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La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM), que agrupa a entidades de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Colombia, presentó su documento de posicionamiento rumbo a la COP30, que se celebrará en Belén, Brasil.
El texto plantea una idea contundente: la agricultura no debe ser tratada como un problema ambiental, sino como una parte esencial de la solución climática global.
En un contexto donde las negociaciones internacionales sobre cambio climático cobran protagonismo y donde los países buscan equilibrar sus compromisos con la producción, la FARM busca dejar claro su papel estratégico. El documento sostiene que los sistemas productivos del Mercosur Ampliado no solo alimentan al mundo, sino que además capturan carbono, conservan biomas y promueven tecnologías de bajas emisiones.
Según informó TN Campo, la federación remarca que esa contribución debe ser reconocida de forma explícita por los organismos multilaterales y los países que participan en las negociaciones climáticas. “Los productores rurales somos parte de la acción climática”, subraya el texto.
Uno de los capítulos más enfáticos del documento aborda las Medidas Climáticas Relacionadas con el Comercio (TRCM), un tema que genera tensiones entre el Mercosur y algunos bloques económicos, especialmente la Unión Europea.
La FARM advierte que las regulaciones impulsadas por el Pacto Verde Europeo, el Reglamento de Deforestación (EUDR) y el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) pueden transformarse en barreras comerciales injustas, al no contemplar las particularidades de los sistemas productivos tropicales y subtropicales.
Estas medidas, sostiene el texto, pueden distorsionar los mercados, confundir a los consumidores y debilitar la competitividad de las exportaciones agropecuarias de la región.
El documento enfatiza que las políticas ambientales deben basarse en ciencia, transparencia y cooperación, evitando decisiones unilaterales que castiguen a los países en desarrollo. En la misma línea, pide que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) del Acuerdo de París se construyan junto al sector productivo.
Sin la participación del agro —alerta la FARM— los compromisos climáticos corren el riesgo de volverse “irreales o ineficaces”. Por eso propone ajustar las métricas que miden el aporte del sector, para reflejar de manera más fiel la captura de carbono y la eficiencia alcanzada por los productores del Mercosur.
La FARM apoya el Trabajo Conjunto sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria de Sharm el-Sheikh (SSJWA), un espacio multilateral que promueve el intercambio de experiencias en producción sostenible.
Allí, la región busca visibilizar políticas ya implementadas, como el Plan ABC+ de Brasil, el Sello de Triple Impacto en Argentina y los programas de producción de baja emisión desarrollados en Chile, Uruguay y Paraguay.
La organización alienta a los gobiernos a incorporar estos programas al portal oficial del SSJWA, lo que podría facilitar el acceso a financiamiento climático y fortalecer la presencia regional en los foros internacionales.
La consigna es clara: los productores deben ser protagonistas activos, no meros receptores de regulaciones.
En este sentido, la FARM insiste en que la agricultura tropical debe ser reconocida como modelo sostenible y aliada de la conservación. La realización de la COP30 en la Amazonía representa una oportunidad única para poner en valor esa visión y mostrar cómo la producción puede convivir con la preservación ambiental.
Otro de los ejes estratégicos del documento se centra en el financiamiento climático.
La FARM advierte que, sin recursos suficientes, la adopción de tecnologías limpias será limitada y los países de la región no podrán alcanzar sus metas de mitigación.
Por eso, respalda el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), que prevé un fondo de US$ 1,3 billones anuales hasta 2035, según el Roadmap Bakú–Belén.
Sin embargo, aclara que esos fondos deben llegar directamente a los productores rurales y estar guiados por criterios técnicos y verificables. De ese modo, se impulsaría una transición que no deje a nadie atrás, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados al trabajo decente, la equidad y la resiliencia institucional.
El texto también aborda el mercado de carbono, un tema clave para el agro regional. La FARM propone que la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París priorice la adaptación productiva y reconozca los aportes concretos del sector, especialmente en prácticas como la agricultura, ganadería y forestación integradas, el manejo conservacionista del suelo y la eficiencia hídrica.
A su vez, reclama indicadores específicos para la agricultura tropical, que permitan reflejar con precisión la captura y reducción de emisiones.
La federación insiste en que el camino hacia una economía baja en carbono debe ser gradual, inclusivo y científicamente sustentado.
La transición justa ocupa un lugar destacado en el documento.
La FARM subraya que los pequeños y medianos productores enfrentan mayores dificultades para acceder a créditos verdes o adoptar tecnologías sostenibles, por lo que requieren apoyo técnico y financiero.
El bloque rural advierte que las medidas unilaterales —como las que impulsa la UE— pueden agravar esa desigualdad, y propone reemplazarlas por acuerdos multilaterales con incentivos positivos.
La idea es construir un sistema de comercio internacional donde la sostenibilidad no sea un castigo, sino una oportunidad compartida.
El documento dedica un apartado especial a la agenda energética.
La FARM destaca la relevancia de la bioeconomía y los biocombustibles, en especial el etanol de caña, el etanol de maíz, el biodiesel de soja y los combustibles de aviación sostenibles (SAF).
Según la organización, el modelo agroenergético integrado del Mercosur demuestra que es posible producir alimentos y energía de forma complementaria y sostenible, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.
Asimismo, alienta a los productores a diversificar sus fuentes de ingreso mediante sistemas de generación eléctrica renovable, lo que podría incluso fortalecer la infraestructura energética regional.
En cuanto a la Amazonía, la FARM plantea que su conservación debe ir acompañada de incentivos económicos, regularización de tierras, crédito verde y pago por servicios ecosistémicos.
El documento sostiene que la región tiene potencial para convertirse en referencia mundial de agricultura sostenible, integrando los saberes locales con las cadenas globales de valor.
En su cierre, la FARM reafirma su compromiso con una agricultura sostenible, resiliente y competitiva, capaz de contribuir simultáneamente a la mitigación del cambio climático y a la seguridad alimentaria global.
La creación de la “Agrizone” —un espacio específico para la agricultura dentro de la COP30— se interpreta como un avance simbólico en esa dirección.
El texto concluye con una advertencia: las negociaciones climáticas no deben dividir a los países en desarrollados y en desarrollo, sino construir puentes que reconozcan la diversidad de modelos productivos.
En palabras del documento, “el campo no solo produce alimentos y energía: también captura carbono, conserva ecosistemas y sostiene comunidades rurales”.
Por eso, el Mercosur rural llega a Belén con un mensaje inequívoco: la agricultura no es el problema, sino la clave de la solución climática.
