Salta envió a la Legislatura un proyecto para reordenar su estructura ministerial y reforzar la gestión

El Gobierno de Salta remitió a la Legislatura provincial, este martes, el proyecto de ley que redefine la estructura administrativa del Ejecutivo, con el objetivo de optimizar funciones, mejorar la coordinación interna y adecuar la organización estatal a las prioridades de gestión. La iniciativa propone una estructura integrada por ocho Ministerios, una Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Gobernación, en un intento por ordenar competencias, evitar superposiciones y agilizar la toma de decisiones en áreas estratégicas para la provincia.

Según fuentes oficiales, el rediseño fue impulsado por la necesidad de modernizar la administración pública y adecuarla a desafíos crecientes en materia de seguridad, justicia, producción y desarrollo territorial. El proyecto será analizado en las próximas sesiones legislativas, donde el Ejecutivo espera obtener aval para iniciar la reconfiguración antes del próximo año.

Uno de los cambios centrales del esquema es la incorporación de las competencias vinculadas a Justicia dentro del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, una decisión pensada para unificar criterios en políticas institucionales y fortalecer los mecanismos de articulación entre las áreas políticas y administrativas del Estado. Esta modificación implica que el Ministerio de Seguridad dejará de tener bajo su órbita los asuntos judiciales para concentrarse exclusivamente en la seguridad y la prevención del delito, una de las prioridades marcadas por la gestión provincial.

Desde el Ejecutivo explicaron que esta reasignación busca “ordenar procesos y mejorar la respuesta del Estado ante situaciones que requieren intervención simultánea de áreas vinculadas a derechos ciudadanos, conflictos laborales y articulación institucional”. Aunque el Gobierno no difundió aún declaraciones específicas sobre el punto, fuentes cercanas al gabinete indicaron que la decisión apunta a “ganar eficiencia y evitar la dispersión de responsabilidades” en un área que demanda coordinación permanente.

Otro eje relevante del proyecto es la transformación del Ministerio de Producción, que pasará a denominarse Ministerio de Producción y Minería. Esta modificación responde al peso creciente de la actividad minera en la economía provincial, especialmente por el desarrollo de proyectos vinculados al litio y otros recursos estratégicos del noroeste argentino. La provincia busca acompañar este proceso de expansión con una estructura estatal preparada para gestionar inversiones, fomentar la actividad y asegurar controles ambientales y productivos ajustados a estándares nacionales e internacionales.

El Gobierno sostiene que la minería se consolidó en los últimos años como un sector “decisivo para la diversificación económica” y que la incorporación formal de esta área dentro del Ministerio de Producción permitirá “profundizar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible del sector”. La nueva estructura estará acompañada, según adelantaron, por instrumentos de planificación y estrategias de articulación con municipios, organismos de control y empresas radicadas en la provincia.

La reorganización también contempla una revisión general del funcionamiento de los ministerios existentes, con el objetivo de evitar duplicación de funciones y fortalecer áreas clave vinculadas al desarrollo económico, la infraestructura social y la modernización del Estado. Aunque el proyecto no introduce cambios masivos en todas las carteras, sí propone ajustes internos y reordenamiento de competencias que, según el Ejecutivo, permitirán un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

En la Legislatura esperan que el tratamiento del proyecto genere debate, especialmente en lo referido a la concentración de funciones y al papel que asumirán las áreas incorporadas dentro del Ministerio de Gobierno. La unificación de la temática de Justicia en esa cartera podría abrir discusiones sobre autonomía, gestión de conflictos y articulación con organismos judiciales, aunque el Gobierno asegura que la propuesta no altera la independencia de poderes ni los marcos institucionales vigentes.

El reordenamiento se da en un contexto en el que varias provincias iniciaron procesos de ajuste y reestructuración de sus gabinetes para reducir gastos administrativos y mejorar el desempeño estatal. En el caso de Salta, el Ejecutivo afirma que la iniciativa no implica necesariamente un recorte de personal, sino una reorganización funcional que permitirá redefinir prioridades de acción y mejorar los tiempos de respuesta en áreas sensibles.

La Jefatura de Gabinete mantendrá un rol central en la coordinación entre ministerios, especialmente en lo referido a planeamiento estratégico y supervisión de políticas públicas. Por su parte, la Secretaría General de la Gobernación seguirá funcionando como puente administrativo y político entre el gobernador y las distintas áreas estatales.

Analistas locales señalan que la inclusión explícita de la minería dentro de la estructura ministerial responde no solo al crecimiento del sector, sino a la necesidad de reforzar controles, normativas y capacidades técnicas en una actividad en expansión. En los últimos años, el desarrollo del litio en la región de la Puna impulsó inversiones privadas, acuerdos provinciales y proyectos de infraestructura que requieren un mayor nivel de planificación estatal.

Para el Gobierno, el desafío será lograr que la nueva estructura no solo ordene el funcionamiento interno, sino que también permita implementar políticas más efectivas en un contexto económico complejo. La modernización administrativa aparece como uno de los pilares de la gestión, y el envío del proyecto a la Legislatura constituye el primer paso para poner en marcha un diseño de gobierno más compacto, especializado y orientado a resultados.

En los próximos días se espera que ingresen a comisiones los detalles del proyecto y que las distintas fuerzas políticas expresen su postura sobre los cambios propuestos. Una vez aprobado, comenzará una etapa de implementación que incluirá ajustes internos, reasignación de funciones y la definición del nuevo organigrama oficial.

Aunque la iniciativa no introduce cambios de magnitud en todas las áreas, sí representa una señal clara de la intención del Ejecutivo de reorganizar la administración pública de manera integral. La consolidación de la minería como área estratégica, la unificación de competencias de Justicia y el fortalecimiento de la coordinación interna son los ejes de un rediseño que busca dotar al Estado provincial de mayor capacidad de respuesta ante los desafíos actuales.