Por Agroempresario.com
Salvador, expuso en el III Congreso Federal “Argentina Agrega Valor en Origen / Cumbre Mundial de la Bioeconomía”, organizado por Agroempresario.com y realizado el pasado 25 de agosto en el Hilton Hotel de Puerto Madero, sobre la relevancia de las economías regionales y la necesidad de promover el agregado de valor para generar empleo y eficiencia productiva en el país.
El encuentro reunió a referentes del sector agroindustrial, económico y tecnológico, consolidándose como un espacio estratégico para debatir políticas de desarrollo, inversión en economías regionales y modernización de las Pymes agropecuarias, con especial énfasis en la articulación entre campo e industria.
Femenía explicó que su trayectoria profesional comenzó en la década del 80, trabajando como contador en empresas agropecuarias. “Si sos contador de pequeñas Pymes, necesariamente debés involucrarte en la gestión de este tipo de empresas”, afirmó.
Actualmente ocupa cargos relevantes en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), presidiendo su Cámara de Moreno, y ejerce la representación de economías regionales desde 2009, trabajando con más de 400 entidades del agro y 30 complejos productivos en todo el país. Acompañado por Eduardo Rodríguez, director de Economías Regionales de CAME, y Jorge Pasos, miembro de la Comisión, Femenía destacó el papel de CAME en el fortalecimiento de las Pymes y la generación de empleo.
Según Femenía, las economías regionales representan el 63% de la producción agropecuaria nacional y emplean aproximadamente el 70% de la mano de obra del sector rural, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2018. Esta actividad económica intensiva combina producción primaria y agroindustrial, con un fuerte anclaje territorial y generación de valor local.
“Este sector requiere mano de obra intensiva, permanente y temporaria, y aprovecha materias primas locales en distintos niveles de agregado de valor”, explicó, destacando la importancia de su estructura compuesta por Mipymes agropecuarias, industriales y clusters productivos, según un relevamiento de CAME en 2020.
Femenía relató que en 2021 se detectó un problema de empleabilidad temporal, especialmente en la cosecha de frutas, debido a la percepción de que los trabajadores perderían beneficios sociales al incorporarse al empleo formal.
En colaboración con la senadora Norma del Valle Jiménez, se impulsó un proyecto que permitió la compatibilidad laboral entre planes sociales y empleo registrado, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que posteriormente se amplió para incluir la Tarjeta Alimentar. Esta medida busca garantizar mano de obra suficiente para productores, fomentar la registración formal y asegurar el pago de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.
Femenía señaló que, según el proyecto de régimen de promoción de Pymes de economías regionales, se entiende por economías regionales a las actividades económicas realizadas por personas humanas o jurídicas constituidas en Argentina, dedicadas a la producción primaria o agroindustrial.
Estas actividades se caracterizan por su anclaje territorial y relevancia económica local, el uso intensivo de mano de obra permanente o temporaria, el aprovechamiento de materias primas locales en distintos niveles de agregado de valor, y la articulación de cadenas de valor conformadas mayoritariamente por Mipymes, agropecuarias, industriales y clusters productivos.
“Estas economías invierten 4.200 millones de dólares en capital de trabajo, sin considerar amortización, y generan exportaciones por 8.700 millones de dólares anuales”, precisó Femenía, resaltando la importancia de agregar valor en origen para fortalecer el mercado interno y la competitividad internacional.
Femenía enfatizó que el gran desafío de las economías regionales es lograr que sus productos primarios —como tabaco, algodón y alimentos— incorporen valor agregado. Esto no solo permite mejorar la calidad de lo que llega a la mesa de los argentinos, sino también generar sinergias entre campo e industria.
“Los mercados globales demandan producción eficiente, con estándares de calidad y controles estrictos, y esto se convierte en una barrera para la exportación si no incorporamos valor agregado”, advirtió.
En este contexto, CAME impulsa un sello de triple impacto, destinado a empresas agropecuarias e industriales, para certificar gestión social, ambiental y sustentable, promoviendo modernización y competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
Femenía destacó que el sello de triple impacto es económico y accesible, con respaldo de asociaciones certificadoras de primer nivel. Su objetivo es dotar a las economías regionales de mayor calidad y reconocimiento, garantizando que sus productos cumplan con los más altos estándares de demanda interna y externa.
“La certificación permite validar cumplimiento en mejora continua, gestión social, ambiental y sustentable”, explicó, reforzando la idea de que la sustentabilidad y la innovación son herramientas estratégicas para fortalecer el sector.
Femenía subrayó que las economías regionales enfrentan desafíos similares a los del resto de las empresas, especialmente en materia laboral y tributaria. Propuso una reforma laboral que contemple la reducción de cargas patronales y la actualización del mínimo no imponible. También sugirió una reforma tributaria que reduzca impuestos y mejore la eficiencia en la recaudación, un costo energético diferencial con tarifas preferenciales de gas y electricidad para producciones electrodependientes, un IVA reducido del 10,5% para ciertos servicios, y la reducción de la presión tributaria —especialmente de Ingresos Brutos— que impacta directamente en el precio final.
Estas medidas, explicó, buscan generar mayor eficiencia y competitividad, facilitando la inversión y la formalización del empleo.
CAME desarrolló el Índice de Origen y Destino, una herramienta que permite trazar cuánto recibe el productor y cuánto llega al consumidor final, identificando la intervención de intermediarios y el impacto de la carga tributaria en cada eslabón de la cadena.
“El índice evidencia cómo impuestos sucesivos encarecen los productos, y permite proponer soluciones para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las economías regionales”, explicó Femenía.
Otro desafío destacado fue el acceso al financiamiento, proponiendo una reforma del sistema financiero para reducir el costo de intermediación y facilitar crédito a Pymes y productores regionales. Esto permitiría mayor inversión en capital de trabajo, innovación y agregado de valor, fortaleciendo la competitividad del sector.
Femenía cerró su exposición destacando que el futuro de las economías regionales depende de promover el agregado de valor en productos primarios, lograr mayor eficiencia en producción y cadena productiva, garantizar empleo formal y generación de riqueza, e incorporar sustentabilidad, innovación y certificación como herramientas estratégicas.
“Si logramos que el mercado reconozca el valor de las economías regionales, estamos fortaleciendo no solo la producción y el empleo, sino también el desarrollo económico integral de Argentina”, concluyó.
Las economías regionales representan el 63% de la producción agropecuaria nacional y emplean al 70% de la mano de obra rural. Están integradas por más de 400 entidades del agro y 30 complejos productivos, con una inversión en capital de trabajo de 4.200 millones de dólares y exportaciones anuales que alcanzan los 8.700 millones de dólares.
Presentan una fuerte presencia de Mipymes, clusters productivos y empresas familiares, y avanzan hacia un modelo de gestión social, ambiental y sustentable mediante el sello de triple impacto.
Estos datos reflejan la magnitud y relevancia de las economías regionales como motor de desarrollo productivo y social en Argentina.