector financiero, los promedios llegan al 3,5%, con máximos de 7,8% en algunas ciudades.
El economista indicó que la combinación de tributos nacionales, provinciales y municipales genera una carga acumulada que afecta tanto la producción como el consumo. En su análisis, calculó que la carga impositiva total contenida en el precio de distintos productos oscila entre 35% y 52%, dependiendo del rubro. Entre los bienes analizados se incluyeron alimentos, acero, pinturas, combustibles, cervezas, electrodomésticos y vehículos.
Para ilustrar el impacto de esa carga, Surt mencionó el caso de los automóviles importados. Al comparar un mismo modelo vendido en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile, observó que el precio final en el mercado local resulta entre 15% y 28% más alto que en esos países. Sin embargo, sin impuestos, el vehículo sería hasta 12% más barato. El ejemplo busca mostrar cómo la carga tributaria incide en el valor final de los bienes y en la competitividad de la economía.
El equipo de IDEA también comparó la incidencia tributaria en productos de consumo masivo como shampoo, desodorante y mayonesa. En esos casos, se observó que Uruguay presenta una carga entre 5% y 10% menor, Chile entre 25% y 30% menos y Paraguay hasta 60% más baja que la de Argentina. Según el análisis, las diferencias no dependen únicamente del nivel de recaudación general, sino de la composición de los impuestos y de cómo se aplican en cada etapa del proceso productivo.
En su conclusión, Surt planteó que la estructura tributaria argentina requiere una revisión integral. Subrayó que una reducción gradual de la evasión y una menor dependencia de los impuestos más distorsivos permitirían avanzar hacia un esquema más equilibrado, capaz de sostener el gasto público sin afectar la inversión ni el empleo. También destacó que los avances logrados en materia de ajuste fiscal pueden servir como base para encarar esa reforma.
El mensaje del economista se inscribió en una de las principales temáticas abordadas por el Coloquio de IDEA 2025: la necesidad de consolidar un entorno macroeconómico estable que promueva la actividad privada. La exposición fue seguida por un auditorio conformado por empresarios, analistas y funcionarios, y generó interés en torno a los desafíos fiscales que enfrenta el país en el actual contexto económico.