En el marco de una serie de reformas económicas implementadas por el gobierno nacional, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha anunciado la eliminación de 1.324 normativas que, según aseguran, limitaban el desarrollo de la economía argentina. A pocos días de las elecciones de medio término, el ministro Federico Sturzenegger destacó que estas modificaciones buscan facilitar el progreso económico, reducir costos y aumentar la competitividad de diferentes sectores.
Hasta el 30 de septiembre de 2025, se han emitido 439 normativas de desregulación, que afectan directamente a diversos sectores productivos. Entre las áreas más impactadas se encuentran comercio exterior, finanzas, transporte y agroindustria, con cambios significativos en más de 9.600 artículos de ley que se consideraban obsoletos o contraproducentes para el desarrollo del país. De estas 1.324 normativas derogadas, las más relevantes corresponden a 69 normas en comercio exterior, 65 en finanzas y mercado de capitales, 61 en agroindustria y 59 en transporte.

Una de las medidas más controvertidas fue la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Según las autoridades, esta decisión ha permitido una baja real de hasta 26,6% en los precios de alquileres en el primer semestre de 2024, lo que representa un ahorro significativo para millones de inquilinos. De acuerdo con los datos proporcionados, 7.925.280 inquilinos en todo el país se habrían beneficiado con esta disminución de costos, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde los ahorros mensuales por alquileres alcanzan los 262.000 pesos.
Otro de los sectores clave que experimentó reformas fue el transporte aéreo. Con la publicación del Decreto 70/2023, se liberalizó la actividad aerocomercial, permitiendo la entrada de nuevas líneas aéreas y ampliando la cobertura en rutas nacionales. Este cambio permitió la apertura de nuevas conexiones aéreas en ciudades como Tandil, Olavarría, Villa María y Venado Tuerto, entre otras. Este incremento de vuelos permitió que más de 978.000 personas que viven a menos de 50 kilómetros de los aeródromos que operan estos nuevos vuelos, ahora tengan acceso a una conexión aérea comercial.
En cuanto al comercio exterior, el gobierno nacional también destacó la eliminación de restricciones en el sector de courier, lo que permitió una mayor liberalización de la actividad. A finales de 2024, se estableció una franquicia de hasta USD 400 por envío para aquellos que recibieran hasta cinco envíos anuales sin tener que pagar derechos de importación. Según las autoridades, durante 2025, se ingresaron al país más de 3 millones de envíos por un valor total superior a USD 222 millones, lo que benefició a los consumidores al permitirles acceder a productos como indumentaria a precios internacionales.

Una de las reformas más mencionadas por las pequeñas y medianas empresas (pymes) fue la eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el CIBU, que anteriormente requerían trámites largos y costosos. La medida implementada en abril de 2025 automatizó el proceso de importación, reduciendo los tiempos de espera y facilitando la entrada de bienes de capital a las empresas. Esta reforma fue vista como un alivio para las pymes, ya que, en algunos casos, permitió reducir los costos de adquisición de maquinaria en un 85%.
En el ámbito de la fiscalidad, el gobierno ha defendido su postura de no prorrogar la vigencia del impuesto PAIS, a pesar de que la gestión anterior había incrementado su alícuota del 7,5% al 17,5%. Con la eliminación de ciertos controles y restricciones, se observó una disminución en los precios de los alimentos importados y bebidas, alcanzando una caída real de hasta el 10% en algunos productos.
En términos de transporte terrestre, se implementaron reformas en el Registro Único de Transporte Automotor, simplificando trámites y eliminando documentos redundantes que implicaban costos adicionales para los empresarios. También se aprobó la circulación de bitrenes, camiones articulados con dos semirremolques, con lo que se busca optimizar el transporte de cargas y mejorar la logística en el país.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de desregulación, que, según los funcionarios, tiene como objetivo reducir la burocracia estatal, aumentar la competitividad, generar empleo y, en definitiva, impulsar el crecimiento económico. El gobierno argumenta que estas reformas no solo beneficiarán a los grandes sectores productivos, sino también a la clase media y a los pequeños empresarios, al facilitarles el acceso a bienes y servicios más económicos y a mercados internacionales.
De acuerdo con el portal Infobae, los efectos de estas reformas aún están en análisis, pero las autoridades aseguran que en el mediano y largo plazo, se observarán resultados positivos en el desarrollo económico y social del país.